Ecologistas en Acción Extremadura ha criticado que el decreto 23/2025 de ayudas extraordinarias para la recuperación de zonas afectadas por los incendios forestales este verano «intenta aprovechar una catástrofe para hacer modificaciones legislativas que nada tienen que ver con lo acontecido» e introducir «regresiones graves«.
Entre estas menciona la pérdida de control ambiental previo, la reapertura de planes urbanísticos antiguos sin actualización ambiental y la redefinición del monte como espacio productivo mixto agrícola, «que erosiona la frontera legal entre el uso forestal y agrícola«.
En una nota, la organización ecologista ha recriminado al Ejecutivo regional que «aproveche» el contexto de catástrofe para alterar leyes ambientales, forestales y urbanísticas de forma permanente «amparándose en la extraordinaria y urgente necesidad«.
«Es un clásico caso de decreto ómnibus» con el que se altera la Ley Agraria, la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible (LOTUS) y la de Conservación de la Naturaleza, así como el decreto 134/2019 de actuaciones forestales, según ha apuntado.
Por ello, ha pedido que se separen las ayudas del texto de las modificaciones estructurales que, a su juicio, deberían acometerse por vías ordinarias, «no haciendo rehenes a las ayudas a los sectores dañados por los incendios«.
En el caso de la Ley Agraria, ha advertido de que los cambios introducidos «blanquean» cambios de uso forestal bajo la apariencia de prevención al legalizar la transformación de zonas forestales en plantaciones agroindustriales sin necesidad de autorización ambiental ordinaria.
En el caso de la LOTUS, según Ecologistas en Acción, se introducen «modificaciones urbanísticas encubiertas» al eliminar cualquier plazo o limitación para modificar planes urbanísticos aprobados antes de 2001.
«Permite modificar planeamientos obsoletos sin necesidad de adaptación a la legislación ambiental actual«, ha criticado el colectivo, para el que se abre la puerta a urbanizar «bajo el argumento de reordenar tras los incendios», como ya ocurrió tras los incendios de 2017 en Galicia.
En el caso de la modificación del decreto 134/2019, de aprovechamientos forestales, ha añadido, se reduce el control ambiental y técnico, permitiendo aprovechamientos intensivos de madera quemada procedentes de desastres «sin informes técnicos ni supervisión de los agentes«.
En este sentido, ha explicado que se facilita la explotación rápida de madera post-incendio «cuando los expertos en restauración forestal advierten que las talas apresuradas destruyen suelos y regeneración natural, impidiendo la resiliencia del bosque«.
Además, se copia el discurso del Proyecto Mosaico «pero lo instrumentaliza» ya que, según el colectivo ecologistas, se omite el carácter ecológico del mosaico, basado en diversidad estructural y funcional.
«En su lugar promueve un mosaico productivo y rentista, dominado por especies de bajo valor ecológico, justificadas por su baja combustibilidad«, ha indicado en este sentido.
Asimismo, ha apuntado, se modifica la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de Extremadura, «que nada tiene que ver con la casuística provocada por los incendios», potenciando y facilitando la ganadería intensiva, «que es precisamente una de las causas por la que cada vez hay menos ganado en extensivo en el medio rural y por ende del susodicho control del combustible herbáceo-matorral«.
Igualmente, tampoco entiende la inclusión en el decreto de la modificación de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura, a su juicio con el fin de buscar «una justificación que huye del debate sectorial sosegado sobre la gestión de los espacios naturales protegidos«.
Para Ecologistas en Acción, el decreto-ley 23/2025 instrumentaliza la emergencia post incendios para «diluir garantías ambientales, acelerar cambios de uso encubiertos y deslegitimar la función ecológica del bosque y los múltiples usos que tienen«.
«Lo hace -ha alertado- sin un análisis pormenorizado de cada uno de los grandes incendios forestales en la región y constituye una vulneración indirecta del principio de no regresión ambiental y de participación ambiental (Convenio de Aarhus) al no haber sido fruto de un debate crítico, sin tener los datos completos y adecuados de lo acontecido en los diferentes consejos sectoriales«. EFE / ECOticias.com
