La gestión del alimoche Neophron percnopterus, un buitre amenazado a nivel mundial, que habita en la Cordillera Cantábrica «podría ser más eficiente si existiese una coordinación entre las distintas administraciones afectadas», en referencia a las tres comunidades autónomas de Asturias, Cantabria y Castilla y León donde cría y se distribuye este ave, según ha concluido un trabajo del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, un centro mixto del CSIC, la Universidad de Castilla La-Mancha y la Junta de Castilla-La Mancha.
El estudio, publicado en el último número de la revista Journal of Applied Ecology, además propone que para mejora la conservación de especies en peligro de extinción se trabaje sobre unidades ecológicas homogéneas, en la que individuos, territorios o poblaciones de una especie estén sometidas al mismo tipo e intensidad de amenazas, en lugar de atendiendo a los límites administrativos y sugiere cómo podría repartirse ese esfuerzo de conservación de forma más eficiente entre las distintas comunidades.
Este enfoque es, según ha indicado uno de los investigadores, Pedro Olea, novedoso puesto que los gestores frecuentemente tienden a aplicar «las mismas medidas de conservación en todo el área de distribución de una especie», sin considerar que en cada área varía el tipo e intensidad de cada amenaza y por tanto el riesgo de extinción.
Olea ha señalado que como el proceso se realiza de manera sistemática, lo que, «garantiza su repetibilidad», al mismo tiempo que se utilizan técnicas estadísticas para incorporar la incertidumbre en la formación de las unidades de gestión, «es posible estimar el grado de credibilidad de la clasificación resultante».
El método facilita además la interpretación de los resultados mediante su visualización gráfica en forma de mapas y representaciones en 3D.
EL BUITRE AMENAZADO
Por otro lado, los investigadores han medido en cada uno de los territorios españoles donde habita el alimoche hasta ocho amenazas para la especie, entre las que se encontraba el riesgo de uso ilegal de veneno, la presencia de eólicos, la densidad de habitantes y carreteras, el estar dentro o no de un área protegida, o la disponibilidad de alimento.
En concreto, el 72 por ciento de las 18 unidades de gestión homogéneas, un total de trece, incluyeron territorios geográficamente próximos y un tercio de ellas se encontraban en territorios distribuidos en más de una comunidad autónoma.
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