Muchos macroproyectos de energías renovables se presentan para su tramitación fraccionada en proyectos más pequeños. Son sometidos a procesos de información pública y se solicita su autorización por separado. Varios pueden ser los motivos que llevan a un promotor a esa fragmentación, que según la ministra Sara Aagesen del MITECO, constituye un fraude.
- Tramitar el proyecto en la comunidad autónoma donde se ubica. Según la legislación vigente, la Administración General del Estado, en este caso a través del MITECO, debe autorizar las instalaciones de potencia superior a 50 MW, mientras que las comunidades autónomas son las competentes para potencias inferiores.
- Evitar la evaluación de impacto ambiental ordinaria. La legislación establece un procedimiento de evaluación ordinaria o simplificada en función de las dimensiones del proyecto.
- Minimizar u ocultar los efectos acumulativos y sinérgicos del macroproyecto. Al desglosar un macroproyecto y realizar un estudio de impacto ambiental de cada uno de los proyectos fraccionados, se analiza y se valoran sus afecciones de forma individual, resultando estas siempre inferiores a si se valoraran en su conjunto.
- Diluir el impacto social. Al fragmentar un proyecto, el número de personas afectadas es mucho más reducido que si se presenta un macroproyecto conjunto con todas sus centrales y sus líneas eléctricas de alta tensión. Con esto se consigue que en cada expediente el número de afectados sea menor y que tengan menos posibilidad de unirse para afrontar el procedimiento de forma conjunta.
No obstante, a día de hoy, estas prácticas abusivas son muy frecuentes y se están permitiendo este tipo de fraude por parte de las Administraciones. Ello va a provocar que muchos proyectos se enquisten en los tribunales con el consiguiente gasto innecesario para la ciudadanía, para los promotores y para la propia Administración, además de retrasar de una forma absurda la necesaria transición hacia las energías renovables.
¿Por qué caer en el fraude?
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha calificado como “un fraude de ley” la autorización que la Junta de Andalucía ha hecho sobre distintos proyectos fragmentados de plantas fotovoltaicas en la Campiña de Jaén.
“El Gobierno es competente en los parques solares de más de 50 megavatios y por debajo de esta cantidad es competencia de la administración autonómica”, ha indicado Aagesen en Jaén al ser preguntada por la denuncia de olivareros contra la Junta de Andalucía por presunta prevaricación ambiental en estos proyectos.
“La fragmentación es un fraude de ley”, ha recalcado la ministra, para añadir a continuación: “cualquier fraude de ley que sea detectado por cualquier sector, como agricultores o la sociedad civil, lo que tiene que hacer la ministra es denunciarlo y que sea la ley la que dirima si realmente hay fraude de ley”.
Aagesen ha subrayado que el Gobierno de España “está a favor del cumplimiento estricto de la ley con las máximas garantías ambientales”.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Andújar (Jaén) instruye la denuncia penal por posibles delitos contra la flora y la fauna y prevaricación ambiental interpuesta por la plataforma Campiña Norte contra la instalación de varias megaplantas fotovoltaicas en los municipios jiennenses de Lopera, Arjona y Marmolejo.
La denuncia de la plataforma de agricultores afectados por las expropiaciones de miles de olivos se dirige contra las delegaciones de Economía y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Jaén y también contra las empresas promotoras de los proyectos, Greenalia Solar Power y FRV Arroyadas.
Tras la apertura de diligencias judiciales para investigar los hechos la plataforma entiende que los ayuntamientos deberían de abstenerse ahora de otorgar licencia alguna y, en caso de haberlas concedido, parar de inmediato dicha licencia para las obras por entender que en caso de prosperar la denuncia tendrían responsabilidad penal y civil por todos los daños ocasionados por las obras. EFE/ECOticias.com