Una mala noticia para lograr la transición energética se consumó ayer en el Congreso de los Diputados. Todo debido a que no saliera adelante y no se aprobara el decreto antiapagones; con lo que el sector energético no puede contar con esta medida esencial en dicho camino.
Todo estaba sobre la mesa y todos estaban en el mismo barco por una vez: es el caso de las empresas eléctricas, las que se dedican a las propias renovables y hasta los consumidores finales. Sin embargo, había un elemento en discordia que se materializó ayer: la clase política.
No hay decreto antiapagones
Tras la derogación ayer del RDL “antiapagones” en el Congreso, la Unión Española Fotovoltaica,UNEF, ha lamentado que una normativa “técnica y absolutamente necesaria”, que contaba con un amplio consenso tanto en el sector energético e industrial, como entre asociaciones ecologistas y ciudadanas, se haya visto afectada por intereses no relacionados con el contenido de la norma.
“No nos podemos permitir como país que esta actualización normativa no salga adelante. Es fundamental para la industrialización, la independencia energética y la competitividad de nuestra industria” ha comentado el director general de la asociación, José Donoso.
“Es urgente que se retome el debate entre los grupos parlamentarios y se implemente una solución normativa que actualice el sistema eléctrico. Está en juego no solo la seguridad de suministro y la estabilidad de la red eléctrica, sino también el aprovechamiento de una oportunidad histórica como país. Tenemos, por primera vez en la historia, ventaja competitiva en el factor energía. En España, el precio del kw/h es la mitad que en el norte de Europa gracias a la fotovoltaica. Esta tecnología puede producir el doble de electricidad que en el norte de Europa, gracias a nuestro gran recurso solar, con una tecnología propia, limpia y puntera”.
UNEF apunta, también, que este bloqueo puede afectar a más de 30.000 millones de euros en inversiones, y advierte del riesgo de deslocalización de la industria “hay otros países que están demostrando un importante compromiso con el desarrollo renovable y las inversiones necesitan seguridad jurídica y un adecuado desarrollo normativo para llevarse a cabo”, señalan.
Según datos oficiales, en este momento hay 119 GW de peticiones de empresas, centros de datos y almacenamiento que quieren venir a instalarse a España por el bajo precio de la electricidad que puede ofrecer la fotovoltaica. “El consumo medio que hay ahora mismo en España se mueve en el entorno de los 25 GW. Aunque solo el 15% o el 20% de estas peticiones se concretasen, estaríamos duplicando la demanda. Y eso puede significar un proceso de reindustrialización como no ha existido en nuestro país” ha añadido Donoso.
“Pero para que esto se haga realidad, necesitamos un sistema estable, una normativa acorde con la tecnología y dar una clara señal de compromiso institucional a los inversores”, ha remarcado.
Bloqueo al almacenamiento y el autoconsumo de energía
UNEF lamenta el bloqueo que esta derogación supone para el desarrollo del almacenamiento. “No se puede perder tiempo. Esta paralización implica, si no se subsana, que el necesario despliegue de almacenamiento eléctrico, que podría hacerse en unos meses aprovechando las instalaciones renovables ya existentes o en proceso de autorización con hibridación, pueda retrasarse años, con lo que supone para la estabilidad del sistema y los precios de la energía”.
Subraya, también, el revés que supone para el autoconsumo y la participación de comunidades locales, cooperativas y pequeñas empresas en el sistema energético.
“Esta normativa suponía un avance hacia la electrificación y la democratización del acceso a la energía gracias al autoconsumo. Una transición justa implica que la transformación del modelo energético genere oportunidades de empleo y desarrollo económico en los territorios, especialmente en las zonas rurales, y que el autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas permitan a ciudadanos y entidades locales gestionar directamente su energía. Solo así podremos construir un sistema energético verdaderamente sostenible en lo ambiental, lo social y lo económico, además de resiliente para garantizar nuestro futuro”.
Por todo ello, UNEF pide a los grupos parlamentarios “responsabilidad institucional y compromiso con el país” para sacar adelante una actualización normativa que “nos permita avanzar en la transición energética con paso firme, generando riqueza y oportunidades para nuestras empresas y ciudadanos y fortaleciendo nuestra soberanía energética y nuestro sistema eléctrico, algo especialmente relevante ante la convulsa situación geopolítica internacional”.
Recordemos que hace algo más de un mes el consejo de ministros dio luz verde a este decreto-ley con “medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico” apuntaban. En este caso, esta normativa incluía herramientas a modo de obligaciones para los agentes implicados, además de poner en marcha nuevas iniciativas que se encargaran de apuntalar el sistema. ECOticias.com
