Los transgénicos son organismos o células cuyo genoma ha sido alterado por medios artificiales mediante la introducción de una o más secuencias de ADN ajeno, proveniente de otra especie. Los organismos transgénicos, como el maíz o la soja se generan en los laboratorios.
En cuanto al maíz transgénico, esta denominación se refiere a cualquier variedad que haya sido modificada mediante técnicas de ingeniería genética con el fin de que exprese genes de otros organismos, tenga un tamaño mayor, sea más resistente o crezca de forma acelerada.
El maíz transgénico en EEUU
El fallo final a favor de Estados Unidos por parte de un panel de controversias, que suprime las barreras impuestas por México para la importación de maíz transgénico (GM), revela la necesidad de un análisis de riesgos específicos sobre este grano tanto para el ambiente como para la salud de la población mexicana.
El panel se formó en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y concluye que México no tiene la evidencia científica necesaria para prohibir el uso de maíz transgénico en su territorio, por lo tanto, debe cumplir con sus obligaciones comerciales en el T-MEC y continuar con las importaciones de maíz estadounidense.
México es el mayor importador de maíz de Estados Unidos: recibe aproximadamente el 40 por ciento de sus exportaciones del grano. Aunque el promedio anual de estas importaciones varía entre 14 y 16 toneladas, en 2023 llegó a una cifra récord de cerca de 20 toneladas, con un valor de más de US$ 5 mil millones.
La decisión del panel va en contra de la intención manifestada por el gobierno mexicano desde 2020 de prohibir el uso de maíz OGM con el argumento de que al hacerlo se evita la contaminación de las variedades de maíz nativo y se protege la salud de la población por el potencial daño que pueden causar los residuos de pesticidas, como el glifosato, usado en el maíz estadounidense.
La disputa se inició en 2020 y escaló a partir de febrero de 2023, cuando el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó un decreto en el que prohibía el uso de maíz transgénico en masas y tortillas, e instruía a las agencias gubernamentales mexicanas a eliminar gradualmente el uso de maíz transgénico para alimentación animal y de uso industrial para alimentación humana.
Estados Unidos alegó que estas medidas eran incompatibles con las obligaciones de México en el T-MEC, y solicitó la intervención de un panel de resolución de controversias que se formalizó el 23 de agosto del 2023 y presentó su reporte final el pasado 20 de diciembre.
Este informe incluye las partes medulares de la controversia. Mientras México plantea que llevará a cabo la sustitución gradual del maíz GM y que esto dependerá de que se hagan los estudios científicos pertinentes para evaluar el riesgo de forma más objetiva, Estados Unidos argumenta que para eso antes debe haber pruebas suficientes sobre el riesgo del maíz GM y un plan para resolver la insuficiencia de pruebas.
Para México, los artículos científicos presentados ante el panel muestran que existe evidencia suficiente para establecer el principio precautorio, que son las medidas de protección ante un potencial de riesgo a la salud o al ambiente.
El país argumenta que es prioritario evitar que el maíz transgénico y las variedades nativas de maíz no transgénico de México crezcan en los mismos campos y milpas (como se le conoce a un sistema agrícola tradicional en el que en una misma parcela se cultiva maíz, frijol y calabaza principalmente). Con ello protegería a los mexicanos de consumir las proteínas transgénicas y los residuos de pesticidas utilizados en los OGM.
Para Estados Unidos, ninguno de los estudios científicos presentados evalúa el riesgo específico del maíz GM para México, ni identifica riesgos por consumir residuos de mezclas o combinaciones de pesticidas en una dieta típica mexicana. “El argumento de México parece basarse en una presunción de peligro, en lugar de la necesaria identificación del riesgo”, dice el reporte.
Frente a esta disyuntiva, el panel decidió que Estados Unidos tenía razón: “El panel comprende el deseo manifestado por México de mantener la integridad genética de sus variedades autóctonas de maíz”. Sin embargo, “México no ha demostrado que las medidas sean ‘necesarias’ para lograr ese objetivo”.
Para el investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Quetzalcóatl Orozco, el panel tomó una decisión correcta. “Desde mi punto de vista México debió presentar sus propios datos de a cuánto glifosato estaría expuesto un consumidor si consume tortillas de maíz GM importado y comparar ese nivel con los límites permitidos internacionalmente”, comenta.
