En este sentido, Fiscal ha explicado que en el supuesto de que un plan municipal de vivienda y suelo propusiera un aumento de esta ratio debería justificar con claridad la razón por la que en un municipio se dan condiciones excepcionales que concluyan que el número de habitantes por vivienda es inferior a la media autonómica y nacional.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha afirmado este martes que el Gobierno andaluz no va a avalar un aumento de la edificabilidad residencial, en función del número de habitantes por vivienda, que ocasione perjuicios ambientales y que disminuya la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos, «en beneficio de unos pocos»; en este sentido, ha dejado claro que la Junta «no aceptará modelos que se alejen de las pautas de sostenibilidad urbana por las que apuesta el Ejecutivo andaluz».
No obstante, Fiscal, en una comparecencia a propuesta del PP en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz, ha explicado que la Consejería valorará, de forma excepcional, las necesidades especiales de municipios que sean peculiares y que precisen una estructura distinta, para lo cual se estudiarán los informes que se realicen. Al respecto, la variación del coeficiente habitante por vivienda deberá estar siempre incluido en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo y no provocar una disminución de la calidad ambiental a causa del crecimiento de las zonas residenciales.
El consejero ha recordado que en estos momentos se está tramitando una nueva modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en la que es posible introducir criterios objetivos y consensuados que permitan una regulación que especifique con claridad qué condiciones y trámites deben darse para que un municipio pueda variar en su Plan de Vivienda y Suelo el coeficiente de 2,4 habitantes por vivienda. Es una cifra que se fijó en la orden de 2008 para el cálculo poblacional derivado de las viviendas previstas en los instrumentos de planeamiento urbanístico y ajustada al supuesto número medio de personas que hoy conforman un hogar.
Este coeficiente, que según las previsiones de ocupación de hogares subirá ligeramente a medio plazo, ha servido de guía estos años para que la planificación urbanística adecuara el número de viviendas previstas a la población real. No en vano, el propio Pacto Andaluz por la Vivienda y la Mesa de Concertación Social de Andalucía acordaron que el crecimiento urbanístico se adaptara a la evolución real de la población y al tamaño actual de los hogares andaluces.
En este sentido, Fiscal ha explicado que en el supuesto de que un plan municipal de vivienda y suelo propusiera un aumento de esta ratio debería justificar con claridad la razón por la que en un municipio se dan condiciones excepcionales que concluyan que el número de habitantes por vivienda es inferior a la media autonómica y nacional.
En el transcurso de su intervención, el consejero ha informado de que el Instituto Nacional de Estadísticas baraja que este índice suba al 2,6 para 2023, una cifra muy similar a la que establece la citada orden y que va a permitir que, al menos en este punto, la planificación urbanística se realice con una base y con criterios «sólidos» a la hora de diseñar una ciudad.
En esta línea, el titular de Medio Ambiente ha dejado claro que la ocupación de los hogares andaluces no podrá ser utilizada con carácter general como argumento para que el mercado de viviendas aumente por encima de las necesidades reales.
NO CAER EN «ERRORES DEL PASADO»
Sostiene el consejero que, sobre la base de no repetir los pasos dados con la reciente ‘burbuja inmobiliaria’, Andalucía debe tener un mercado inmobiliario «potente e importante» y la construcción debe ser «importante» en el conjunto de la economía andaluza, «pero bajo ningún concepto se debe caer en errores del pasado», a lo que no debe colaborar ninguna norma que emane de la administración andaluza.
Ha añadido el titular autonómico de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que su departamento está «empeñado», y ya ha dado los primeros pasos, para agilizar la tramitación de los Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU), ya que, con los plazos actuales, cuando éste se aprueba «la realidad es totalmente distinta».
Por su parte, el diputado del PP Jaime Raynaud ha recordado que el récord histórico de visados de vivienda en España se produjo durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y que, en este sentido, Andalucía se encuentra entre las comunidades que, según las previsiones, más viviendas van a necesitar en los próximos años.
Por ello, ha instado al Ejecutivo andaluz a reflexionar sobre la tipología a emprender e impulsar en relación con las viviendas, así como a que «unifiquen y armonicen» toda la normativa urbanística aprovechando la modificación de la LOUA y a que «agilicen los procedimientos».
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