La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ya estudia el proyecto de protección de márgenes del río Guadalquivir remitido a la administración por parte de la Autoridad Portuaria de Sevilla, impulsora del proyecto de dragado de profundización de este cauce fluvial, dado que éste era uno de los puntos pendientes aludidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a la hora de declarar como viable la vigente Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
En una entrevista concedida a Europa Press, la consejera del ramo, María Jesús Serrano, ha confirmado este extremo y ha señalado, frente a las peticiones de implicación directa de colectivos ecologistas y de algunas formaciones políticas –una proposición no de ley aprobada en el Parlamento insta a la participación explícita de la Junta a la hora de evitar que el dragado se acometa sin los condicionantes científicos establecidos–, que puede afirmar «con contundencia» que «no se autorizará nada que ponga en peligro el estuario del Guadalquivir».
«No nos hemos quedado en una mera declaración de intenciones», ha reivindicado Serrano, que ha señalado que se necesita el cumplimiento de los requisitos aludidos por la comisión técnica establecida ‘ad hoc’. A día de hoy, los técnicos competentes se encuentran examinando el proyecto del Puerto, por lo que «estamos a la espera de que se estudie y se vea si se cumplen o no los condicionantes».
Ha expuesto la titular autonómica de Medio Ambiente que «si luego se precisa más documentación, o se establecen más condiciones porque no se cumple con lo que la normativa medioambiental o el comité de expertos requiere, pues habrá que pedirla», bajo la premisa de no permitir una acción que suponga la salinización de los cultivos de arroz de la zona.
Serrano ha recordado que el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, «ya ha manifestado que no iba a pasar a la historia como el ministro que permitió que se salinizaran los cultivos del entorno, por lo que se ve que también es consciente de la complejidad del proyecto y de las consecuencias que éste puede tener». La Consejería, ha finalizado, debe autorizar «algo que medioambientalmente garantice que no hay peligro para el estuario del Guadalquivir».
PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN DE LA CE
El proyecto fue recientemente la causa de la apertura de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea (CE), que ha remitido una carta de emplazamiento a las autoridades españolas en las que solicita sus observaciones respecto al caso. El presidente del Puerto, Manuel Fernández, confirmaba entonces a Europa Press que ya se trabaja de cara a dar respuestas a un proceso que, por otra parte, «es obligado» y que «no nos afecta a nosotros, como Puerto, sino al Estado español, que ya hace sus propias consideraciones».
Por otra parte, la Autoridad Portuaria reivindica que la dirección ambiental de la iniciativa está garantizada al contar al frente de la misma con el catedrático de Biología de la Universidad de Sevilla (US) José Carlos García, Premio de la Unesco y Nacional y Andalucía en esta rama.
El colectivo ecologista WWF, promotor de la queja ante Europa, ya ha actualizado ante la CE la situación con la remisión de nueva información al respecto, según ha confirmado a Europa Press el coordinador técnico de la Oficina en Doñana de la asociación, Juan José Carmona.
Éste ha recalcado que la apertura de un procedimiento de esta naturaleza por parte de la Comisión Europea supone la detección de una posible vulneración de la normativa, puesto que «a este órgano le llegan miles de quejas y sólo un porcentaje muy pequeño de ellas prospera».
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