Pese a que el propio proceso que recoge el anteproyecto que regulará el reparto de potencia no lo deja muy claro. Desde entonces, desde la presentación de la nueva normativa, han cambiado muchas cosas. La primera, que el trámite de alegaciones se ha prolongado más de lo previsto ante los inconvenientes del parón estival en las empresas y la propia administración. La segunda, que la mayoría de los promotores han levantado el hacha de guerra y prácticamente no libran de su criba ni uno de los puntos del polémico texto. En el sector están convencidos de que ante la previsible judicialización, más todavía, del proceso y al ritmo que va todo, los plazos no se podrán cumplir.
