Tras más de un año de estudios técnicos y mesas de trabajo con comunidades, académicos, entes territoriales, organizaciones ambientales e instituciones del Sistema Nacional Ambiental, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible puso en consulta pública el proyecto de resolución para establecer los lineamientos de ordenamiento ambiental en la Sabana de Bogotá hasta el 14 de marzo.
La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, resaltó la importancia de este proyecto que permite armonizar el desarrollo con la conservación de la biodiversidad de la región, ordenar el territorio alrededor del agua y guiar su transición y adaptación climática.
Este proyecto destaca la urgencia de proteger cinco áreas de especial importancia ambiental en la Sabana de Bogotá: zonas de recarga de acuíferos, bosques naturales andinos, bosques secos subxerofíticos, humedales y áreas de amenazas naturales. Las medidas de ordenamiento aplicarían para Bogotá, 35 municipios de Cundinamarca y 4 del Meta, beneficiando a más de 10 millones de habitantes.
La Sabana de Bogotá
El 28 de febrero, poco antes de dejar el cargo como ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad, que también presidió la COP16 hizo público un proyecto de resolución donde se fijan los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá y destaca esta región como área de interés ecológico nacional, lo que impone medidas para su protección.
El objetivo es garantizar su integridad ambiental y guiar su transición y adaptación al cambio climático, mientras se tiene como eje central la planeación alrededor del agua. El Ministerio fijó el 14 de marzo como plazo para que cualquier ciudadano haga comentarios a dicho proyecto.
Sin embargo, el gobernador del departamento de Cundinamarca y los alcaldes de varios de los 43 municipios que integran la sabana, incluido el alcalde de Bogotá, se manifestaron públicamente en contra de lo planteado en el documento, argumentando que de aprobarse, se estaría vulnerando la autonomía de los municipios y se estaría poniendo en riesgo sectores agropecuarios como la producción de flores (Colombia es el segundo productor a nivel mundial) y la realización de proyectos de infraestructura, entre ellos los de vivienda.
“Esto es un nuevo ataque del Gobierno Nacional a la autonomía territorial, es una nueva violación a la ley, a la Constitución de Colombia y la jurisprudencia de la Corte Constitucional”, afirmó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien además le pidió al Gobierno Nacional retirar el proyecto porque “dejaría en el limbo proyectos en Bogotá”.
A pesar de la reacción de los mandatarios locales, el proyecto para ordenar ambientalmente a la Sabana de Bogotá era una tarea pendiente desde 1993, cuando se creó la ley que dio origen al Ministerio de Ambiente y al Sistema Nacional Ambiental (SINA).
Uno de los artículos de esa ley indica que los municipios y el Distrito Capital expedirán la reglamentación de los usos del suelo, teniendo en cuenta las disposiciones que a nivel nacional expida el Ministerio del Medio Ambiente. Esas disposiciones son, precisamente, el vacío que pretende llenar el proyecto propuesto a finales de febrero.
Elementos de la discordia
El ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá propuesto por el Ministerio de Ambiente se estructura en torno a cuatro ejes. El primero se define como Áreas de Importancia Ecológica Especial, donde se encuentran los lineamientos para la protección y manejo de ecosistemas específicos como las zonas de recarga de acuíferos, los bosques andinos y bosques secos, los humedales y las áreas susceptibles a amenazas naturales.
El segundo eje son las áreas rurales, donde se priorizan las prácticas agrícolas y forestales sostenibles que promuevan la conservación del suelo y el agua, la biodiversidad y que eviten los cambios en el uso del suelo. En tercer lugar están las áreas urbanas. Aquí los lineamientos se enfocan en fomentar la biodiversidad urbana, mejorar los servicios ecosistémicos e incorporar infraestructura verde en el diseño de los municipios.
Finalmente, el proyecto busca dar pautas en torno a las áreas compatibles con la minería, para que consideren la protección de las fuentes de agua, humedales y bosques durante y después de las actividades mineras, además de hacer énfasis en la restauración ambiental.
La exministra Muhamad defiende el proyecto y asegura que ocho de las nueve cuencas de la sabana están en riesgo de agotamiento y Bogotá lleva un año en racionamiento de agua.
“La resolución ambiental para la Sabana de Bogotá ordena a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) iniciar la recuperación del agua, restaurar ecosistemas estratégicos y priorizar el reuso”, dice Muhamad. “No es una opción, es una obligación que debió cumplirse hace 30 años. La crisis hídrica es real y seguirá agravándose si no tomamos medidas estructurales ahora”, afirma la ministra saliente.
A pesar de esto varios mandatarios locales, en vocería del alcalde de Bogotá, han pedido que se retire el proyecto de resolución porque, según dicen, tiene implicaciones negativas para el desarrollo de planes estratégicos para la vivienda, la protección del ambiente, el acceso a la energía y la garantía del agua para la capital y los municipios cercanos.
Intereses espurios
El alcalde también dice que es ilegal porque incumple el Acuerdo de Escazú que establece las reglas para definir procesos ambientales y porque no se construyó en coordinación con las autoridades locales.
