Desenmascarando el Plan de Saneamiento y Depuración del Instituto Aragonés del Agua

Todo forma parte de un nudo gordiano, de una serie de trampas administrativas, una maraña de documentos técnicos, números y fórmulas que amedrentarían a cualquiera. Sin embargo, desenredado el lío y con luz sobre las sombras, todo resulta mucho más fácil.

Muchos vecinos de diversos pueblos de la comarca del Matarraña se resisten a las imposiciones del Instituto Aragonés del Agua, que pretende construir decenas de depuradoras a partir de datos sobredimensionados, con informaciones opacas y con unos costes inasumibles, innecesarios e insostenibles.

Una decisión tan incorrecta como inoportuna desencadenó una serie de cuestiones que sólo podían ser respondidas a base de tesón y perspicacia. Cuando el Instituto Aragonés del Agua se atrevió a ubicar la depuradora a las puertas del pueblo de Cretas, algunos vecinos que no entendían nada, empezaron a hacerse preguntas… y a encontrar respuestas que jamás hubieran imaginado.

Todo forma parte de un nudo gordiano, de una serie de trampas administrativas, una maraña de documentos técnicos, números y fórmulas que amedrentarían a cualquiera. Sin embargo, desenredado el lío y con luz sobre las sombras, todo resulta mucho más fácil.

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Pero para eso, como en toda buena historia, hay que empezar por el principio…

Capítulo 1: Los antecedentes

I.1 El Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración

La Directiva 91/271/CEE,relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas, exigía que los estados miembros de la Unión Europea habilitaran todas las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para su cumplimiento antes del 30 de junio de 1993. Para ello se aprobó el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales 1995-2005.

Esta Directiva decía que antes del 31 de diciembre de 2005 todos los pueblos y ciudades mayores de 2.000 habitantes equivalentes (h-e) que vertieran sus aguas residuales a aguas continentales, deberían disponer de un tratamiento secundario o equivalente.

Una vez agotado ese plazo sin haber acometido con éxito la totalidad de los proyectos, España aprobó el Plan Nacional de Calidad de la Aguas 2007-2015, el cual exigía dar prioridad a las actuaciones en zonas sensibles, con instalaciones adecuadas a pueblos con menos de 2.000 h-e; así como fomentar la I+D+i en la depuración de esos pequeños núcleos de población mediante sistemas de bajo mantenimiento.

En esta línea, el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, que es el cuerpo de élite de ingenieros civiles del Ministerio de Fomento, y que se dedica a ofrecer apoyo multidisciplinar de alto nivel tanto a las administraciones públicas como a las empresas privadas) editó una guía de saneamiento para pequeños municipios (de menos de 3.000 habitantes), en la que enfatiza la necesidad de promover modelos de depuración extensiva (las denominadas “depuradoras ecológicas”) para este tipo de localidades.

El Gobierno de Aragón, por algún motivo que jamás ha hecho público, vetó de por sí esta guía, y por tanto, también las plantas de depuración extensiva o ecológicas.

I.2 Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración

Para desarrollar en Aragón el Plan Nacional de Calidad de la Aguas 2007-2015, la DGA aprobó en junio de 2001 el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, por el que se pretendía construir todas las infraestructuras de saneamiento y depuración necesarias, así como la aplicación del Canon de Saneamiento según la Ley de Saneamiento y Depuración (de 1997).

Para cumplir los objetivos de este Plan, el Instituto Aragonés del Agua (IAA) optó por un modelo de gestión público-privada: el contrato de concesión de obra pública. De esta manera, la Administración desplazaba la financiación de las infraestructuras a la iniciativa privada, que era quien tenía que sufragar el coste de las citadas infraestructuras. Sin embargo, para acometer tan magno proyecto, la Unión Europea ya había otorgado al Gobierno de Aragón una cantidad cercana a los 180 millones de euros. De modo que el Gobierno de Aragón recibió esta cantidad de dinero dedicada a la construcción de unas infraestructuras, para las que él mismo había recurrido al contrato de concesión de obra pública, y que por tanto no tenía que sufragar.

Posteriormente, el 23 de marzo de 2004, el Gobierno de Aragón aprobó el Plan Especial de Depuración de Aguas Residuales de Aragón, con el objeto de completar las depuradoras que se iniciaron por el PASD a todas las poblaciones de más de 1.000 habitantes equivalentes.

Este Plan Especial elaboró una serie de zonas, entre las cuales la ZONA 10, que comprendía 17 municipios de Teruel y Zaragoza.

