Cantabria ya no es solo tierra de pastos y montes verdes. También se ha convertido en uno de los nuevos feudos del lobo ibérico, con 23 manadas censadas, casi el doble que hace una década. Al mismo tiempo, el nuevo censo nacional contabiliza 333 manadas en toda España, un aumento moderado que llega acompañado de más ataques al ganado y de un debate cada vez más duro sobre si se debe volver a disparar contra el depredador.
El recuento, coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, confirma que la mayor parte de los lobos sigue en el cuadrante noroeste, sobre todo en Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria. Dentro de ese mapa, Cantabria destaca porque ha pasado de 12 a 23 manadas respecto al censo de 2012 2014, mientras que a escala estatal se ha pasado de 297 a 333 manadas, algo más de un 12 por ciento de aumento. Aun así, el número estatal sigue lejos de las alrededor de 500 manadas que los expertos consideran necesarias para asegurar la viabilidad genética de la especie a largo plazo, por lo que el lobo mejora pero aún no está fuera de peligro.
Ese avance tiene una cara dura para los ganaderos. Solo en Castilla y León se certificaron en 2024 unos 3 973 ataques que provocaron la muerte de 5 985 animales, casi un 47 por ciento más de ataques que en 2021. En Cantabria el propio Gobierno regional ha contabilizado 2 681 ataques en 2024, con 3 233 animales muertos o heridos y comarcas como Campoo especialmente castigadas. Para quien vive de la ganadería extensiva, cada ataque no es un dato en una tabla, es otra noche sin dormir y otra factura pendiente.
El contexto legal ayuda a entender por qué el debate se ha encendido tanto. Desde 2021 todos los lobos de España quedaron bajo protección especial al incluirse en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, lo que prácticamente frenó la caza y los controles letales. En 2025 el péndulo se movió en sentido contrario cuando el Convenio de Berna rebajó el estatus del lobo de especie estrictamente protegida a especie protegida y España modificó después su normativa interna. Desde la primavera de 2025 los lobos al norte del Duero han dejado de figurar en el listado de protección especial, lo que permite que varias comunidades hayan anunciado cupos propios de extracción.
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Cantabria es uno de los casos más claros. Su Plan de Gestión del Lobo permite la extracción de hasta 41 ejemplares hasta junio de 2026 y el Ejecutivo autonómico admite que desde abril ya se han abatido 21 animales, a los que se suman varios lobos muertos por atropello. El Gobierno regional defiende que se trata de un control necesario para sostener la ganadería extensiva y asegura que nadie quiere exterminar a la especie. Organizaciones ecologistas como WWF España sostienen lo contrario y hablan de una persecución «insostenible y sin base científica», además de advertir de que el cupo se ha calculado inflando el número de manadas al contar también las que se comparten con comunidades vecinas.
Para buena parte del mundo rural el lobo simboliza más trámites y más riesgos para un ganado que ya se ve afectado por sequías y costes al alza. Para los defensores de la biodiversidad, en cambio, su recuperación muestra que los ecosistemas del norte peninsular siguen funcionando. Entre esos dos mundos se mueven las 333 manadas que hoy recorren los montes españoles y, en particular, las 23 que ya residen en Cantabria. Más prevención en el campo, más apoyo económico a quien convive con el lobo y más transparencia al fijar los cupos de extracción pueden marcar la diferencia entre una convivencia razonable y un choque permanente. La nueva radiografía del lobo ibérico deja claro que el animal ha vuelto con fuerza, ahora falta decidir cómo queremos que se quede.
El comunicado oficial con el censo nacional del lobo 2021 2024 se ha publicado en el sitio web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
