Galicia ha dado el primer paso en la protección del lobo y marca un camino esperanzador para poder revertir la caza de este animal. Todo responde a la suspensión cautelar dictada por la justicia gallega justo cuanto todavía no se ha matado a ningún ejemplar.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anunció el miércoles pasado la suspensión cautelar de la resolución de la Xunta que reactivaba la caza del lobo para la temporada 2024-2025, tras un recurso de ecologistas, y esto puede sentar precedente en otras comunidades autónomas.
A diferencia de otras comunidades como Asturias y Cantabria, donde hay cupos específicos de caza de lobos y ya se han abatido ejemplares, la resolución de la Xunta no fijaba cuotas «pero establecía que las sociedades de cazadores podían solicitar autorización para matarlos cuando existan daños constatados a la ganadería«.
El precedente de Galicia en la protección del lobo
Galicia es la primera comunidad en la que la justicia ha suspendido cautelarmente la caza del lobo, decisión que llega cuando todavía no se había matado a ningún ejemplar y que puede marcar un precedente para otras regiones, aunque la Xunta tiene previsto recurrirla.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anunció el miércoles la suspensión cautelar de la resolución de la Xunta que reactivaba la caza del lobo para la temporada 2024-2025, tras un recurso de organizaciones ecologistas. Esta decisión, que afecta a la actual temporada de caza que finaliza el 31 de julio, ha llegado antes de que se empezasen a matar lobos.
A diferencia de otras comunidades loberas como Asturias y Cantabria, donde hay cupos específicos de caza y ya se han abatido ejemplares, la resolución de la Xunta no fijaba cuotas pero establecía que las sociedades de cazadores podían solicitar autorización para matarlos cuando existan «daños constatados» a la ganadería.
La Dirección General de Patrimonio Natural tramitó varias solicitudes en Lugo, A Coruña y Ourense y autorizó dos en estas dos últimas provincias que estaban «suficientemente justificadas», pero aún no habían dado resultados, ha informado la Consellería de Medio Ambiente.
Estas autorizaciones quedan suspendidas debido al auto judicial, celebrado por los ecologistas, que esperan que pueda servir de precedente en casos similares abiertos en tribunales de otras comunidades autónomas.
Estas entidades ecologistas recurrieron además la siguiente resolución de la Xunta, que establece las órdenes de vedas para la temporada de caza 2025-2026 y que se aplicará a partir del 1 de agosto, y esperan que la respuesta del TSXG a estos recursos sea la misma.
«Confiamos en que para las medidas cautelares que también hemos solicitado el tribunal se pronuncie en el mismo sentido», han señalado, al tiempo que aseguran que el auto «sienta un muy buen precedente».
También de cara a otras comunidades loberas, donde la justicia ha rechazado medidas cautelares similares, como ha ocurrido en Asturias y Cantabria.
«Los autos judiciales no son ajenos fuera de los límites autonómicos. Por supuesto que los tribunales superiores de justicia de otras comunidades lo verán, lo analizarán y confiamos en que este criterio cale», han insistido.
Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, está «convencida» de que van a recurrir y ha denunciado este jueves las diferencias con otras regiones: «En Galicia no podemos tener un comportamiento distinto del que estamos teniendo en Cantabria o Asturias».
Vázquez, que ha lamentado que el ganadero «queda desprotegido» y ha insistido en que los números del censo de la Xunta, que son «verdaderos», apuntan a que las manadas de lobos han crecido de las 84 que había en 2014 hasta 93 en la actualidad.
Sin embargo, el tribunal consideró que estos datos muestran que «el incremento, limitado, de manadas se produce en la mayoría de las áreas compartidas», con Castilla y León, Asturias o Portugal, y que el resto de aumentos, salvo en Lugo -tres manadas- no son «significativos».
La Xunta también ha divulgado que hay una media diaria de diez muertes de ganado por lobos, y que entre 2021 y 2024 los avisos por ataques crecieron un 76 % y las reses afectadas un 57 %. Para el TSXG, estos datos no son suficientes: dijo que no se ha ofrecido información «ni cualitativa ni cuantitativa» sobre los daños a la ganadería, y que estos, aunque «no son reversibles, sí son indemnizables».
Los números habían sido objeto de tensiones entre la Xunta y el Gobierno central, y la semana pasada Vázquez volvió a avisar de que estará «vigilante» para que los datos enviados «no se tergiversen» en el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo que prepara el Ministerio para la Transición Ecológica.
Con la caza paralizada, quienes no están contentos son los ganaderos; Unións Agrarias-UPA ha pedido «agilidad» para resolverlo y ha alertado de las «consecuencias» que puede tener sobre el equilibrio del medio rural gallego.
«La sociedad gallega debe saber que el lobo no está en peligro de extinción en Galicia y que nadie defiende su desaparición en el territorio. Sin embargo, es necesario controlar sus poblaciones y sus daños para garantizar una convivencia razonable», ha defendido. EFE / ECOticias.com
