La nueva ‘Ley de Control Ambiental de Cantabria’ será, según sus promotores, una norma más útil, más clara y de aplicación ágil, que dará una respuesta más rápida a las necesidades de la administración y de la ciudadanía y que podría llegar a multar con medio millón de euros los daños al medio ambiente que se califiquen como ‘graves’.
Esta será una normativa que actualice la de 2006 y que apunta a la simplificación administrativa, ya que buscará evitar las duplicidades y reducir la burocracia a la que se enfrentan cada día ciudadanos y empresas de la región en cualquier actividad sometida a algún tipo de control ambiental al tiempo que no se descuidará la protección al medio ambiente.
Una ley más estricta y actualizada
El proyecto de Ley de Control Ambiental de Cantabria introduce un régimen sancionador más estricto, con multas de hasta 500.000 euros e inhabilitaciones de hasta cinco años en casos de falsedad en una declaración responsable por daños ambientales graves. Así lo ha señalado el director general de Medio Ambiente, Alberto Quijano, ante la comisión de Medio Ambiente del Parlamento cántabro, que tramite el proyecto de ley.
Quijano ha defendido que el texto es «absolutamente necesario y vital para el futuro de Cantabria» y que permitirá actualizar la legislación autonómica de 2006, superada por la normativa europea y estatal. Según ha explicado, la nueva norma evitará duplicidades administrativas, reforzará la inspección y vigilancia y consolidará la protección del medio ambiente como principio rector, a la vez que busca facilitar el desarrollo económico e industrial de la región.
El anteproyecto ha recibido únicamente siete alegaciones en el trámite de información pública, procedentes de asociaciones empresariales, el Ayuntamiento de Arnuero, el Colegio de Ingenieros, EDP o Plenoil, de las que la mayoría fueron aceptadas y han permitido mejorar el texto inicialmente propuesto, ha indicado.
El director general de Medio Ambiente ha destacado el respaldo unánime del Consejo Asesor de Medio Ambiente, en el que participan consejerías, universidades, organizaciones agrarias, ecologistas, sindicatos y empresas.
Durante el debate, los grupos han coincidido en la necesidad de actualizar la normativa, aunque la diputada socialista Ana Belén Álvarez ha apuntado que la simplificación administrativa que incluye esta ley «no puede significar debilitamiento».
Por su parte, el diputado regionalista y ex consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha señalado que el texto coincide en un 80 por ciento con el anteproyecto elaborado durante su etapa en el Gobierno, algo que ha reconocido el propio director general de Medio Ambiente porque «todo lo que es positivo se adopta de forma inmediata».
El PP ha asegurado que se trata de «la mejor ley posible sobre control ambiental», ya que reduce duplicidades y dé seguridad jurídica. «Estoy convencido de que esta es una ley que puede alcanzar la unanimidad, porque protege el medio ambiente y la salud de las personas, al tiempo que impulsa el desarrollo económico de Cantabria», ha añadido Quijano.
En este sentido, este futuro Plan prevé la introducción de medidas cautelares o incluso la suspensión de la actividad en casos de incumplimientos flagrantes de la normativa, incrementándose las cuantías de las sanciones más graves y planteándose incluso la inhabilitación. Es de destacar que en la etapa de alegaciones públicas, solo se presentaron 7, que solo han mejorado el proyecto. EFE / ECOticias.com