“En el caso de los efectos a la salud por consumo de maíz GM tampoco hay datos de cantidad de exposición de proteínas genéticamente modificadas por consumo de tortilla. Tampoco se presentaron análisis específicos sobre el riesgo para la diversidad de maíz nativo. Creo que al gobierno de México la faltó hacer la tarea”, añade Orozco, quien se ha especializado en conservación y diversidad de maíces nativos mexicanos.
El profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, J. Reyes Altamirano Cárdenas, especialista en problemas económico-agroindustriales, coincide en que “México no presentó evidencia suficiente que demostrara riesgos concretos asociados con el maíz GM ni llevó a cabo evaluaciones detalladas sobre su impacto en las especies nativas o en la salud humana. Por ello, la conclusión del panel resulta válida y consistente con las normas internacionales”, dice.
No obstante, Altamirano refiere que “México cuenta con más de 60 razas nativas de maíz, las cuales podrían verse ‘contaminadas’ con transgenes provenientes del maíz importado, disminuyendo así la diversidad genética para adaptarse a diferentes entornos y usos específicos. Esto es una realidad, la principal fuente para esta contaminación es el maíz transgénico de las importaciones”.
Aumentar la producción de maíz mexicano
El fallo a favor de Estados Unidos ha provocado el rechazo entre organizaciones de la sociedad civil por tratarse, dicen, de una decisión comercial que prioriza los intereses de empresas internacionales por encima de la seguridad de los mexicanos.
“Bajo ninguna circunstancia un tratado comercial puede estar por encima de la soberanía de México”, dice el posicionamiento que publicó hace unos días la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, movimiento conformado por más de 300 organizaciones campesinas, ambientales y de derechos humanos.
Las organizaciones también critican que las tres personas que conformaron el panel, Christian Häberli (Suiza), Hugo Perezcano Díaz (México), y Jean Engelmayer Kalicki (Estados Unidos), sean especialistas en comercio internacional y solución de controversias.
“No son científicos ni especialistas en salud pública o ambiental. Su labor se limita a resolver la controversia administrativa presentada por EU contra México, sin considerar los posibles impactos del maíz genéticamente modificado en la salud, la biodiversidad o el medio ambiente del país”, afirma el posicionamiento.
Además, señalan que esta resolución es la prueba de las deficiencias que tienen los sistemas internacionales de evaluación de OGM y sus riesgos para la salud humana y ambiental, pues “no consideran factores clave, como las formas de consumo, la cantidad y la frecuencia con que los mexicanos consumen maíz a lo largo de su vida”. El reto para México es generar, justamente, esa información. “El país cuenta con la infraestructura, los expertos y la capacidad técnica necesarios para realizar las evaluaciones de riesgo que considere pertinentes”, explica Altamirano.
“Además, existen estándares internacionales como los del Codex Alimentarius y las directrices de la Organización Mundial del Comercio, que pueden servir de guía. Lo que se requiere es una organización eficiente de estas capacidades y la asignación adecuada de recursos para llevar a cabo dichas evaluaciones”, añade. Sin embargo, “lo que vimos el sexenio pasado fue un desmantelamiento de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), parte fundamental para los análisis de riesgo de los OGM”, dice Orozco.
Tras conocer el fallo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que acatará la determinación del panel, pero en la conferencia de prensa del 23 de diciembre dijo que buscará incluir la prohibición de la siembra del maíz transgénico en la Constitución, cuya aprobación por parte del Congreso se espera que suceda en febrero de 2025.
“Conservar el maíz en México no transgénico es algo obligatorio para todas y todos los mexicanos. Eso es lo que queremos que quede en la Constitución. Y nadie puede intervenir sobre eso”, anunció la mandataria. Para Orozco, más que leyes y decretos que prohíben la importación de maíz GM, el país debería tener un programa para aumentar la producción nacional. “México debe aumentar la producción nacional de maíz blanco y amarillo no transgénico para ser autosuficiente”, sostiene.
Altamirano también concluye que, sin los instrumentos de fomento a la producción, la soberanía alimentaria que defiende México tendrá efectos muy limitados. “La producción de maíz en México se ha estancado, mientras que las importaciones continúan aumentando. Por eso es necesario retomar estrategias para fomentar la producción nacional, incluyendo acceso a créditos, seguros agrícolas, asistencia técnica, reconversión productiva y el diseño de una política comercial efectiva”, asegura.
