España recibe un tirón de orejas por parte de la Comisión Europea ya que según esta última no ha cumplido con el reglamento sobre el metano.
Más concretamente, en este expediente que le han puesto a España se indica que no ha notificado a la UE (ni tampoco ha designado) qué autoridad tendrá la competencia para supervisar y hacer que se cumpla la normativa sobre metano.
Pero no solo España ha recibido ese toque de atención por parte de la UE, sino que a Bulgaria, Estonia, Irlanda, Italia, Lituania, Austria, Eslovaquia y Finlandia les ha pasado lo mismo y también han sido expedientados en este sentido.
España recibe una amonestación por parte de la UE: incongruencias a la hora de cumplir la normativa sobre metano
La Comisión Europea expedientó este jueves a España y otros ocho países de la Unión Europea por incumplir el reglamento sobre el metano al no designar ni notificar a esta institución una autoridad competente encargada de supervisar y hacer cumplir la aplicación de las normas. Según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado, los otros Estados miembros expedientados son Bulgaria, Estonia, Irlanda, Italia, Lituania, Austria, Eslovaquia y Finlandia.
Esa normativa sobre el metano de la UE aborda las emisiones en los sectores del petróleo crudo, el gas natural y el carbón. Su objetivo es mejorar la medición y la notificación de las emisiones de metano en la UE, fomentar su reducción y aumentar la transparencia en la UE y a nivel mundial.
También incentiva a los socios internacionales de la UE a medir, informar y reducir sus emisiones de metano, explicó Bruselas. Los Estados miembros debían notificar a la Comisión los nombres y datos de contacto de sus autoridades competentes a más tardar el 5 de febrero de 2025.
Tras observar que los nueve países citados aún no han cumplido esta obligación, la Comisión les ha enviado cartas de emplazamiento, que es el primer paso dentro de los procedimientos europeos de infracción, y da un plazo de dos meses para que respondan y corrijan las «deficiencias» identificadas. En caso de que la respuesta no sea satisfactoria, el Ejecutivo comunitario recuerda que podría pasar a la siguiente fase, que es el envío de un dictamen motivado (un ultimátum para que se aborde la situación) antes de remitir el caso en última instancia a la Justicia europea. EFE / ECOticias.com
