El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil ha recomendado oficialmente a ocho entidades financieras rescindir inmediatamente cualquier contrato otorgado a través del sistema de crédito rural a propiedades ubicadas dentro de bosques públicos, tierras indígenas y unidades de conservación en la Amazonia. Esta decisión viene como consecuencia de la publicación del informe de la organización ecologista, “Extinción de la financiación: bancos e inversores como socios en la deforestación”, donde se pone de manifiesto que los créditos rurales -un elemento clave de la política agrícola de Brasil- han estado financiando miles de propiedades rurales que están impulsando la deforestación ilegal, el acaparamiento de tierras de territorios indígenas y otras actividades irregulares. Los hallazgos fueron presentados formalmente por la organización ecologista en una petición legal al grupo de trabajo sobre Amazonía del Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil en abril de este año.
El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil ha afirmado que el desarrollo de actividades agrícolas en bosques públicos constituía un delito de invasión de tierras públicas y que la responsabilidad de ello era conjunta y compartida por los bancos involucrados. El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil dijo que el financiamiento de actividades y empresas ubicadas en tierras indígenas, unidades de conservación y bosques públicos no designados es irregular y debe cancelarse “como medio para corregir mínimamente la situación y evitar la continuación del daño socioambiental en áreas constitucionalmente protegidas”.
“Nuestra investigación puso de relieve los escandalosos fallos en el procedimiento de diligencia debida por parte de los bancos en Brasil. La Fiscalía ha dejado ahora claro que los bancos deben asumir la responsabilidad de sus acciones y dejar de financiar propiedades que no cumplan la normativa medioambiental. Este es un paso positivo y esperamos que los bancos en cuestión tomen las medidas necesarias en este caso específico, pero también que el sistema bancario en general deje de financiar los miles de otros casos en los que se financia a empresas para destruir la selva amazónica”, ha declarado Thaís Bannwart, portavoz de la organización ecologista.
El Banco de Santander financia el ‘expolio’ de tierras indígenas de la Amazonia
Entre las instituciones financieras sujetas a las recomendaciones del Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil se encuentran el mayor proveedor de crédito rural, el Banco do Brasil, y el Banco Santander, con sede en España. Los otros bancos son bancos públicos y privados de Brasil: Banco Do Amazonia, Banco De Lage Landen Brasil (DLL es una filial de propiedad total de Rabobank, con sede en los Países Bajos), Banco Sicredi, Bradesco, Caixa Económica Federal e Itaú. Una vez informados de estas recomendaciones, los bancos están legalmente obligados a responder en un plazo de 30 días para confirmar si cumplirán con la recomendación de rescindir los contratos, junto con un cronograma de las acciones propuestas. Después de esto, el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil tomará una decisión sobre los próximos pasos, que podrían ser acciones legales, penales o civiles.
Según el informe de la organización ecologista, se descubrió que la filial de Rabobank en Brasil, Banco de Lage Landen Brasil, había otorgado crédito rural a una propiedad en particular que ha talado más de 300 hectáreas de bosque desde 2014, con evidencia de que se talaron áreas adicionales durante 2023 usando fuego deliberada e ilegalmente. Ibama, la agencia ambiental brasileña, había impuesto previamente un embargo sobre tierras dentro de la propiedad en 2012 debido a la tala de bosques no autorizada. Rabobank también había otorgado crédito en otro caso en el que la propiedad taló bosque ilegalmente entre 2008 y 2022. Rabobank afirma que no otorga crédito a empresas o personas involucradas en la deforestación no autorizada después de enero de 2005.
Durante los años 2021 y 2022, el Banco Santander otorgó créditos a una propiedad en la que se habían talado, ilegalmente, 250 hectáreas de bosque en 2020 y 2021. Esta entidad financiera presume de proteger la Amazonia brasileña, luchar contra la deforestación y promover el desarrollo sostenible.
En este sentido, durante la Junta General de Accionistas del Banco Santander, celebrada el pasado 22 de marzo, un portavoz de la organización ecologista interpeló a su presidenta, Ana Patricia Botín, en relación a la política de la entidad respecto a las empresas implicadas en la deforestación de la Amazonia y el Cerrado en Brasil. La organización ecologista preguntó si los responsables del banco están dispuestos a defender públicamente que la Unión Europea debe introducir obligaciones específicas para las instituciones financieras con el fin de garantizar que sus flujos financieros no contribuyan, directa o indirectamente, a la conversión y degradación de los ecosistemas ni a la violación de los derechos humanos. La organización ecologista pidió a la presidenta apoyo para que la Unión Europea incluya al sector financiero dentro de los sectores afectados por la Ley de Deforestación, aprobada en 2023. La respuesta de la presidenta Ana Botín fue evasiva y no contestó a las preguntas.
“Los bancos con sede en Europa que continúan operando crédito rural en Brasil, como el Banco Santander, deberían seguir la recomendación del Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil y cancelar sus operaciones con propiedades que tengan irregularidades socioambientales, incluidas violaciones de los derechos ambientales constitucionales brasileños. Esta situación también muestra por qué es de vital importancia que la Comisión Europea revise el papel de las finanzas en la deforestación y la degradación forestal en el ámbito de la regulación de deforestación de la UE”, ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de la organización ecologista.
