La minería en Bolivia amenaza a los ríos y al territorio indígena de San Buenaventura, donde las autoridades reclaman que se suspendan más de 20 trámites y que se evite aprobar nuevas explotaciones.
Los ríos que sostienen a las comunidades indígenas transportan la contaminación desde las explotaciones que están situadas aguas arriba. La minería en Bolivia ha llevado a los pueblos amazónicos y a las autoridades de la localidad de San Buenaventura, que es la principal puerta de entrada al parque Madidi, a reclamar que se impongan restricciones inmediatas y permanentes para proteger su territorio.
El Consejo Indígena del Pueblo Tacana ha denunciado que existen más de 20 trámites mineros que permiten operar en este municipio del norte de La Paz. Su presidente, Jorge Canamari, advierte de los riesgos de remoción de suelos, deforestación y alteración de los cauces. Aunque asegura que todavía no hay operaciones mineras en la localidad, afirma que sus ríos ya reciben los impactos de las actividades que se desarrollan en las cabeceras de las cuencas.
La petición busca preservar los recursos naturales de los que dependen las comunidades, además de la pesca y el turismo de la minería en Bolivia. El municipio ha presentado una ley declarando a su territorio libre de actividad minera y de su consiguiente contaminación. El problema es que la autoridad estatal tiene pendiente la evaluación de si la misma es compatible con el ordenamiento minero que está vigente.
La minería en Bolivia amenaza a las comunidades indígenas
Indígenas amazónicos y autoridades locales de un municipio que es el principal ingreso al parque Madidi, una de las áreas protegidas más biodiversas del mundo, pidieron al Gobierno de Bolivia que restrinja la minería en ese territorio por las afectaciones medioambientales que ocasiona esa actividad.
El pedido acerca de la minería en Bolivia fue planteado ante la estatal Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por el presidente del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (Cipta), Jorge Canamari; el alcalde del municipio de San Buenaventura, Antonio Felipe Mamani, y el titular del Concejo Municipal de esa localidad, Roberto Cartagena.
Tras reunirse con el director de la AJAM, Jaime Sanabria, Canamari dijo a los medios que se solicitó a esa entidad «que se restrinja de manera inmediata y permanente» la actividad minera en San Buenaventura. «Los impactos de la minería en Bolivia serían devastadores por la remoción de los suelos y la modificación de los cauces y la deforestación», advirtió.
Según el dirigente, tienen información de que actualmente hay «más de 20 trámites mineros» para operar en ese municipio, situado en el norte del departamento de La Paz. «Pedimos que se suspendan de manera inmediata los trámites en curso, porque vemos que la única alternativa de poder garantizar la existencia de estas naciones indígenas es garantizando su hábitat natural y la convivencia con nuestra Madre Tierra», afirmó.
Canamari explicó que los pueblos indígenas que habitan en el norte de La Paz, como los tacanas, esse ejja y mosetenes, subsisten mediante la recolección, la caza y la pesca. Lamentó que en los últimos años se vio un aumento «de los sedimentos por la contaminación de la minería en Bolivia ilegal«.
También advirtió que, si bien por ahora no hay operaciones mineras en San Buenaventura, sí les llega algún impacto a través de los ríos que atraviesan su territorio por actividades efectuadas en las nacientes de esos cauces por causa de la minería en Bolivia.
La minería del oro se dispara
En los últimos años, la minería aurífera se intensificó sobre todo en la Amazonía de Bolivia, incluidas las regiones de Pando y Beni y el norte de La Paz, en medio de constantes denuncias de que varias de esas actividades son ilegales e ingresaron a importantes reservas naturales como el parque Madidi.
Entre las consecuencias de esta actividad ilegal están la contaminación del agua que nutre a las comunidades indígenas que habitan en las áreas protegidas y los desbordamientos de ríos e inundaciones en las localidades aledañas durante la época de lluvias en el país.
El alcalde Mamani informó que se entregó a la AJAM una ley municipal que declaró a San Buenaventura un territorio «libre de actividad y contaminación minera», para preservar la vocación turística, la biodiversidad y el desarrollo productivo sostenible en la zona, y destacó que ese municipio «es una puerta principal de ingreso hacia el Parque Nacional Madidi» y ratificó la solicitud de que no se otorguen «derechos mineros» en el lugar.
El director de la AJAM explicó, por su parte, que la solicitud de los indígenas y el municipio seguirá un procedimiento «técnico administrativo» para que «pueda ser compatibilizada con el ordenamiento jurídico minero» vigente.
San Buenaventura tiene más de 10.000 habitantes, incluidos los indígenas tacana, uchupiamona y esse ejja. Su superficie es de 374.800 hectáreas, de las cuales un tercio se sobrepone al parque Madidi.
¿Qué pasa con los contaminantes invisibles de la minería en Bolivia?
La protección del territorio también exige atender a los contaminantes que no se perciben a simple vista. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo afirma que el mercurio empleado en parte de la minería aurífera es capaz de transformarse en metilmercurio en el agua y bioacumularse en los peces, las plantas y el resto de la cadena trófica.
Para las comunidades cuyo sustento depende de la pesca, este mecanismo refuerza la importancia de realizar análisis del agua, los sedimentos y los alimentos. Porque conservar el bosque y vigilar la calidad de los ríos puede ser la diferencia entre sobrevivir o no, por los contaminantes de la minería en Bolivia.
