Un punto de carga defectuoso ha sido el protagonista en Sevilla cuando un conductor ha visto cómo sus dos coches eléctricos se averiaban mientras los cargaba. La instalación fue contratada en 2022 y, aunque seguía en garantía, la empresa responsable se negó a abonar el costo de las reparaciones, lo que provocó que el afectado se pusiera en contacto con Facua.
Ante la “denuncia” presentada por la Asociación de Consumidores a la Junta Arbitral de Consumo, esta ha sentenciado que Iberdrola debe indemnizar al propietario con 515 euros por el coste total de los arreglos de los coches y proceder a la sustitución inmediata del equipo averiado en la plaza de garaje del conductor. Los intentos de Iberdrola por evitar el pago no han servido de nada, ya que Facua pudo demostrar que fue el fallo técnico del punto de recarga lo que averió los automóviles y no un error de su dueño.
Un punto de carga defectuoso avería dos coches eléctricos
Facua ha conseguido un laudo arbitral para que un usuario residente en Sevilla reciba los 515 euros de las reparaciones de dos coches eléctricos averiados en un punto de carga defectuoso.
El usuario se encontró con que, al enchufar los vehículos para su recarga, sus sistemas de batería empezaron a dar señales de fallo, por lo que tuvo que sustituirlos, ha precisado Facua en una nota de prensa.
La instalación del punto de carga fue contratada por el usuario en una plaza de garaje de su propiedad en febrero de 2022, y el funcionamiento del cargador fue normal hasta abril de 2024.
Entonces, el usuario detectó que, tras enchufar uno de sus coches, el punto le dio un mensaje de error en el vehículo que indicaba «batería carga imposible», una situación que se repitió con un segundo vehículo eléctrico.
Por la reparación de ambos coches, que estuvieron inmovilizados en el taller más de un mes, abonó un total de 515 euros.
En paralelo, contactó con Iberdrola, empresa responsable del punto de carga, para solicitar la sustitución del mismo y el abono del dinero que había tenido que pagar por el arreglo de los coches.
Ante la falta de una solución, recurrió a Facua Sevilla, asociación de la que era socio desde 1994, y cuyo equipo jurídico reclamó la sustitución del punto de carga, que aún se encontraba dentro de los tres años de garantía que establece la normativa europea, y el abono de la reparación.
Para conseguir este pago, Facua acudió a la Junta Arbitral de Consumo para que emitiera un laudo favorable a los intereses del usuario, indicando que el mal funcionamiento del punto de carga había dañado los vehículos, como quedaba acreditado por el taller encargado de las reparaciones.
