Mañana miércoles es la cita en la que Energy Transfer tendrá que presentarse ante un tribunal en la ciudad holandesa de Ámsterdam ya que se le reclaman los daños y perjuicios que le ha causado la energética estadounidense a Greenpeace International con una demanda multimillonaria interpuesta en Estados Unidos.
Según sostiene la organización, «se trató de una demanda anti-SLAPP, una táctica estratégica que emplean cada vez más las grandes corporaciones para silenciar o intimidar a sus críticos, sobre todo acerca de cuestiones de interés público».
Más en concreto, a lo que se refiere la entidad es a que la empresa dedicada al transporte de petróleo y gas llevó el pasado febrero al grupo medioambiental ante una corte judicial acusándola de incitar y financiar unas protestas por la construcción del oleoducto ‘Dakota Access Pipeline’.
Energy Transfer ante la justicia holandesa: Greenpeace International le reclama daños y perjuicios
Greenpeace International llevará el próximo miércoles a Energy Transfer ante un tribunal en Ámsterdam en busca de compensación por los daños que le ha causado la energética estadounidense con una demanda multimillonaria interpuesta en Estados Unidos.
Según sostiene la organización, se trató de una demanda anti-SLAPP, una táctica estratégica que emplean cada vez más las grandes corporaciones para silenciar o intimidar a sus críticos, sobre todo acerca de cuestiones de interés público.
En este caso, la empresa dedicada al transporte de petróleo y gas llevó el pasado febrero al grupo medioambiental ante una corte de Dakota del Norte (EE. UU.) acusándola de incitar y financiar unas protestas llevadas a cabo por la tribu sioux de Standing Rock contra la construcción -en 2016- del oleoducto ‘Dakota Access Pipeline’.
En marzo, un jurado norteamericano falló a favor de Energy Transfer y condenó a Greenpeace International a pagar más de 660 millones de dólares (unos 563 millones de euros).
En declaraciones a EFE, la abogada Inés Díez -del equipo legal de Greenpeace International- ha dicho que la compañía estadounidense «además de demandar a Greenpeace Estados Unidos, demanda también a Greenpeace Internacional, que en ningún caso estuvo presente en las manifestaciones (…)».
En este sentido, la letrada ha matizado que «Greenpeace International es una organización internacional, con sede en Ámsterdam, que sirve de paraguas; tiene la licencia del nombre, pero ni siquiera está presente en esa manifestación».
Ha agregado que lo que hace ahora este grupo ecologista «es demandar a su vez a Energy Transfer, pidiéndole la responsabilidad por todo lo que le ha supuesto a Greenpeace International sostener este procedimiento desde 2016» con el objetivo de tratar de «resarcirse de todo ese daño que le ha producido esta demanda de Energy Transfer en EE. UU».
Díez ha remarcado que el procedimiento interpuesto por la energética está «absolutamente infundado» y ha considerado «muy significativo» este proceso al invocarse por primera vez una nueva directiva anti-SLAPP en el ámbito comunitario, que podría sentar un precedente judicial.
De prosperar la reclamación de la organización medioambiental, «sentaría un precedente porque, por primera vez, la UE tendría esa aplicación de forma indirecta, ya que aún no es ley, pero sería con el espíritu con el que nace esa directiva», ha puntualizado.
Además «establecería que efectivamente hay un abuso por parte de las organizaciones que lo único que buscan es callar a las organizaciones o a los particulares».
La citada normativa anti-SLAPP fue diseñada para proteger a periodistas, activistas y organizaciones de demandas estratégicas abusivas de corporaciones que buscan silenciar, intimidar o agotar financieramente a sus críticos.
Esta directiva, publicada en 2024 por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, todavía se encuentra en una fase temprana y los países comunitarios tienen hasta mayo de 2026 para trasponerla, lo que implica que las sentencias no pueden basarse de manera directa en ella aunque sí pueden invocarla a título interpretativo.
Estipula que si una entidad con sede dentro de la UE es víctima de una demanda SLAPP fuera del territorio comunitario -como le ha ocurrido a Greenpeace International en este caso- debería poder recurrir a la justicia para reclamar daños en el país en el que figure su sede.
La vista del próximo miércoles será una primera audiencia judicial en la que se abordarán los pasos a seguir en el proceso judicial. EFE / ECOticias.com
