Brasil como los cangrejos frente al medio ambiente

El alerta figura en un documento que será presentado al gobierno brasileño y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas

El primer año de mandato de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se caracterizó por «el mayor retroceso de la agenda socioambiental desde el final de la dictadura militar», revirtiendo una tendencia sostenida desde 1998, denunciaron organizaciones sociales.

El alerta figura en un documento que será presentado al gobierno brasileño y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, junto a una carta firmada por 39 organizaciones ecologistas.

«Es una situación lamentable», dijo a IPS el activista Mario Mantovani, de la entidad SOS Mata Atlȃntica, en un aparte de la conferencia de prensa sostenida este miércoles 28 con corresponsales de la prensa extranjera.

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«Vivíamos un crecimiento de las cuestiones ambientales desde el fin de la dictadura (1964-1985), y lo que vemos ahora es que este gobierno puso este tema como moneda de cambio, lo que es muy malo, porque se cambia por cosas con una importancia política momentánea», dijo Mantovani, en alusión a acuerdos con partidos de oposición.

«Brasil entró de nuevo en aquella cosa del 1700, cuando era abastecedor de materias primas, ahora con tecnología», destacó en referencia a productos «altamente concentradores de tierra» que degradan el ambiente.

Mantovani se refirió al retroceso de «grandes conquistas», como la función social de la tierra, que se había conseguido gracias a poner coto a las grandes haciendas en pocas manos, un fenómeno «que excluye y que mata».

«Es un retroceso impensable cuando viene de un gobierno que fue producto de la reacción de la sociedad», subrayó al referirse al gobernante Partido de los Trabajadores (PT), que llegó al gobierno en enero de 2003 de la mano de Luiz Inácio Lula da Silva y permanece con Rousseff, investida en enero de 2011.

Las organizaciones, responsables del documento «Retrocesos del gobierno de Dilma en la Agenda Socioambiental», recordaron que los logros de las últimas dos décadas permitieron que Brasil fuese el primer país en desarrollo en presentar metas de reducción de crecimiento de las emisiones de carbono, lo que a su vez contribuyó a ubicarlo como un líder ambiental en el mundo.

Pero, al contrario de lo prometido por Roussef, esta vez no solo no se avanzó, sino que se retrocedió. Además «tenemos importantes señales de que la agenda futura socioambiental será de ‘descontrucción’ de lo realizado en los últimos 20 o 30 años», dijo a IPS el activista Bazileu Margarido, del Instituto Democracia y Sustentabilidad. La advertencia tiene que ver con el proyecto de reforma al Código Forestal, en discusión en el Congreso legislativo, que debilita la protección de las selvas y concede una amplia amnistía a la deforestación irregular registrada hasta julio de 2008.

En caso de aprobarse, se «instaurará una impunidad que estimulará el aumento de la deforestación, además de reducir las reservas legales y las áreas de protección permanente en todo el país», sostuvo Margarido. Los ecologistas recuerdan que en los gobiernos anteriores hubo intentos de reducir los mecanismos legales de protección a las florestas y al ambiente, cuya «mayor parte fue impedida por el Poder Ejecutivo debido a la fuerte reacción de la sociedad».

Hoy, en cambio, el gobierno es «cómplice u omiso» en el «desarme» de la legislación protectora, dijeron.

El gobierno aseguró que el índice de deforestación de la Amazonia cayó 11,7 por ciento entre agosto de 2010 y julio de 2011, alcanzando el nivel de tala más bajo registrado por tercer año consecutivo.

Este porcentaje equivale, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, a un área talada estimada en 6.238 kilómetros cuadrados de selva, y constituye el menor índice de deforestación en este país desde el comienzo del control satelital en 1988.

Nilo D’Avila, coordinador de políticas públicas de la filial de Greenpeace en Brasil, destacó que, precisamente, ese avance se dio con el Código Forestal vigente –que ahora se quiere ablandar– cuyas penas incluyen multas por deforestación que imposibilitan el acceso al crédito de los productores rurales infractores.

«Políticas como esas son las que han producido resultados», señaló Brenda Brito, de Imazon, al mencionar el caso de los frigoríficos «forzados» a no comprar carne de ganado criado en reservas ambientales que fueron deforestadas.

El documento se refiere también a la interrupción del proceso de creación de unidades de conservación, un sistema legal de protección de ecosistemas. En la Amazonia se «excluyeron 86.000 hectáreas de siete unidades de conservación para cuatro grandes proyectos hidroeléctricos», ilustró Margarido. «El gobierno de Rousseff es el primero que no solo no crea nuevas áreas de protección ambiental, sino que las redujo», destacó Raul Silva Telles do Valle, del Instituto Socioambiental. Otra crítica se dirige a la «fragilidad» de los organismos ambientales del Estado, que hizo decaer el poder de control y facilitó la entrega de licencias, por ejemplo en el caso de Belo Monte, una central hidroeléctrica que comenzó a construirse en la Amazonia.

«Belo Monte destruyó las reglas, las condicionantes ambientales y a las poblaciones indígenas afectadas», enfatizó Do Valle al alertar que, además, se construirán en la Amazonia otras 170 hidroeléctricas, más de 60 de gran tamaño y sin la suficiente «evaluación estratégica».

El conjunto de esas obras provocará más deforestación, asociada a la emigración y a la especulación agraria. «También alterará el régimen hidrológico de la región y afectará de forma irreversible a las poblaciones indígenas y comunidades laborales» del lugar, afirma el documento.

En el texto se menciona el congelamiento de los reconocimientos de tierras indígenas y «quilombolas» (habitadas por descendientes de esclavos africanos).

Asimismo se alerta sobre otros proyectos de alteración de la legislación ambiental, en discusión en el parlamento, como el que dificultará la creación de nuevas unidades de conservación y homologación de tierras indígenas, el que «fragiliza» el bioma de la Mata Atlȃntica, un bosque de toda la costa brasileña sobre el océano Atlántico, que solo conserva siete por ciento de su extensión original.

Otras acciones legales podrían permitir la plantación de caña de azúcar en la Amazonia y en otro bioma importante, el Pantanal, o autorizar actividades de minería en áreas indígenas, de acuerdo con los ecologistas. El mensaje parece ser que, «en nombre del desarrollo, vamos a facilitar los emprendimientos de uso intensivo de recursos naturales», opinó Do Valle.

Desde la última etapa del gobierno de Lula, «vemos un gobierno desarrollista que observa las condiciones ambientales como una traba a ser eliminada», añadió.

Otros retrocesos están vinculados a la «lentitud en el saneamiento» por una disminución considerable de inversiones.

Apenas 44,5 por ciento de los 198 millones de brasileños tienen servicios cloacales y, del material recolectado, una proporción muy baja recibe tratamiento, «lo que significa que más de 80 por ciento de las aguas servidas en este país van a parar a la naturaleza».

La regularización de la propiedad agraria habría tenido, según los ecologistas, «el peor desempeño» en cuanto a distribución de predios de la reforma agraria desde 1985 y el menor presupuesto para ejecutarla.

Frente a la lista de lo que consideran retrocesos las organizaciones llamaron a la presidenta a cumplir los compromisos ambientales asumidos en su campaña.

«Solo una acción fuerte de ese tipo evitará graves prejuicios para la sociedad brasileña y que Brasil viva el vejamen de ser al mismo tiempo anfitrión y villano de Río+20», concluye el documento.

Este país alberga casi 12 por ciento de la biodiversidad del planeta, con cuatro de los biomas más ricos del mundo, entre ellos la Amazonia.

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