Portugal acaba de poner negro sobre blanco su planificación para la eólica marina y otras renovables oceánicas con el Plan de Afetação para as Energias Renováveis Offshore (PAER). La idea es ordenar el despliegue (después de años con solicitudes “por libre”, como también ocurrió en España) y fijar un techo técnico de “hasta cerca” de 10 GW de capacidad potencial en las áreas identificadas.
La noticia está en el detalle que más mira Galicia. El polígono de Viana do Castelo (el más pegado al noroeste ibérico) baja de 595 a 229 kilómetros cuadrados y se queda con una previsión de 800 MW, un recorte de superficie cercano al 60%. El Gobierno luso lo vincula principalmente al encaje con la pesca tras un proceso de reuniones con el sector para detectar limitaciones y proponer medidas de minimización.
Ese tijeretazo no significa necesariamente menos ambición “útil” por kilómetro cuadrado. Si se reparten 800 MW en 229 kilómetros cuadrados, la densidad ronda los 3,5 MW por kilómetro cuadrado, lo que sugiere una estrategia más quirúrgica (menos mar ocupado y más concentración en las zonas con mejor recurso y menos conflicto de usos). Es un enfoque que encaja con el debate español sobre cómo acelerar el despliegue sin chocar con permisos, red y aceptación social, algo que también se subraya en este análisis de tramitación de la eólica marina cuando se habla de “agilidad” y planificación realista.
En paralelo, Portugal mantiene el mensaje de corto plazo. Para lo que queda de década, el objetivo operativo es adjudicar 2 GW hasta 2030 mediante procedimientos competitivos (subastas o mecanismos equivalentes) y repartir el desarrollo entre cinco zonas. Además de Viana do Castelo, el PAER marca Leixões (2.500 MW), Figueira da Foz (4.600 MW) y Sines (1.600 MW), mientras Aguçadoura queda como espacio de investigación e innovación.
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El precedente industrial que explica por qué Viana importa tanto ya existe. Frente a esa costa opera WindFloat Atlantic, un parque flotante de 25 MW conectado a red a finales de 2019 y plenamente operativo desde 2020, que sirvió de “banco de pruebas” para tecnología y logística en el Atlántico ibérico. Ese tipo de proyectos es justo el que ahora pretende escalar el PAER, pero con un tablero más acotado.
La comparación con España es inevitable porque el calendario político y regulatorio va en paralelo. En la actualización del PNIEC, España mantiene el horizonte de hasta 3 GW de eólica marina a 2030 y cuantifica la superficie aproximada asociada a ese despliegue. Y mientras tanto, aquí el sector advierte de cuellos de botella técnicos y normativos que pueden frenar el reloj.
Lo que cambia para Galicia con el recorte portugués no es solo el “tamaño del polígono”, sino el tipo de oportunidad. Menos superficie significa menos margen para colocar proyectos “por volumen”, pero más presión para que ganen los que mejor resuelvan tres cosas (coste total, compatibilidad ambiental y convivencia con pesca y navegación). Y en ese escenario, la cadena industrial gallega (puertos, metal, naval y eólica flotante) puede seguir teniendo un papel, aunque el mapa sea más pequeño. Un debate que también se cuela cuando se habla de si España “llega tarde” al mar frente a vecinos y de cómo ordenar el despliegue.
