Un sentencia ha anulado la autorización del parque eólico Peña del Gato, situado entre La Cepeda y El Bierzo (León), al considerar que el proyecto supone un riesgo grave para la conservación del urogallo cantábrico, una de las especies más amenazadas de la fauna ibérica.
La decisión judicial, que da la razón a organizaciones ecologistas, pone fin a un largo proceso judicial y reabre el debate sobre la ubicación de infraestructuras energéticas en zonas de alto valor ecológico.
El tribunal señala que la administración autonómica no evaluó adecuadamente los impactos sobre el hábitat del urogallo, ni aplicó el principio de precaución exigido por la normativa europea.
Según los informes periciales, los aerogeneradores proyectados se situaban en un corredor ecológico esencial para la especie, afectando tanto a sus áreas de vuelo como a las zonas de refugio y reproducción.
El ruido, las colisiones con las aspas y la fragmentación del territorio se consideran amenazas directas para una población que ya se encuentra al borde de la extinción.
El urogallo gana la batalla al parque eólico Peña del Gato
El parque eólico Peña del Gato, ubicado entre la Cepeda y el Bierzo (León) y promovido por Energías Especiales del Alto Ulla, ha sido declarado ilegal por tercera vez por el Juzgado Contencioso-Administrativo número de León ante los riesgos 1ue supone para el urogallo.
La sentencia confirma las graves carencias evaluativas de la instalación y los riesgos que supone para el urogallo cantábrico, especie en Peligro Crítico de Extinción. El complejo, compuesto por 25 aerogeneradores y en funcionamiento durante más de 15 años, había sido previamente anulado por los tribunales en dos ocasiones, aunque la Junta de Castilla y León volvió a reautorizarlo en cada ocasión.
La reciente decisión judicial da la razón a los ecologistas representados por Cordal Abogados, que denunciaron que el parque fue legalizado como si no estuviera aún construido, sin considerar los impactos negativos acumulados durante su funcionamiento.
El pleito ha sido financiado por el Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica, con aportaciones de más de 800 personas de distintos puntos de España.
El abogado Víctor A. Bayón, firmante de la demanda, ha considerado “intolerable” que la Junta insistiera en autorizar una instalación que, según la sentencia, no cumple con los requisitos legales. “De continuar este proceso, corremos el riesgo de que Peña del Gato se convierta en el ‘Algarrobico leonés’”, ha advertido.
La resolución judicial establece que la ubicación del parque coincide con un hábitat potencial del urogallo cantábrico, confirmando la peligrosidad de la zona tras la aparición de un ejemplar muerto en un parque vecino a solo tres kilómetros.
Desde el Fondo para la Defensa Jurídica reclaman el desmontaje inmediato de la instalación y la dimisión de Fernando Bandera, jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, responsable de las autorizaciones cuestionadas. También solicitan que la Junta no recurra la sentencia para permitir la recuperación del hábitat del urogallo.
Históricamente, el parque Peña del Gato fue autorizado por primera vez en 2008, posteriormente en 2017 y por tercera vez en 2022, todas ellas anuladas por los tribunales.