Las empresas de todo el mundo gastan miles de millones de dólares cada año para minimizar los efectos ambientales y sociales de las materias primas, fabricación y transporte de sus productos. Estas inversiones incluyen investigación y desarrollo, construcción de infraestructuras y mantenimiento y asegurar que los procesos funcionen bien y cumplan con las regulaciones vigentes.
Es necesario que las empresas cuenten con incentivos para cumplir con las normas y que las consecuencias de sus acciones no afecten al Medio Ambiente. Para ello se busca emplear las mejores tecnologías que eviten la degradación medioambiental, para no tener que responsabilizarse de las consecuencias ante los gobiernos, los tribunales o la opinión pública.
La investigación y el desarrollo, en materia ambiental en general es cara y siempre conlleva riesgos, porque las empresas nunca están seguras de los resultados que obtendrán. Cualquier factor que haga una actividad más costosa o más arriesgada desalentará esta actividad. Por lo tanto, reducir los riesgos innecesarios que rodean la a innovación en cuestiones ambientales debería conducir a más innovación.
Factores que complican la adopción de nuevas tecnologías
La I+D y la innovación son las bases del crecimiento, pero ante la problemática de que las empresas las consideran “poco seguras”, cierto tipo de riesgos se podrían ver minimizados por una política pública adecuada.
Entre los problemas en los que es necesaria una política ambiental adecuada, destacan tres: las crecientes complicaciones que rodean a las evaluaciones ambientales oficiales, el surgimiento del concepto de licencia social y los efectos de los cambios en los entornos fiscales y regulatorios.
A nivel mundial los procesos de evaluación ambiental se han hecho indebidamente largos, complicados, costosos e inciertos. Esto aumenta los riesgos de inversión por parte de las empresas y podría conducir al abandono de proyectos probablemente exitosos.
Tratar de reemplazar o mejorar las infraestructuras se ha convertido en una pesadilla global y la burocracia generada en torno a lo medioambiental no ayuda a que el desarrollo de nuevas tecnologías e innovaciones lleguen a buen puerto, por lo que la primera medida sería gestionar de forma más ágil todo lo que implica la evaluación a nivel de Medio Ambiente.
El concepto de licencia social que existe en muchos países ha aumentado los riesgos de las innovaciones e inversiones, que podrían conducir a mejores resultados ambientales. La licencia social es un concepto tan difuso al decidir qué proyectos serán permitidos por las instituciones reguladoras, que abre la puerta a decisiones arbitrarias y amenaza el imperio de la ley.
Por último, una empresa que se compromete a una inversión importante, ya sea en infraestructura o innovación, espera un retorno de su inversión. El rendimiento calculado es siempre hipotético, ya que el futuro es desconocido, pero uno de los determinantes del retorno es el costo de la regulación y la tributación. Un ambiente regulador y fiscal volátil desalienta la inversión, ya que crea incertidumbre adicional.
