El informe de SEO/BirdLife analiza la situación de cada una de las comunidades autónomas en materia de biodiversidad. Las medidas solicitadas son diferentes para cada administración (diez para cada comunidad autónoma y veinte para la Administración General del Estado), pero se centran básicamente en:
* Aprobar los planes de recuperación de especies amenazadas.
* Aprobar los planes de gestión de espacios de la Red Natura 2000.
* Proteger algunas Áreas Importantes para la Conservación de las Aves
* Aprobar y/o actualizar las leyes de caza.
* Actualizar los catálogos de especies amenazadas.
* No autorizar determinados proyectos con un gran impacto ambiental.
* Mejorar los procedimientos de participación pública.
* Ajustar la normativa a la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
* Tener en cuenta la Red Natura 2000 en los planes hidrológicos de cuenca.
* Asegurar el desarrollo sostenible en los espacios protegidos.
En enero de 2010, con motivo de la Conferencia europea Meta y visión post-2010 en materia de biodiversidad, organizada en Madrid por la Presidencia Española de la Unión Europea, se aprobaron unas conclusiones, denominadas Prioridades de Cibeles, en las que se pusieron los cimientos sobre los que debe asentarse una política responsable de conservación de la biodiversidad. En esta conferencia se concluyó que la crisis de la biodiversidad es tan profunda o mayor que la actual crisis económica, y que tiene unas consecuencias extremadamente graves para el planeta y para el bienestar humano.
En la solución de esta crisis mundial de la biodiversidad los países europeos deben adquirir compromisos importantes, no sólo por su gran responsabilidad en la creación de la misma, dentro y fuera de sus fronteras, sino por la capacidad económica y de liderazgo que tienen para solucionarla. España ha dado algunos pasos interesantes con la aprobación en diciembre de 2007 de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y convocando una Conferencia Europea durante su presidencia. Las prioridades de Cibeles son también un paso importante hacia la aprobación de una estrategia europea de biodiversidad más allá de la Meta 2010. Sin embargo, la realidad es que España dedica actualmente un presupuesto muy insuficiente para la conservación de la biodiversidad y que cualquier otro interés, principalmente económico, arrincona sistemáticamente la obligación legal y moral de conservar la naturaleza.
De esta forma, pese a ser una obligación legal, las comunidades autónomas carecen de planes de recuperación de las especies amenazadas, o de planes de gestión de los espacios protegidos, y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino dedica menos del 1% de su presupuesto a la conservación de la biodiversidad. A casi tres años de su aprobación, la Ley de Patrimonio está prácticamente bloqueada por la falta de recursos. Aún no se ha empezado a discutir siquiera el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que debe guiar las políticas sectoriales del país para que éstas puedan ser sostenibles a medio y largo plazo, y asuntos capitales como la aprobación de un nuevo Catálogo Estatal de Especies Amenazadas o unas directrices de gestión para los sitios Natura 2000 acumulan mucho retraso. De hecho, el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad creado por la Ley solamente se ha reunido una vez en estos tres años.
Para salir de la crisis en la que está sumida la biodiversidad es necesario llevar a cabo acciones decididas por parte de todos los poderes públicos y es necesario que se desarrollen con urgencia. No es posible postergar estas acciones a que lleguen tiempos económicamente mejores, ya que tal vez la situación se torne irreversible. Los estudios encargados por la Unión Europea, como el TEEB, demuestran que resulta mucho más caro restaurar los ecosistemas, que salvaguardar los bienes y servicios que nos proporcionan y en los cuales descansa buena parte de la economía. Asuntos vitales para España, como la mitigación del cambio climático, la conservación de los suelos y la lucha contra la desertificación, la producción de suficientes recursos hídricos o la calidad de los paisajes litorales y de montaña en los que se fundamenta la primera industria nacional, el turismo, dependen de que se tomen las medidas necesarias para proteger la biodiversidad de nuestro territorio.
