Para las organizaciones ecologistas, el último informe especial del IPCC sobre los posibles impactos del cambio climático en un escenario de incremento de temperatura de 1,5ºC no deja lugar a dudas sobre la amenaza para la economía.
Las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF reclaman al Gobierno que apruebe urgentemente el instrumento legal necesario para cumplir con los compromisos internacionales de nuestro país, fijar objetivos estratégicos y dar las garantías jurídicas necesarias para una transición a un sistema energético eficiente y que garantice cero emisiones netas en 2040.
Para las organizaciones ecologistas, el último informe especial del IPCC sobre los posibles impactos del cambio climático en un escenario de incremento de temperatura de 1,5ºC no deja lugar a dudas sobre la amenaza para la economía, la salud y la naturaleza de países tan vulnerables como España. Por esta razón, las organizaciones ecologistas consideran una grave irresponsabilidad el intento de determinados sectores económicos y políticos de frenar o retrasar la aprobación de una norma vital para garantizar la competitividad y el empleo en nuestro país en un contexto de inminente cambio de modelo energético y productivo.
Además critican la presión ejercida por las empresas de hidrocarburos y por el sector de la automoción y el transporte, el más emisor de gases de efecto invernadero de la economía española (un 26%), de los que un 96% son debidos a la carretera, y que aumentaron un 2,5% en 2017 respecto al año anterior. Si de verdad se pretenden reducir las emisiones y cumplir con los compromisos europeos e internacionales, es imprescindible una acción decidida en materia de transporte.
En este sentido, la polémica medida de prohibir la matriculación de vehículos que usen combustibles fósiles en 2040 –como se proponía en el borrador de la Ley de Cambio Climático– no puede considerarse en absoluto audaz ya que muchos países de nuestro entorno se plantean hacerlo mucho antes: Austria lo hará en 2020, Noruega en 2025, Dinamarca, Países Bajos o Irlanda en 2030, fecha que también barajan en India, mientras que Alemania o Francia también han fijado 2040 como la fecha tope para esta prohibición, lo mismo que China.
De hecho, las organizaciones firmantes consideran que esto debería implantarse en 2028 para que sea factible la existencia de una flota de vehículos libre de emisiones en 2040.
Por otro lado, las ONG denuncian que con su resistencia al cambio, la industria española del automóvil quedará obsoleta y rezagada de la inevitable reconversión que debe realizar, poniendo en riesgo su viabilidad y todos los empleos que dice defender, al seguir apostando por producir coches que nadie va a comprar y alimentados por combustibles condenados a desaparecer, dado que la propia UE valora abandonar los combustibles fósiles en 2050. Las organizaciones ecologistas también consideran un viaje a ninguna parte la apuesta por el gas por un sector de la industria del automóvil española y de determinadas empresas petroleras.
Para ellas, la única senda sensata es la reducción de las necesidades de transporte y la implantación de vehículos eléctricos alimentados por fuentes renovables. Por todas estas razones, las organizaciones ecologistas reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez que no ceda a las presiones del sector de los combustibles fósiles y sitúe a nuestro país en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y la innovación tecnológica que ofrece la transición energética.
