Ahora, además del visor específico de las ARPSI que ya existía, el público también tiene acceso a la descarga de esta información y los servicios WMS correspondientes, según informaron fuentes de la CHS en un comunicado.
La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha puesto a disposición de todo el mundo la cartografía de zonas inundables a través de su página web ‘http://www.chsegura.es’. Estos mapas de peligrosidad que delimitan y definen las zonas inundables en la cuenca abarcan 1.285 kilómetros de tramos de cauces. Las correspondientes capas cartográficas están disponibles para descargar en formato SHP y también se pueden emplear a través de servicios WMS, existiendo a su vez fichas explicativas para cada una de ellas.
En su día, de esos 1.285 kilómetros se identificaron 22 zonas con un mayor riesgo de inundación de origen fluvial, denominadas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), para las que además de la cartografía de peligrosidad (extensión de la zona inundable y calado), se elaboró también la cartografía de riesgo, que tiene en cuenta la población, actividad económica, puntos de especial importancia y áreas de valor medioambiental.
Ahora, además del visor específico de las ARPSI que ya existía, el público también tiene acceso a la descarga de esta información y los servicios WMS correspondientes, según informaron fuentes de la CHS en un comunicado.
Adicionalmente a la creación de esta cartografía, cabe recordar que la CHS ha redactado el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura, cuyo ámbito de aplicación es el de las ARPSI y que se extiende al periodo 2015-2021.
Este plan fija para cada una de las ARPSI los objetivos de gestión del riesgo de inundación y establece las medidas que debe aplicar cada administración, con el fin de reducir las potenciales consecuencias adversas de la inundación para las personas, el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras.
Con este trabajo el organismo de cuenca da cumplimiento al mandato establecido en la Directiva 2007/60/CE (Directiva de Inundaciones), traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico mediante el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación. Estas tareas se han llevado a cabo con la colaboración de los servicios de Protección Civil, de las Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado.
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