I.3 Convenios de colaboración entre los Ayuntamientos y el Instituto Aragonés del Agua

Tanto el art. 25 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local como el art. 42 de la Ley 7/1999 de Administración Local Aragonesa, establecen que la competencia de depuración de aguas residuales recae en el municipio. Sin embargo, las entidades locales pueden optar por delegar el ejercicio de sus competencias sobre abastecimiento, saneamiento y depuración a la Comunidad Autónoma, en base al art. 8.3 de la Ley 6/2001 de Participación y Gestión del Agua en Aragón.

A tal efecto, en octubre de 2005, el Instituto Aragonés del Agua (IAA) emprendió una campaña de formalización de “Convenios de colaboración” con los ayuntamientos de los municipios pendientes de construir sus depuradoras, por los que cedían sus competencias para la construcción y explotación de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), directamente por el mismo IAA, o por encargo a la empresa pública “Sociedad de Desarrollo Medio Ambiental de Aragón S.A.” (SODEMASA).

Estos convenios establecían que en cada municipio se crearía una Comisión de Seguimiento, presidida por el Director del IAA o persona en quien delegue, el Alcalde o Concejal designado, e integrada por cuatro vocales, uno del I.A.A., uno de SODEMASA, y otros dos del Ayuntamiento.

En la realidad, pocas o ninguna Comisión se llegó a constituir, dejando de lado la participación de las administraciones locales, que eran las que tenían en principio la competencia, y que vieron como ésta había sido “secuestrada” por el IAA.

I.4 Trámites administrativos para los proyectos de construcción de depuradoras

En lo que respecta a las depuradoras de la Zona 10-A, el 20 de febrero de 2008 el IAA publicó en el BOA un anuncio para convocar la licitación del Contrato de concesión para la construcción, redacción y explotación de la Zona 10 del Plan Especial de Depuración, que fue adjudicado el 5 de agosto de 2008 a la UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA – COPISA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SL – ESTRUCTURAS ARAGON SAU, constituidas en la sociedad DEPURARAGON S.A.

I.5 Revisión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración

Mientras no se iniciaba ninguna de las infraestructuras sacadas a licitación, el Gobierno de Aragón aprobó a través del Decreto 107/2009 de 9 de junio, la Revisión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, con el objeto de adaptarlo a diversa normativa, y de actualizar los datos del Plan, incorporando el censo de población y vivienda de 2001, y los datos deducidos de los proyectos y depuradoras en funcionamiento.

I.6 Actuaciones comprendidas en la Zona 10

Pese a la Revisión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración del 2009, DEPURARAGON S.A realizó y entregó al Instituto la totalidad de los proyectos constructivos de las depuradoras de la Zona 10, los cuales fueron aprobados por el IAA el 7 de enero de 2010. Pero ninguna de las depuradoras proyectadas jamás se llegó a construir, porque el 26 de septiembre de 2012, el contrato con DEPURARAGON S.A. fue rescindido.

El Instituto Aragonés del Agua, una vez rescindido el contrato, decidió organizar una nueva licitación de la concesión, pero adaptando los proyectos existentes a nuevos condicionantes sobrevenidos, con nuevos estudios de vertidos y nuevos datos de partida, y actualizando el presupuesto. Además, decidió dividir las actuaciones comprendidas en la ZONA 10 en tres grupos denominados ZONA 10-A, ZONA 10-B y ZONA 10-C, en base a criterios de organización territorial, optimización y agilidad en la construcción y garantía en una correcta explotación de las EDARES incluidas en cada nueva zona.

Dentro de la ZONA 10-A se incluyeron las actuaciones necesarias para la depuración de las aguas residuales de los municipios de Beceite, Cretas, La Fresneda, Peñarroya de Tastavins y Valderrobres.

El 23 de julio de 2013 el Gobierno de Aragón autorizó la financiación plurianual, desde 2015 hasta 2035, de la ejecución del contrato de concesión de obra pública (que comprendía la redacción de los proyectos, la construcción y la explotación de las depuradoras de la Zona 10 A durante 20 años), y tres días después el presidente del IAA ordenó el inicio del expediente de contratación.

El 19 de agosto de 2013 se publicó en el BOA el anuncio del Instituto Aragonés del Agua por el que se convoca la nueva licitación por una cantidad de 40.749.684,37 euros (IVA excluido).

La adjudicación del contrato la ganó el día 13 de diciembre de 2013 la U.T.E. formada por las empresas SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA SA, DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO SL, ACYC OBRAS Y SERVICIOS SLU, PAVAGUA AMBIENTAL SL, y PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA, que de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se constituyó en la sociedad DEPURACIÓN ZONA 10-A S.A.

