El agrotóxico penetra en el suelo, se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos; así lo comemos y bebemos. Numerosas investigaciones científicas documentan los efectos nocivos del glifosato en la salud humana, la fauna y el ambiente. La industria que lo produce se enfrenta a demandas por haber generado cáncer.
Un año después de la reautorización del glifosato por 10 años más, varias organizaciones solicitan la prohibición del herbicidas en usos no agrarios. El reglamento de reautorización insta a que los estados reduzcan al máximo o prohíban los usos no agrícolas del glifosato en zonas sensibles. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) no se opondría a esta prohibición, según comunicación informal.
Se cumple un año desde que, en noviembre de 2023, la Unión Europea reautorizara el uso del herbicida glifosato hasta el 15 de diciembre de 2033 mediante el Reglamento 2023/2660 de reautorización del glifosato. Dicho reglamento insta a los estados miembros a “reducir al máximo o prohibir los usos no agrícolas del glifosato“ en zonas sensibles tales como parques y jardines públicos, campos de deporte y áreas de recreo, áreas escolares y de juego infantil, así como en las inmediaciones de centros de asistencia sanitaria”.
En una reunión mantenida con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) por Ecologistas y la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología entre otras organizaciones para tratar la reducción de los usos no agrícolas del glifosato, el ministerio comunicó verbalmente que el uso no agrario se situaba próximo al 70% del total del glifosato empleado en España (siendo el máximo consumidor ADIF) y que el MAPA no se opondría a una prohibición de productos a base de glifosato para usos no agrarios. La única condición que puso el MAPA fue que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), también competente, debía solicitar dicha prohibición.
Por desgracia, a la carta enviada por las organizaciones al MITECO pidiendo que iniciara el proceso, el ministerio ambiental respondió que el órgano competente es MAPA, mostrando que o ignoran o desatienden su competencia compartida.
Cabe destacar que, al solicitar las organizaciones por escrito la información sobre cantidad de glifosato empleada en usos no agrarios que el MAPA comunicó verbalmente en la reunión, su respuesta fue que no disponía de esos datos.
Los plaguicidas formulados con glifosato se deben prohíbir o restringir su uso no agrario en espacios sensibles
Lo que el MAPA sí ha dejado por escrito, frente a una petición de información de ecologistas del 23 de septiembre de 2024, es que la posición ministerial “es aplicar la normativa europea”. De acuerdo a esta normativa, cuando se revisen las autorizaciones españolas de los plaguicidas formulados con glifosato, debe prohíbir o restringir su uso no agrario en espacios sensibles.
Además, el hecho de que un plaguicida esté autorizado no obliga a las administraciones públicas a usarlo. Las toneladas de glifosato utilizadas por las administraciones en usos no agrícolas son responsables de la contaminación del medio ambiente y pueden afectar a la salud pública. Estas razones son más que suficientes para dejar este uso.
Por esta razón, ecologistas junto a la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología y a la cooperativa de agricultores La Garbancita Ecológica hacen un llamamiento para que el MAPA, apoyado por los ministerios competentes (Sanidad y MITECO), prohíba el uso no agrícola del glifosato en España.
