De entre las tribus y las etnias de indígenas que viven en la zona de la Amazonía ecuatoriana, el pueblo waorani es uno de los más numerosos y como tal acudieron esta semana hasta la Corte Constitucional de Ecuador en Quito para exigir a los responsables que les den voz y voto en las intenciones de volver a reactivar programas de explotación petrolífera en el sur del país.
Estos indígenas piden que se les tenga en cuenta, con todas las garantías, para llevar a cabo una consulta previa, libre e informada en relación a la licitación de estos planes petroleros que se llevarían a cabo en más de 180.000 hectáreas de selva amazónica.
En este sentido, demandan a la Corte «una oportunidad histórica a la hora de proteger los derechos al consentimiento y a la autodeterminación, no sólo waorani, sino de al menos siete nacionalidades indígenas y amazónicas, cuya vida y cuyo territorio está en riesgo«.
Indígenas de Ecuador reclaman que se les sea consultado ante los planes de explotación petrolífera
Decenas de indígenas del pueblo waorani, uno de los más numerosos de la Amazonía ecuatoriana, llegaron este martes hasta la capital Quito para exigir a la Corte Constitucional de Ecuador que haga respetar su derecho a la consulta previa, libre e informada, frente a la posibilidad de que se reactiven los planes de explotar petróleo en el sur del país.
Desde la amazónica provincia de Pastaza, una nutrida delegación de waoranis demandaron ser escuchados por los jueces del tribunal constitucional ante los criterios que emitirá para sentar jurisprudencia sobre la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas, en bases a litigios como el llevado a cabo por ellos.
Incluso trajeron con ellos una carta firmada por los actores y actrices Cate Blanchett, Lupita Nyong’o, Emma Thompson, Mark Ruffalo, Gillian Anderson, Jane Fonda y Eugenio Derbez para solicitar a los magistrados que visiten las comunidades indígenas involucradas.
El caso que afecta a los waoranis del Pastaza y que fue tomado por la Corte para generar jurisprudencia comenzó en 2012 con la consulta promovida por el Estado ecuatoriano en la que se planteaba la licitación para actividades petroleras en más de 180.000 hectáreas de selva amazónica.
Sin embargo, dieciséis comunidades de este pueblo originario alegaron que el proceso no había cumplido con los estándares de ser libre, previo e informado, como lo exige la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Como resultado de estos reclamos, la Corte Provincial de Pastaza falló a favor de los colectivos en 2019 y anuló la consulta, lo que detuvo el proceso de licitación. Tras la resolución judicial, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables de Ecuador anunció que apelaría el fallo, un recurso que fue rechazado tanto por el tribunal provincial como por el Constitucional en 2019.
En mayo de 2020, la Corte Constitucional anunció que desarrollaría jurisprudencia en base a este caso, pero sus conclusiones todavía no han sido emitidas.
Demandas y riesgos para el hábitat de los indígenas de la Amazonía ecuatoriana
«En enero de este año, justo cuando el presidente (de Ecuador, Daniel) Noboa ratificaba su intención de ampliar el extractivismo, la Corte (Constitucional) resolvió desempapelar esta causa y estamos preocupados de que genere una sentencia regresiva en derechos», aseguraron representantes de los indígenas, que recordaron a la Corte su «obligación» de establecer un «diálogo intercultural» de «autoridad a autoridad».
En este sentido,exigen a los magistrados encargados del expediente que acepten su invitación de «dialogar» sobre el terreno amazónico para que «escuche las voces ancestrales, las vivencias y vea el espacio de vida» que ocupan. «No puede estar (Corte Constitucional) entre cuatro paredes haciendo papeles y escribiendo la jurisprudencia vinculante para pueblos indígenas, eso no es suficiente».
«Oportunidad histórica» para proteger la Amazonía
Asimismo, esta jurisprudencia podría ser, según añadió Espinosa, «una oportunidad histórica para esta Corte a la hora de proteger los derechos al consentimiento y a la autodeterminación, no sólo waorani, sino de al menos siete nacionalidades indígenas y amazónicas, cuya vida y cuyo territorio está en riesgo«.
«Si los jueces de la Constitucional tiran a la basura o guardan debajo de la mesa (el caso), nosotros (waoranis) vamos a seguir peleando con dignidad en nuestro territorio, porque nuestra jurisdicción es nuestra ley», destacaron. EFE / ECOticias.com