El 13 de febrero de 2014 se firmó el contrato de concesión entre la empresa citada y el IAA, y a continuación se inició la redacción de los consecuentes proyectos para la Zona 10-A.

Finalmente, en los meses de noviembre y diciembre de 2014 se abrieron los cinco períodos de información pública, en lo que cabe destacar estas dos circunstancias especiales:

– En Cretas, alentados por la Asociación de Vecinos y Vecinas de Cretas, los vecinos presentaron alrededor de 1.500 alegaciones al proyecto, consiguiéndose una importante movilización popular. El motivo principal radicó en el hecho que el Alcalde de Cretas había presentado en el año 2012 una alegación para acercar la EDAR, de los 1.675 metros iniciales, a menos de 200 metros del núcleo urbano, dando prioridad a los intereses de las empresas por delante del de los vecinos que pudieran resultar afectados.

– En La Fresneda, todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento se unieron y presentaron alegaciones al tipo de depuración impuesta por el IAA, así como a la falta de participación que había protagonizado todo el proceso.

Capítulo 2: El falso proceso participativo

Pese a los intentos y las buenas intenciones por parte del legislativo aragonés y del español, como se puede ver en la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón y en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, lo cierto es que el IAA se ha mostrado más bien torpe en la aplicación de estos contenidos legislativos.

La clave de ello reside en los propios Convenios de Colaboración que suscribió este organismo con multitud de Ayuntamientos aragoneses, mediante los cuales se prometían principios como la buena fe, la colaboración y el entendimiento. Para ello, era necesaria la creación de Comisiones de Seguimiento, donde el Instituto Aragonés del Agua facilitase el debate y el acercamiento.

Sin embargo, pocos pueblos han llegado a recibir esta dádiva. Y la prueba de ello es que no existe ningún documento en el que algún Ayuntamiento haya podido dar su opinión acerca de los costes o los tipos de depuración que el IAA ha acabado por imponerles. Sí hay, sin embargo, respuestas del IAA poco apropiadas al diálogo, a través de la contestación a alegaciones presentadas tanto por vecinos como por corporaciones locales.

Tampoco ha podido ser localizado en Aragón ningún estudio del IAA que se centre en las repercusiones sociales que puede comportar la construcción de una depuradora, con todos sus contras y sus pros, en las inmediaciones de los cascos urbanos.

Ello queda patente en las cerca de 1.500 alegaciones que los vecinos de Cretas presentaron a finales de noviembre de 2014, en contra de la situación de la EDAR a menos de 200 metros del núcleo urbano. Por supuesto, todas denegadas.

Capítulo 3: Los números cantan

Uno de los aspectos más alarmantes es el que afecta a la financiación del Plan de Saneamiento y Depuración. En este caso, el baile de números es tal, que tan sólo da lugar a un pequeño resumen, a modo de triste aperitivo. Eso sí, con números contrastados y extraídos de la documentación oficial.

El Plan Especial de Depuración de Aguas Residuales de Aragón para la Zona 10-A, que abarca únicamente los municipios de Cretas, La Fresneda, Valderrobles, Beceite y Peñarroja de Tastavins, resultó licitado por una cantidad de 40.749.684,37 euros (IVA aparte). Con esta cantidad se debe pagar tanto la construcción de las cinco EDAR, como su explotación (el coste de depurar las aguas residuales) durante los próximos 20 años, hasta el 2.035.

Según el contrato, los costes de construcción son los siguientes:

EDAR de Cretas: 1.080.820 euros

EDAR de La Fresneda: 817.981 euros

EDAR de Valderrobles: 2.136.710 euros

EDAR de Beceite: 1.561.182 euros

EDAR de Peñarroja: 804.851 euros

Total: 6.401.544 euros de construcción total de las 5 EDAR

El IAA ha respondido a las alegaciones presentadas que el coste explotación de cada depuradora será de alrededor de 50.000 euros anuales, y teniendo en cuenta los costes de construcción, los datos obtenidos son los siguientes:

50.000 euros/anuales x 5 EDAR = 250.000 euros/año de costes de explotación

250.000 euros/año x 20 años = 5.000.000 euros de costes de explotación totales

6.401.544 euros de construcción total de las 5 EDAR

+ 5.000.000 euros de costes de explotación totales

11.401.544 euros por la construcción y la explotación de las 5 EDAR

Estos casi 11,5 millones de euros distan mucho de los más de 40,7 millones por los que se ha licitado el contrato. Lo cual nos hace pensar que el coste real de la depuración y de la explotación es mucho mayor del anunciado por el IAA, y que de media sería de casi 350.000 euros por EDAR y por año.

