El decreto ley ha sido respaldado por el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Junts, el PNV, Más País-Equo y Compromís. El PP, Vox, Ciudadanos, BNG y el PRC han optado por la abstención y únicamente Foro Asturias ha votado en contra.
El Pleno del Congreso ha convalidado este miércoles el decreto ley aprobado por el Gobierno para poner fin a la especulación en el acceso al sistema eléctrico con instalaciones de energía renovable con el control de estos permisos, una moratoria en la concesión de los mismos y un nuevo sistema de subastas basado en el precio de la energía.
En vigor a partir de su publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE), la propia Constitución establece que cada decreto ley ha de ser refrendado en el Congreso en un plazo de 30 días hábiles. Además de pronunciarse sobre su convalidación o derogación, los grupos pueden solicitar su tramitación como proyecto de ley con el fin de proponer cambios en las nuevas normas a través de enmiendas.
Ribera anticipa inversiones «significativas» en renovables
Durante su defensa del decreto ley, la vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha invitado a los grupos a proponer modificaciones al decreto durante la tramitación del proyecto de Ley de Cambio Climático y ha justificado adelantar parte de estas medidas ante la «incertidumbre» provocada por la crisis.
Esto, a su juicio «obligaba a actuar con rapidez y a facilitar un marco previsible de actuaciones que asegure un contexto atractivo y confiable para la inversión», y ha encuadrado el decreto ley como «casilla de salida» para una «inversión significativa» en energías renovables, electrificación y eficiencia energética.
En este sentido, ha celebrado que los sectores económicos e industriales en España «están muy bien preparados» para el reto de la transición ecológica, al tener capacidad para fabricar el 90% de los componentes necesarios para producir aerogeneradores, más del 60% de los necesarios para proyectos de energía solar y hasta el 90% de los bienes de equipo y electrónica de potencia en la electrificación y la eficiencia energética.
Cambios en criterios de acceso al transporte y la distribución
Ribera ha justificado los cambios en los sistemas de acceso a las renovables para «poner freno a movimientos especulativos» que, a la larga, habrían cargado de «sobrecostes injustificados» sobre la factura que tiene que hacer frente al consumidor. No abordar cambios al respecto o incluso demorarlos, ha dicho, habría provocado un aumento de los costes y la paralización de proyectos.
Asimismo, ha anticipado una reforma en la regulación de los criterios de acceso y la conexión a las redes de transporte y distribución del sector eléctrico, tras los cambios aprobados ya para el acceso en los permisos para la generación de energía renovable. Concretamente, Ribera ha señalado que el decreto ley «sienta las bases» para «una reforma estructural» en estos criterios «acorde a tiempos nuevos» en los que ya no son «pocas grandes empresas» las que solicitan estos permisos para el negocio del transporte y la distribución, sino que hay «infinitud de actores con capacidad para desarrollar estos proyectos».
Abstención de pp, vox y ciudadanos
El PP y Vox han declinado apoyar el decreto, pero han valorado aspectos positivos en la norma. Eso sí, el PP ha lamentado que el nuevo sistema de subastas «no es más que un sistema encubierto de PPAs», supongan «más intervencionismo» y provoquen «incertidumbre en los mercados mayoristas». «No se va a poder controlar la volatibilidad de los precios en los mercados», ha lamentado su diputado Juan Diego Requena.
Por su parte, Mari Carmen Martínez, de Ciudadanos, ha lamentado que el contenido de la norma pueda aprobarse vía «decretazo», ante lo cual ha criticado el «uso excesivo», a su juicio, de este recurso por parte del Gobierno, y ha pedido «consensos» en la tramitación de una Ley de cambio climático en la que detecta la necesidad de «muchísimas mejoras».
Un decreto «‘electrocéntrico'» sin medidas fiscales
Joan Capdevila, de Esquerra Republicana, ha señalado que estos cambios han sido «bien recibidos» por el sector, pero ha lamentado el decreto como «claramente ‘electrocéntrico'», cuando única y «desgraciadamente» sólo el 30% de energía final consumida procede de esta fuente, y ha echado en falta «elementos esenciales». Entre ellos, «una fiscalidad alineada con la transición energética» y más contenido en la movilidad de personas y mercadería.
También ha pedido medidas fiscales la diputada de Más País-Equo, Inés Sabanés, que también ha pedido abordar la regulación de los lobis y su transparencia para «hacer distinción entre discursos reivindicativos y lobistas». «Para eso, nada mejor que la transparencia en nuestras agendas y en los registros de lobis para saber cada cuál en lo que estamos y qué defendemos», ha dicho.
El PNV, con su portavoz energética, Idoia Sagastizabal, ha celebrado que se busque resolver la «burbuja» en el sistema de acceso a los puntos de conexión y que las nuevas subastas tengan garantía de localización, además de distinguir entre tecnologías, mientras que el PRC ha lamentado la ausencia de medidas de compensación para la industria y la falta de atención a medidas solicitadas y exigidas por el Congreso en este sentido ante un «gravísimo riesgo de deslocalizaciones».