“Pedimos que sea retirado y que se inicie nuevamente el proceso de construcción, estamos de acuerdo con avanzar en decisiones que nos permitan reducir el riesgo de afectación al medio ambiente, que el desarrollo sea adecuado, que respete la estructura ecológica principal”, sostiene Galán. “Estamos totalmente de acuerdo con eso y es la apuesta de Bogotá, pero eso se hace construyéndolo colectivamente y no con una visión unilateral como lo plantea el Gobierno Nacional”, aseguró el alcalde.
Por su parte, Gustavo Carrión, director de Ordenamiento Ambiental Territorial del Ministerio de Ambiente, comenta que la regulación de los usos del suelo le corresponde a los municipios, pero esta regulación debe considerar las leyes, políticas y directrices que se establezcan a nivel nacional.
En entrevista con Noticias Caracol, Galán también dijo que el documento plantea “convertir en humedales” a los embalses que surten de agua a la capital colombiana y aunque cree que eso no es impedimento para el aprovechamiento del agua, sí podría poner restricciones a las labores de mantenimiento y obras de adecuación. “No hay claridad y se genera mucha incertidumbre en torno a los embalses”, dijo el alcalde de Bogotá, quien desde abril de 2024 ha dividido la ciudad en nueve sectores que tienen cortes de agua cada nueve días.
El racionamiento en la capital colombiana es una medida de contingencia ante la disminución del agua en las represas, la cual está asociada a una reducción en las lluvias desde finales de 2023, un aumento en la demanda de agua en Bogotá y los municipios que forman parte de su área metropolitana, y la falta de un proyecto que permita ampliar la oferta actual del servicio.
El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez, quien participó en la formulación de la ley 99 de 1993 donde se pide ordenar ambientalmente la Sabana de Bogotá, dijo que eran vergonzosas las declaraciones del alcalde Galán porque ignora que la Convención Ramsar sobre humedales, ratificada por Colombia, define a los humedales como “las extensiones de marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial”.
Contrario a la opinión del mandatario de la capital, Rodríguez asegura que incorporar a los embalses en la resolución implica que los municipios en donde se ubican, y los acueductos que se proveen de sus aguas, deben velar por su integridad y proteger las cuencas hidrográficas de las que se alimentan los embalses.
“Es, en suma, un lineamiento altamente positivo, toda vez que la Alcaldía y el Acueducto de Bogotá no hacen la debida protección del Páramo de Chingaza, en donde se ubica el embalse de Chuza”, afirmó. Sumó, además, la importancia del nacimiento y las riberas del Río Bogotá, de donde también procede parte del agua potable de Bogotá y de los municipios de la sabana.
La exministra Muhamad pone el tema de los cortes de agua en Bogotá como un ejemplo de la necesidad de ordenar ambientalmente la sabana. “Bogotá lleva un año en racionamiento, pero el modelo de desarrollo sigue sin cambiar. No es agua o desarrollo, es planificación con criterios ambientales” y agrega que “la resolución establece lineamientos clave para proteger zonas de recarga de acuíferos, mejorar el uso del agua y evitar que sigamos expandiéndonos sin límites mientras la crisis hídrica avanza. Ordenar el territorio alrededor del agua no es una opción, es una necesidad”.
Nadie sabe qué es lo que pasará
A las fuertes críticas de los alcaldes se sumaron las de la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol). El gremio empresarial aseveró que la actual oferta de vivienda en la Sabana de Bogotá se vería seriamente afectada porque podrían no ejecutarse proyectos para 360 000 hogares, de los cuales 234 000 serían beneficiarios de viviendas de interés social, destinadas a las familias con menores recursos.
Según Camacol, el proyecto del Ministerio de Ambiente bloquea 2983 hectáreas de suelos en los que se proyectaban construcciones. “Esto, desde luego, tendrá efectos muy negativos en materia de empleo y actividad económica, pero sobre todo congela un volumen de proyectos equivalente a seis años de producción de vivienda”, dijo Edwin Chiriví, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca.
“Me impresiona mucho que, 31 años después, encontramos exactamente los mismos argumentos de 1993: que se va a detener el desarrollo de Bogotá, que no se va a poder construir vías en la ciudad, que no se van a poder construir viviendas porque no dan lugares en donde construirlas. Eso no es cierto”, dice el exministro Rodríguez.
El Ministerio de Ambiente insiste en que sí hay sitios para construir, pero que es necesario tener claro cuáles son los adecuados para hacerlo y cuáles no. Además afirma que, en caso de aprobarse, el proyecto de ordenamiento no tendrá efectos sobre los proyectos, obras o actividades que fueron aprobadas previamente o que estén actualmente en ejecución.
Para Sabina Rodríguez, abogada experta en temas ambientales, es importante tener claro que, en términos jurídicos, este tipo de resoluciones rigen a partir de su expedición en adelante. “Si tuvieran un efecto retroactivo, es decir, efecto sobre decisiones en el pasado, eso debe ponerse expresamente en la norma”.
Como consecuencia de las dudas y las críticas al proyecto, la Justicia colombiana tuvo que actuar como mediadora. Luego de una audiencia en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde estuvo el Ministerio de Ambiente, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá y ciudadanos interesados, el Ministerio decidió ampliar el plazo de consulta pública para el proyecto hasta el 28 de abril. También se ordenó la realización de mesas de diálogo en las que se incluyan tanto entidades públicas como privadas y comunidad en general. Antonio José Paz Cardona – Mongabay
