La ‘incompetencia política’ usa como pelotas de pingpong a los animales del laboratorio Vivotecnia

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha remitido una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para solicitarle que se trasladen «inmediatamente» a los animales del laboratorio Vivotecnia a «centros seguros de protección».

«Ninguna institución puede mirar hacia otro lado ante el maltrato animal», ha apuntado este miércoles en redes sociales respecto a la carta remitida a Ayuso, en la que demanda también información sobre la situación actual de los animales, además de valorar la reubicación de los ejemplares de forma coordinada entre las dos administraciones.

Fue el 1 de junio cuando la Comunidad cesó la suspensión temporal del laboratorio tras comprobar ahora que implementó «todas las medidas preventivas y correctoras solicitadas para garantizar la protección de los animales y evitar que se reproduzcan hechos como los que se conocieron». En esa misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, la ministra le solicita la remisión de los expedientes de inspección realizados por la Consejería de Medio Ambiente y le exhorta a que permita a su departamento comprobar también la situación de los animales en estas instalaciones.

Imágenes que generaron «alarma social»

Belarra relata que tuvieron conocimiento del presunto caso de maltrato animal en las instalaciones del laboratorio, ubicado en Tres Cantos, mediante unas «imágenes difundidas en medios de comunicación» que generaron «una enorme alarma social, incrementada especialmente por la decisión de mantener a los animales en el mismo centro, aparentemente bajo la custodia de las mismas personas que pudieron estar implicadas».

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Con ello, hace referencia a la denuncia de la ONG ONG Cruelty Free International que difundió unos vídeos de situaciones de presunta violencia en el laboratorio de Vivotecnia. Tras una inspección en las dependencias, el Ejecutivo regional determinó la suspensión cautelar de actividad ante presuntos indicios de maltrato.

Al respecto, la ministra recuerda a la presidenta regional que la Dirección General de Derechos de los Animales, que ostenta Sergio García Torres, tiene entre sus funciones la de coordinar a comunidades autónomas, entidades locales y otras administración públicas en las acciones consistentes en la protección de los animales.

Por ello, rememora que este departamento trató de establecer contacto con la Comunidad de Madrid desde el mismo día en que se conoció este caso, al objeto de «establecer un mecanismo de colaboración para evaluar la situación de los animales». «Adicionalmente se ofrecieron diferentes recursos para ubicarlos», prosigue la carta de Belarra entiendo que, ante esos indicios de maltrato que motivaron la suspensión, la Comunidad de Madrid procedería al decomiso de los ejemplares.

Repetidos ofrecimientos de colaboración desoídos

Desde entonces, desgrana que se ha ofrecido «repetidamente» esa colaboración a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Madrid, órgano en el que recae la facultad de inspección y responsable de la «salvaguarda» de los animales utilizados en experimentación. «En diferentes ocasiones desde el Ministerio que presido se han establecido intentos de comunicación por diferentes vías, con el departamento competente de su administración, siendo infructuosos los intentos de coordinación, colaboración e incluso respuesta sobre la situación de los animales».

Por todo ello, se dirige personalmente a Ayuso para pedirle que se lleve a cabo las acciones oportunas para «garantizar la colaboración», que se remitan al Ministerios los expedientes elaborados por la Comunidad de Madrid y se les permita la colaboración e inspección, sin olvidar que es la administración autonómica la que tiene potestad de ejercer, con el «objetivo de proteger el bienestar de los animales, el decomiso administrativo de los mismo».

«Reiteramos nuevamente la disponibilidad del Ministerio de Derechos Sociales y su Dirección General de Derechos de los Animales para colaborar de manera coordinada (…) con el único objetivo de conseguir la mejor solución para garantizar el bienestar animal, ofreciendo todos nuestros servicios veterinarios y la colaboración para la localización de centros adecuados de acogida de animales en el caso de ser necesario», concluye la ministra.

La reapertura fue «intolerable»

En redes sociales, García Torres consideró «intolerable» la reapertura del centro y consideró que la Comunidad de Madrid prefirió «mirar a otro lado, pese a las reiteradas peticiones de la sociedad civil, de diferentes instituciones y el proceso judicial para que garantizara el bienestar de los animales» que se encontraban en este centro.

Sobre todo cuando se remitieron cuatro oficios a la Fiscalía, solicitando inspecciones y ofreciendo equipo veterinario e instalaciones para decomiso y puesta a salvo de los animales. En el caso de la Comunidad, se enviaron tres oficios y «ni contestaron». También indicó que el 11 de abril parecía, a tenor de la paralización de la actividad, que la Comunidad sacaría a los animales y detalló que su departamento propuso la «inclusión» de un sistema de videovigilancia en todos los laboratorios de experimentación del país, medida que ya se aprobó para mataderos.

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