El nuevo censo nacional del lobo estima que en España existen 333 manadas (entre 1.300 y 1.600 individuos), lo que supone un 12% (36 grupos más) de incremento con respecto al anterior conteo realizado hace más de una década.
Esta cifra queda lejos de las 500 manadas que los científicos consideran necesarias en la península Ibérica para garantizar la viabilidad genética del carnívoro, que implicaría su supervivencia a largo plazo, indica el Ministerio para la Transición Ecológica.
Para llegar a esa situación, faltarían unas 100 manadas en la península, teniendo en cuenta que en Portugal existen alrededor de 60. Es por esa razón que según indica la ciencia y el sentido común, la caza del lobo debería estar prohibida.
El lobo es víctima de intereses políticos y económicos
La Comisión Europea, a través de la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, ha respondido a una pregunta formulada por Podemos y Alianza Verde en el Parlamento Europeo sobre la situación del lobo ibérico en España. En su respuesta, Roswall ha dejado claro que no se puede autorizar la caza del lobo mientras su estado de conservación siga siendo desfavorable, y ha recordado la obligación de los Estados miembros de aplicar el principio de precaución cuando exista incertidumbre científica. Esta advertencia afecta directamente a comunidades como Cantabria, donde siguen autorizándose batidas contra esta especie.
Además, la Comisión recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció en el caso C-436/22 que la caza de especies protegidas no puede autorizarse si su estado de conservación es «desfavorable-inadecuado», y que en caso de duda debe aplicarse el principio de precaución. En consecuencia, si el Gobierno de Cantabria continúa impulsando batidas contra el lobo, podría estar actuando fuera del marco legal comunitario.
Podemos y Alianza Verde advierten de que mantener estas prácticas podría implicar infracciones graves de la Ley estatal 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como posibles delitos penales contemplados en el artículo 334 del Código Penal, que castiga la caza ilegal de especies protegidas con penas de prisión de hasta dos años, multas e inhabilitación para cargo público.
Por todo ello, Podemos y Alianza Verde exigen que la presidenta de Cantabria confirme públicamente que se ha dado la orden de detener cualquier acción cinegética o de control letal sobre el lobo, y que se informe de forma transparente a la ciudadanía sobre las instrucciones trasladadas a los técnicos y agentes del medio natural. Persistir en estas acciones no solo compromete la legalidad del Ejecutivo, sino también la reputación de Cantabria ante las instituciones europeas.
El lobo ibérico es una especie clave para el equilibrio ecológico de nuestros ecosistemas y su caza no puede justificarse bajo ningún argumento político o de presión sectorial. Desde Podemos Cantabria han reiterado que su protección es una obligación legal, científica y ética, y que no permitiremos que el Gobierno regional vulnere las normas europeas con total impunidad.
Para Juantxo López de Uralde, coordinador federal de Alianza Verde, «Las trampas y los bulos de las derechas no se sostienen, y el lobo debe ser una especie protegida. El censo del lobo que se hizo público recientemente desmonta todos los mitos sobre la amenaza que representa la especie, y ahora la Comisión también nos da la razón. Por eso hacemos un llamamiento a las CCAA, especialmente a Cantabria, a detener las matanzas, pero también al Ministerio a moverse y devolver al lobo al LESPRE». ECOticias.com
