Varela ha explicado que el objetivo es «poner por primera vez sobre la mesa de un tribunal» un estudio que evalúe las pérdidas en los espacios naturales, ecosistemas y especies, así como las pérdidas en el sector pesquero, la actividad turística o el impacto social de la catástrofe, entre otros aspectos.
Al respecto, el fiscal superior de Galicia ha subrayado que con ello se pretende que el tribunal «pueda pronunciarse con estos criterios sobre la posibilidad de valorar el daño ambiental integral» y ha precisado que el estudio encargado abarcará tanto a Galicia como a las demás comunidades autónomas afectadas por la catástrofe.
En base a este estudio, se pretende fijar el montante global de responsabilidad civil, con arreglo a los protocolos de estimación reconocidos internacionalmente.
FURTIVISMO EN GALICIA
Por otra parte, el fiscal superior de Galicia ha confirmado también el encargo de un estudio al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil sobre la situación del furtivismo en la pesca en Galicia, que espera esté concluido a finales de este año.
Con él, la Fiscalía pretende determinar «si hay actividades de furtivismo que puedan ser objeto de tipificación penal», ha indicado Varela, quien ha precisado que «hoy por hoy la infracción es administrativa».
Precisamente, esta es una de las demandas del sector pesquero gallego, la Consejería de Mar y los agentes encargados de vigilar la costa para evitar capturas irregulares, que defienden la necesidad de que el furtivismo sea tipificado como delito para lograr su erradicación.
ECOticias.com – ep
