La desprotección del lobo ibérico representa un tema de gran controversia en la conservación de la biodiversidad en la península ibérica. Es una especie emblemática y clave en los ecosistemas, actuando como reguladora natural de las poblaciones de herbívoros y contribuyendo a mantener la salud de los hábitats. Sin embargo, en los últimos años, ha sido objeto de políticas que buscan reducir su protección legal.
Históricamente, el lobo sufrió una fuerte persecución debido a los ataques a ganado y al temor que despertaba en las comunidades rurales. En este sentido, reducir la protección legal del mismo podría facilitar su control pero poniendo en riesgo su supervivencia a largo plazo.
La puerta abierta a la caza del lobo, ahora en el Constitucional
El Tribunal Constitucional debatió ayer martes, en su pleno, si admite a trámite el recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra varios artículos de la ley de prevención de pérdidas y el desperdicio alimentario por considerar que podrían abrir la puerta a facilitar la caza del lobo. La medida se enmarca en un momento en el que la Unión Europea (UE) ha reducido la protección de esta especie, algo que preocupa a sectores ecologistas y divide a los distintos partidos políticos.
El Defensor del Pueblo cuestiona tres puntos concretos de la citada ley de desperdicio alimentario: una disposición adicional, una disposición transitoria única y una disposición final que vulnerarían los artículos 45 -derecho al medio ambiente- y 24.1 de la Constitución -derecho a la tutela judicial efectiva-.
Estas medidas podrían vulnerar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que incluye al lobo como especie silvestre protegida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe). Sin embargo, a día de hoy, el Tribunal Constitucional no puede imponer medidas cautelares debido a que la institución el Defensor del Pueblo no las solicitó en su recurso inicial presentado días atrás.
La polémica también se ha intensificado por la proximidad del plazo para entregar los informes sexenales, que hace referencia a la Directiva Hábitats de la UE para la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Esos informes deben ser remitidos a Bruselas antes de que finalice el mes en curso pero, en el caso concreto del lobo, de momento no cuentan con una opinión unánime de ambos niveles de la administración pública.
El análisis elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), a partir de los datos facilitados del último censo de la especie recientemente publicado, que certifica la existencia de 333 manadas –un 12 % más que en el anterior censo, que data de 2012/2014 –, concluye que su estado de conservación sigue siendo «desfavorable-inadecuado» y justificaría su regreso al Lesrpe.
Sin embargo, las llamadas comunidades del norte del Duero aducen que este crecimiento demuestra que el animal no se encuentra en peligro y que su estado puede considerarse «favorable». Si el Gobierno mantuviese la clasificación de esta especie en estado «desfavorable», legalmente quedaría muy limitada la posibilidad de autorizar su caza, incluso en casos excepcionales.
La situación de desacuerdo entre esas comunidades y el Gobierno ha provocado la cancelación de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente prevista para hoy y que fue comunicada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tras una solicitud de la Plataforma para la Defensa de la cordillera Cantábrica.
La especie, aunque ha mostrado cierta recuperación, sigue siendo vulnerable en muchas áreas, especialmente ante la presión de la expansión urbana, la agricultura intensiva y la caza furtiva. Además, la desprotección puede generar un desequilibrio ecológico, dañando la cadena trófica y afectando a otras especies. EFE / ECOticias.com