40,7 millones de licitación

– 6,4 millones de construcción

34,3 millones

÷ 5 EDAR

6,86 millones/EDAR ÷ 20 años = 343.000 euros

Por otro lado, el Plan de depuración partió Aragón en varias zonas, una de ellas la Zona 10, que comprendía la construcción de 16 EDAR para 17 pueblos: éstos eran Cretas, La Fresneda, Beceite, Peñarroya, Valderrobles, Aguaviva, Mas de las Matas, Valdealgorfa, Cantavieja, Castellote, Iglesuela del Cid, Maella, Nonaspe, Calaceite, Mazaleon, y Catelserás y Torrecilla de Alcañiz, que compartían depuradora.

Toda la Zona 10 se licitó en el año 2008 por 89.878.009, con un presupuesto base de licitación de 113.499.059. Posteriormente se deslicitó, se partió la zona 10 en las tres subzonas A, B y C, y volvió a salir a licitación cada subzona por separado, en principio en base a criterios de organización territorial, optimización y agilidad en la construcción y garantía en una correcta explotación de las EDARES incluidas en cada nueva zona:

– la Zona 10-A por 44.824.652 euros

– la Zona 10-B por 49.316.261 euros

– y la Zona 10-C por 51.015.352 euros

Esto nos da un total de 145.156.265, o sea 31.657.206 euros más caro.

Además, en las nuevas licitaciones no se le da servicio a Torrecilla de Alcañiz, con lo cual se queda un municipio fuera.

Capítulo 4: La alternativa verde

En La Fresneda, el día 25 de febrero de 2015 tuvo lugar una interesante reunión acerca de los sistemas de depuración extensiva actuales y las novedades tecnológicas. A esta cita fueron invitados tanto el IAA como la empresa adjudicataria DEPURACIÓN ZONA 10-A S.A., para que pudieran explicar sus puntos de vista y sus inquietudes. Pero nadie de ellos tuvo a bien asistir.

En esta reunión sí estuvo presente una empresa especializada en depuración de filtro verde, Hydrolution, los representantes de la cual presentaron un proyecto fundamentado en los mismos factores que el proyecto de EDAR de La Fresneda.

Las conclusiones numéricas fueron las siguientes:

– La construcción de la EDAR de aireación prolongada del IAA costará 817.981 euros. La alternativa ecológica de Hidrolution, 100.000 euros menos.

– Los costes de explotación de la EDAR de aireación prolongada del IAA eran de unos 50.000 euros anuales, por 19.000 de la alternativa ecológica.

– Con la construcción de la depuradora extensiva, el coste por habitante censado sería de 3,35 euros/mes, un 60% de ahorro respecto al sistema del IAA.

A todo esto, cabe decir que ambas cumplirían con los mismos parámetros, pero la depuradora de filtro verde de Hidrolution incorpora el tratamiento terciario, que hace posible la reutilización del agua depurada, cosa que no sucede con la EDAR del IAA, contraviniendo la normativa española y aragonesa que aboga por la reutilización del agua tratada.

Vistos los resultados, y siendo que también el cuerpo de élite de los ingenieros del Ministerio de Fomento están del lado de las depuradoras de filtro verde para los municipios de menos de 3.000 habitantes, no se puede comprender la tozudez del Instituto Aragonés del Agua en vetar sistemáticamente este tipo de depuración, mucho más sostenible y adecuado al entorno rural, sin explicar los fundamentos de su posicionamiento.

Capítulo 5: Las conclusiones finales

A lo largo de estas páginas se ha plasmado, de modo reducido, una gran cantidad de información que no hace sino alimentar la opacidad del Plan de Depuración y Saneamiento de Aragón. Con números que no cuadran, con ausencia de debate participativo y con el veto a los sistemas alternativos, el Instituto Aragonés del Agua no puede llevar adelante un proyecto viciado y plagado de errores flagrantes, muchos de ellos basados en deslices de “copiar-pegar”.

Tampoco la política de imposiciones y de obscurantismo es digna de una Administración pública del siglo XXI, que cuenta con un interesante despliegue normativo, pero menospreciado por un cuerpo de profesionales alejado del buen hacer y de la honestidad, que han hecho primar los intereses de las grandes corporaciones por delante de los derechos y la dignidad de los vecinos de las áreas rurales.

En conclusión, la Asociación de [email protected] de Cretas no cesará en su empeño por diluir este nefasto Plan, que perjudica onerosamente a todos los aragoneses, y que trata de engañar a un pueblo suficientemente castigado por las crisis, los desastres naturales y las corruptelas de algunos.

Agustín Riba, presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Cretas

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