Una nueva investigación publicada por la organización Igualdad Animal Italia ha reabierto el debate sobre la supervisión y el cumplimiento de protocolos en un matadero situado en la zona de Cremona, al norte del país. El informe se centra en la empresa Zema S.R.L., dedicada al sacrificio y procesamiento de porcino desde 1987, y en la que, según los datos difundidos por la propia organización, se sacrifican unos 150.000 cerdos al año.
La cifra no es menor. En una región donde se crían más de 800.000 cerdos anuales, este centro concentraría aproximadamente el 19% de esa actividad. ¿Qué implica esto en la práctica? Que cualquier fallo en controles, auditorías o trazabilidad tiene un impacto grande, no solo por volumen, también por la confianza del consumidor y por el modelo agroalimentario que decimos querer.
Qué denuncia el informe y por qué importa
Igualdad Animal sostiene que el material recopilado en el interior de la instalación muestra incumplimientos repetidos de normas y procedimientos que deberían aplicarse en distintas fases del proceso. Su análisis, añaden, ha sido revisado por veterinarios y juristas especializados.
La organización también afirma que presentó tres denuncias desde 2020 (dos ante la Fiscalía y una por presunta publicidad engañosa), y que, hasta la fecha, no habría recibido respuesta por parte de las autoridades. Dicho así, el problema no es solo lo que ocurre en un punto concreto de la cadena, sino la sensación de que el sistema de verificación llega tarde o llega a medias. Y eso se nota.
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“Made in Italy”, marketing y verificación real
Otro elemento que destaca el informe es el contraste entre la imagen de marca y la fiscalización efectiva. Zema S.R.L. aparece vinculada a la marca de calidad “Made in Italy” y se presenta como especialmente responsable en su operativa. Sin embargo, Igualdad Animal habla de “una situación muy diferente” a la que se sugiere en esa comunicación pública.
Aquí conviene frenar un segundo y quedarse con la idea clave. Cuando la alimentación se vende como calidad, esa promesa necesita pruebas, no solo mensajes. En el fondo, es lo mismo que pasa con el “eco” en los lineales. Si no hay controles independientes y mecanismos claros de rendición de cuentas, el consumidor acaba pagando más por algo que no puede comprobar.
La propuesta sobre la mesa (y una herramienta que ya existe)
Igualdad Animal recuerda que en 2017 impulsó una petición dirigida a los ministerios italianos competentes para reforzar controles y promover sistemas de vigilancia como el CCTV en instalaciones de este tipo. La campaña, según sus datos, superó las 200.000 firmas.
En términos ambientales y de sostenibilidad, este tipo de debates no son accesorios. La cadena alimentaria es una de las grandes piezas del puzzle climático y territorial. Hablar de control y transparencia también es hablar de gestión responsable, de estándares verificables y de un sistema que no dependa de que alguien “mire hacia otro lado”. Porque cuando se pierde la trazabilidad y la supervisión, no solo se resiente la ética del proceso. También se resienten los estándares que sostienen la seguridad, la confianza y la competitividad del sector.
Qué deberían vigilar consumidores y administraciones
Sin entrar en tecnicismos, hay tres preguntas sencillas que ayudan a entender por qué esta noticia tiene recorrido.
La primera es si los controles públicos y privados son suficientes para un volumen así.
La segunda es si las auditorías y certificaciones se basan en evidencias robustas y revisables.
La tercera es si existe un mecanismo ágil para responder cuando se registran alertas o denuncias repetidas.
En un contexto europeo donde se habla cada vez más de sostenibilidad, bienestar, huella ambiental y coherencia en la cadena alimentaria, la transparencia no es un lujo. Es el mínimo.
Fuente: Igualdad animal
