El pasado 20 de marzo tuvo lugar la aprobación en el Congreso de los Diputados de la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. En consonancia con la Agenda 2030, esta nueva normativa busca reducir a la mitad la cantidad de comida que se desperdicia y procede de la venta minorista y en manos de los consumidores; además de una rebaja del 20% en la cadena de suministro.
Y es que este problema afecta a todos; sí, también a los consumidores. Se ha demostrado que echar esa comida a la basura, hasta 75 kilogramos de alimentos por persona al año, tiene graves consecuencias desde un punto de vista social, económico y medioambiental.
En el caso de estos últimos sobre todo y lo que atañe a sus hogares, hay muchos alimentos que acaban en el cubo de la basura y ni siquiera se han usado, comido o probado; es el caso de frutas, hortalizas o lácteos.
75 kg de alimentos por persona y año: los datos del desperdicio alimentario
En 2011, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estimó que se desaprovecha alrededor de un tercio de la producción de alimentos: el 40% en la fase de producción y otro 40% por parte del consumidor, a lo que se suman un 15% en la restauración y un 5% en la distribución. Se calcula que el desperdicio alcanza los 75 kg por persona y año. En los hogares, la mayoría de los alimentos que tiramos a la basura ni siquiera han llegado a usarse y atañe principalmente a frutas, hortalizas y lácteos.
Resulta evidente la necesidad de romper esta dinámica y poner un poco de sensatez en este mundo donde los alimentos están tan mal repartidos. Mientras una parte del mundo sufre hambruna, en la otra se tiran los alimentos feos, los que están a punto de caducar o el exceso de comida que hay en el plato.
La nueva ley contra el desperdicio alimentario
El 20 de marzo de 2025 se aprobó en el Congreso de los Diputados la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. La aprobación incorpora diferentes enmiendas procedentes de su trámite en el Senado. La ley tiene una clara vinculación con los objetivos de sostenibilidad de la Agenda 2030, esto es, la reducción del 50% del desperdicio en la venta minorista y en manos de los consumidores, y del 20% en la cadena de suministro.
Esta ley pretende impactar en todos los actores de la cadena alimentaria: empresas de producción, transformación, distribución de alimentos, hostelería, restauración y consumidores, ya que se ha demostrado que el problema del desperdicio alimentario afecta a todos, tiene fuertes implicaciones sociales, económicas y medioambientales.
Muchos de los puntos que aparecen en esta ley ya venían aplicándose de manera voluntaria, como es el caso de las donaciones a los bancos de alimentos, la reducción de precios en productos cercanos a su fecha de consumo en los supermercados o la posibilidad de que el cliente se lleve a casa la comida no consumida en el restaurante. Con la ley en la mano, ahora serán obligatorios.
Medidas para luchar contra el desperdicio alimentario
A cada actor de la cadena alimentaria se le reservan medidas particulares.
- A todas las empresas de la cadena alimentaria se les pide que implementen planes de prevención y reducción de pérdidas y desperdicio durante todos sus procesos, y que se promocionen convenios para donar los excedentes a entidades de iniciativa social, entidades sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. En caso de que los productos no sean aptos para donar, se fomentará la canalización hacia la alimentación animal o la generación de compost o biogás, siempre manteniendo la jerarquía (primero las personas, luego los animales y finalmente el compostaje). Este tipo de actuaciones vendría vinculado con beneficios fiscales. Quedan exentos los establecimientos con superficie menor a 1.300 m2.
- Las entidades de ámbito social y otras organizaciones sin ánimo de lucro que reciban las donaciones deben garantizar la trazabilidad de los productos donados, mantener unas correctas prácticas de higiene en la conservación y manipulación, siendo ellas responsables del producto desde el momento de la entrega por parte del donante. Para las donaciones, es requisito que no haya discriminación de ningún tipo (por discapacidad, sexo, edad, salud, orientación sexual, identidad o expresión de género, nacionalidad, origen racial, etc.) y se prohíbe la venta. La donación se vincula con proyectos que posibiliten el empleo.
- En las tiendas y supermercados se tienen que seguir estrategias para ofrecer productos de fecha corta a un precio reducido, y fomentar la venta de productos denominados “feos”, “imperfectos” o poco estéticos por la forma o la talla (sobre todo frutas y verduras), pero que son totalmente aptos para el consumo.
- En hostelería es obligatorio ofrecer al cliente alguna forma de llevarse el sobrante de la comida; pueden cobrar por el envase y lo harán siempre que el envase sea de plástico de un solo uso. Además, se debe fomentar la oferta con raciones de menor tamaño para evitar el desperdicio y la posibilidad de elegir la guarnición.
- La Administración tiene también sus deberes, y no son pocos. Debe promover la colaboración entre administraciones y agentes de la cadena. Se asigna la creación de un marco normativo, las labores de vigilancia, coordinación y control para que se cumpla la norma, y un papel fundamental en la creación de campañas divulgativas de información y concienciación dirigidas a todos los sectores, entre ellos los consumidores finales. Debe elaborar guías de buenas prácticas para mejorar la gestión alimentaria y reducir las pérdidas. Es tarea suya divulgar información relativa a cómo planificar los menús, las compras (tales como alimentos frescos, de temporada, de producción local o ecológicos), cocina de reaprovechamiento, así como a la correcta interpretación de las fechas de caducidad y consumo preferente. Con una periodicidad anual, el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación realizará un informe que recogerá el resultado de la ejecución del Plan nacional de Control de pérdidas y desperdicio.
- Y en cuanto a los consumidores, tendremos derecho a recibir información sobre las medidas para reducir el desperdicio alimentario en los hogares. Además, la norma permitirá que, de alguna manera, podamos ahorrar gastando menos:
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- con los productos que los supermercados pongan de oferta a bajo coste, bien porque estén cerca de su fecha de caducidad o bien porque por su forma fea, tamaño imperfecto o color no sean atractivos;
- pidiendo en los restaurantes raciones de menor tamaño, más adecuadas a nuestro consumo, y llevándonos a casa lo que no hemos consumido en el establecimiento.
También los consumidores se verán beneficiados de las donaciones que hagan los productores a los bancos de alimentos.
A juicio de OCU, la Ley sobre el desperdicio alimentario va en el buen camino para reducir la enorme cantidad de alimentos desaprovechados. De hecho, se han recogido muchas de las propuestas pedidas por OCU en su documento sobre la toma de postura sobre sostenibilidad en alimentación.
No obstante, no hay que perder la oportunidad de ser más ambiciosos. Esta ley debe completarse con planes definidos, realistas y efectivos (y con financiación) que lleven a los consumidores a reducir el desperdicio. En la ley se habla de incentivar, fomentar, promover… es importante que eso se traduzca en una realidad, y que de ninguna manera salga más barato tirar que donar.
Y, desde luego, hacen falta unas campañas claras de comunicación a los consumidores sobre la diferencia entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente:
- “consumir preferentemente antes de…” significa que pasada la fecha el producto no estará al 100% en sabor, olor, textura, pero es comestible;
- sin embargo, la “fecha de caducidad” de los alimentos perecederos es una fecha de seguridad pasada la cual no debe consumirse.
