El proceso de transición ecológica exige disponer de un regulador y supervisor especializado, que añada a los objetivos y funciones tradicionales la descarbonización del sistema energético español. La CNE será una entidad de derecho público dotada de personalidad jurídica propia, autonomía orgánica y funcional, y plena independencia del Gobierno, las Administraciones Públicas y el mercado. La CNE deberá estar plenamente constituida y operativa en un plazo máximo de cuatro meses desde la aprobación de la Ley de creación. El Anteproyecto de ley también prevé la creación del Fondo para la Gestión Económico-Financiera de las Liquidaciones del Sector Eléctrico y del Sector del Gas.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (MINECO), ha dado luz verde al inicio de la tramitación legislativa para el restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), con la apertura del proceso de audiencia pública del Anteproyecto de ley de esta nueva entidad. La emergencia climática y el proceso de transición ecológica exigen disponer de un regulador y supervisor de los mercados energéticos que añada la descarbonización de la economía española a los objetivos y funciones tradicionales de velar por la libre competencia y el correcto funcionamiento del mercado desde la eficiencia económica.
Al calor de los procesos de liberalización de los sectores regulados, la CNE asumió las funciones de supervisor energético desde 1995 hasta 2013, en que se integró en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con los demás reguladores sectoriales. Ahora, la lucha contra el calentamiento global está provocando una profunda transformación de los mercados energéticos, con nuevas soluciones, como el hidrógeno y otros gases renovables, con un nuevo marco regulatorio europeo, y con nuevos desafíos, como la integración de nuevos modelos de negocio o el refuerzo de la protección de los consumidores.
Esta nueva situación hace indispensable reinterpretar la figura del regulador energético para incrementar su especialización y ampliar su ámbito de actuación. Así, y en línea con lo que ocurre en muchos de los principales países de nuestro entorno, el restablecimiento de una CNE de naturaleza independiente, con objetivos, funciones, estructura y presupuesto propio, resulta fundamental para hacer frente a la bifurcación de las funciones de los reguladores energéticos, que afrontan el reto de garantizar el cumplimiento de la senda de descarbonización.
Esta integración de la descarbonización entre los objetivos de la CNE se puede traducir, por ejemplo, en que a la hora de establecer la metodología de retribución de las redes eléctricas se incluyan incentivos para las distribuidoras que tramiten rápidamente los expedientes de conexión de nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos o nuevos sistemas de autoconsumo, así como penalizaciones para las que mantengan plazos temporalmente dilatados.
CNE: una entidad con personalidad jurídica propia
La CNE se constituirá como entidad de derecho público de ámbito estatal, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, con funciones de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, con autonomía orgánica y funcional, y plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y del mercado. Asimismo, estará sometida al control parlamentario y judicial.
La CNE, tendrá funciones de supervisión y control de los mercados eléctricos, de hidrocarburos líquidos, de gas natural, y de hidrógeno verde y otros gases renovables. También ejercerá las funciones de inspección y sanción, así como de arbitraje, información, atención y tramitación de las reclamaciones planteadas por agentes y consumidores. Igualmente, liquidará los peajes, cargos, precios, cánones y retribuciones reguladas de los sectores a su cargo.
En el caso de la supervisión de las tomas de participaciones empresariales en el sector energético, la CNE se encargará de instruir el expediente y de hacer una propuesta al MITECO, mientras que éste resolverá y fijará las condiciones que considere oportunas.
La entidad actuará como órgano consultivo en las materias de su ámbito de actuación; participará, mediante informe preceptivo y no vinculante, en el proceso de elaboración de normas que afecten a sus competencias y podrá participar en los procedimientos de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, relativos a los mercados y sectores productivos cuando afecten de manera directa y principal al ejercicio de sus funciones.
CNE: consejo de administración y direcciones generales
La CNE estará adscrita al MITECO y ejercerá sus funciones a través de dos figuras principales, el Consejo y el Presidente, que también lo será del Consejo. De ellos dependerán, además de la Secretaría General y la Secretaría del Consejo, tres direcciones de instrucción: la de Electricidad, la de Hidrocarburos y Nuevos combustibles y la de Inspección, de nuevo cuño, para reforzar su labor supervisora.
El Consejo será el órgano colegiado de decisión –nombra al vicepresidente, aprueba el anteproyecto de presupuestos internos, la memoria anual y los planes de actuación, el reglamento de funcionamiento interno…– y estará integrado por siete miembros: el presidente, el vicepresidente y cinco consejeros, que tendrán un mandato de seis años sin posibilidad de reelección.
El Gobierno aprobará mediante Real Decreto el Estatuto Orgánico de la CNE, que definirá las funciones y estructura interna de la Secretaría del Consejo, las direcciones y demás áreas de responsabilidad. Según los plazos previstos en el Anteproyecto, la nueva entidad debe haberse constituido y estar plenamente operativa en un plazo de cuatro meses desde la aprobación de la Ley de creación.
Fondo para las liquidaciones del sector eléctrico y del gas
Además, el anteproyecto de ley prevé también la creación del Fondo para la Gestión Económico-Financiera de las Liquidaciones del Sector Eléctrico y del Sector del Gas (FGLSEG), para gestionar los ingresos y pagos correspondientes a las liquidaciones de peajes, cargos, cánones, precios y retribuciones reguladas de los sectores eléctrico y gasista, así como las transferencias previstas en los Presupuestos Generales del Estado para estos sectores.
