El Espacio OSC (Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas) monitorea y propone reformas y mejoras a la actual política de protección en México para personas defensoras y periodistas.
Su objetivo es realizar un cambio radical y significativo en instituciones, políticas y paradigmas dominantes en el país y lograr que ser activista ambiental o defender derechos no se convierta en una condena ni un estigma para ningún mexicano.
Inspirados en el trabajo en red, se busca potencializar la labor en pro de las personas defensoras y periodistas, desde un enfoque interseccional, de género, colectivo y comunitario, que contribuya a la generación de entornos seguros para la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión en México.
Esta organización se ha creado porque existía una necesidad urgente en México de que alguien diera cobijo y protección tanto a los periodistas como a las personas que defienden diferentes tipos de derechos ante la avalancha de agresiones de todo tipo que llegan hasta el asesinato, de cientos de personas cada año. A día de hoy se contabilizan más de 80 muertos solo por defender el medio ambiente de todos los mexicanos.
México y el activismo ambiental
Desde 2016 hasta la fecha, al menos 84 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas en México, posiblemente en relación con su labor, según han indicado este jueves ONG. De esa cifra, 7 eran mujeres y 77 eran hombres; 44 pertenecían a pueblos indígenas y una era afromexicana, precisa en un comunicado el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC).
«A estos hechos se suman múltiples agresiones, como criminalización y hostigamiento judicial, vigilancia, amenazas, desplazamiento forzado y desapariciones«, añade el informe publicado el 17 de julio, Día Nacional de las Personas Defensoras del Medio Ambiente. La ONG señala que este día «es un recordatorio urgente de la deuda que el Estado mexicano mantiene con quienes arriesgan su vida por proteger los territorios, los ecosistemas y los bienes comunes del país».
Además, dice que a cuatro años de su reconocimiento oficial por el Congreso mexicano «esta fecha no solo conmemora, sino que exige justicia frente a la violencia, el despojo y la impunidad que enfrentan quienes resisten el avance de megaproyectos destructivos y el crimen organizado en múltiples regiones del país».
También apunta que «las personas defensoras del medio ambiente son clave para frenar la crisis climática, resistir proyectos destructivos», proteger los recursos naturales que sostienen la vida de las personas y preservar las formas de vida indígenas que coexisten en armonía con la naturaleza.
Hay que detener los crímenes en México
«Su trabajo es especialmente relevante frente al avance de megaproyectos extractivos, infraestructura impuesta, deforestación, acaparamiento de agua y contaminación generalizada, que continúan deteriorando nuestros ecosistemas y exacerbando desigualdades», apunta OSC. A este contexto, «se suma el avance del crimen organizado en múltiples regiones del país, donde ejerce control violento sobre territorios y recursos».
Explica que actividades como la tala ilegal, la minería clandestina, el tráfico de especies, la apropiación de tierras y el despojo violento de comunidades «se han intensificado, afectando gravemente tanto al medioambiente como a las personas que lo defienden. El narcotráfico y las economías criminales están hoy estrechamente vinculadas a la degradación ambiental, generando escenarios de altísimo riesgo», agrega.
OSC recuerda que el Estado mexicano ha aprobado marcos normativos que «deben ser implementados con urgencia adecuadamente«, entre ellos, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que crea el Mecanismo Federal de Protección creado en 2012. Mientras que a nivel internacional, México firmó el Acuerdo de Escazú y lo ratificó el 5 de noviembre de 2020.
El Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales es el primer tratado en el mundo que establece la obligación de los Estados de proteger a las personas defensoras del medio ambiente.
OSC también expresa su «profunda preocupación» por la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), decisión, que, afirma, «genera un grave vacío institucional que pone en riesgo el derecho fundamental de acceso a la información pública ambiental«.
Además, consideran urgente avanzar en la garantía del derecho a la justicia ambiental, asegurando la existencia de jueces y juezas autónomas, con formación especializada en derechos humanos y ambientales, y libres de presiones políticas o económicas. EFE / ECOticias.com
