La “deforestación” según la Unión Europea, se define como la conversión del bosque a uso agrícola, ya sea inducida por el hombre o no, lo que incluye situaciones causadas por desastres naturales. La evaluación de si el producto ha contribuido a la deforestación se lleva a cabo mirando hacia atrás en el tiempo para ver si la tierra de cultivo era un “bosque” en algún momento desde la fecha especificada en el Reglamento (31 de diciembre de 2020).
Un bosque que haya sufrido un incendio y luego se haya convertido en tierra agrícola (después de la fecha límite) se consideraría deforestación según el Reglamento.
En este caso específico, a un operador se le prohibiría abastecerse de productos básicos dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de esa zona (pero no a causa del incendio forestal). Por el contrario, si se permite que el bosque afectado se regenere, no se consideraría deforestación y un operador podría obtener madera de ese bosque una vez que haya vuelto a crecer.
Basándose en estas y otras muchas consideraciones, la Unión Europea califica a sus países proveedores de algún tipo de producto en cuanto al riesgo de desforestación que sufre, una distinción que puede ser tan benefactora como nefasta para las naciones que pretendan seguir proveyendo a Europa.
Brasil defiende su lucha contra la deforestación y los buenos resultados obtenidos
El Gobierno brasileño ha expresado su “preocupación” por la calificación de «riesgo medio» en materia de deforestación que la Comisión Europea le da dado al país y ha reiterado su crítica a una nueva legislación medioambiental aprobada en el bloque comunitario.
La nueva clasificación fue aprobada este jueves por la Comisión Europea, que excluyó a los países de América Latina de la categoría de «alto riesgo», pero en el caso de Brasil lo ubicó en lo que denomina como «riesgo medio«.
En una nota oficial, la cancillería brasileña ha subrayado este viernes que ha recibido «con preocupación» esa calificación y reitera su «posición crítica al respecto de la ley contra la deforestación europea«, que debe entrar en vigor el 30 de diciembre de este año.
Esa nueva legislación establecerá sanciones para productos como el ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera, el caucho, derivados como cuero, chocolate o muebles, que procedan de países que no cumplen con ciertos requisitos para impedir la deforestación ilegal.
Según el Gobierno brasileño, esa normativa «constituye una medida unilateral y discriminatoria, e ignora los esfuerzos nacionales y multilaterales para la preservación de áreas forestales y el enfrentamiento al cambio climático«.
Asimismo, sostiene que «la medida no es proporcional a los países que practican la agricultura tropical de manera responsable y sustentable como Brasil, con impactos aún mayores sobre los productores de menor escala».
La cancillería brasileña también mantiene que «es motivo de extrañeza que la gran mayoría de los países que detentan y preservan las mayores áreas de selvas del mundo sean clasificados en una categoría de riesgo superior a la de aquellos que practican la agricultura en climas templados«. EFE / ECOticias.com
