Sin embargo, ante la desmesurada avalancha de proyectos, consideramos urgente desarrollar una regulación y planificación adecuadas para evitar que esta magnífica oportunidad solo sirva para enriquecer a unas pocas empresas en vez de para mejorar la vida de los jerezanos.
Desde el punto de vista ambiental, no todo lo que rodea a la energía fotovoltaica es positivo. Por mencionar sólo algunos de los aspectos más cuestionados, baste recordar el enorme impacto que genera la explotación de los minerales necesarios para extraer los elementos químicos utilizados en la fabricación de las placas, la acumulación de residuos (se calcula que a mediados de siglo el 10% de toda la basura electrónica procederá de esta actividad).
De la misma manera es preocupante la afección a la avifauna, tanto por la ocupación del espacio donde viven algunas especies, como por el riesgo de electrocución y choques con la inmensa red de tendidos eléctricos que se va a instalar. De la misma manera, la desaparición de sistemas agrarios que ocasionará la pérdida de actividades económicas vinculadas a los mismos, o la destrucción irreversible del paisaje, son también algunos de los principales problemas que habrá que abordar lo antes posible.
Frente a lo que se avecina, las Administraciones solo han realizado tímidos intentos de regulación; algunos enterrados antes de nacer, como ha ocurrido con la “Guía para el análisis de ubicación de las instalaciones de energías renovables”, realizada por técnicos de la Junta de Andalucía y que fue retirada a final del año pasado ante la presión de las empresas inversoras. Los ecologistas pensamos que no es admisible que los intereses de los empresarios del sector se antepongan al interés general o al de otros sectores que se verán seriamente afectados (agricultura, ganadería extensiva o turismo).
Recientemente el propio Delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, reconocía en una entrevista publicada en distintos medios en abril de este año, la importancia que tiene una adecuada planificación: “en la provincia de Cádiz tenemos tres veces más proyectos solicitados que la potencia permitida por Red Eléctrica para su desarrollo. Si autorizáramos todos los proyectos solicitados se perdería la agricultura. Hay que llegar a un equilibrio. Irán donde puedan ir”.
En lo que respecta a Jerez, sin contar con los proyectos ya en marcha (alguno de ellos como el de Las Quinientas con más de 100 MW de potencia y que ocupará unas 300 hectáreas de terreno), según la información facilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático a Ecologistas en Acción, a finales del año pasado se tenía constancia de 13 proyectos en trámite, que podrán ser instalados en el término municipal de Jerez, y van a multiplicar por 5 la potencia ya en construcción.
Recientemente, el teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez, José Antonio Díaz, anunciaba la aprobación de la licencia para la construcción de un parque en el paraje de Malabrigo, en La Barca de la Florida y reconocía que “Jerez se ha posicionado como uno de los principales polos de atracción de inversores del sector fotovoltaico en nuestro país”. Esto puede parecer una buena noticia porque en la fase de construcción se necesitará mano de obra, si bien es dudoso que se contraten trabajadores locales dado el grado de especialización que se requiere.
Lo que sí es seguro es que se van a perder actividades económicas que se han desarrollado tradicionalmente en nuestro territorio. No tiene sentido crear nuevos puestos de trabajo a costa de destruir los ya existentes en actividades cruciales para la economía de la provincia. Además, se va a favorecer la implantación de multinacionales o grandes empresas que tributan fuera, con el perjuicio para las locales.
En definitiva, estamos de acuerdo en que las plantas fotovoltaicas deben jugar un papel relevante en la transición ecológica, pero esto se debe hacer respetando el interés general y preservando los recursos naturales (fauna, flora y paisaje). Es imprescindible potenciar otras opciones, como son el autoconsumo, la generación distribuida y los proyectos municipales y sociales de producción eléctrica, que crearían empleo local, evitarían la especulación y frenarían el riesgo que supone la entrada de una gran cantidad de capital extranjero.
La ciudad que aspira a ser nombrada “capital europea de la cultura”, no puede permitir que se transforme, de forma irreversible, el paisaje que nos ha dado una identidad y unos recursos que se han mantenido durante generaciones. Mientras se aprueba una normativa que permita planificar adecuadamente esta actividad habría que reconsiderar la concesión de licencias a nuevos proyectos.
Fuente: Ecologistas en accion
