Ecologistas exigen la eliminación del ‘blindaje’ a las construcciones ilegales

Se trata de una modificación de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, promovida por el PSOE, que exige numerosas condiciones para ejecutar la demolición.

Las ONG ambientales han exigido a PP y PSOE que elimine el blindaje a las construcciones ilegales porque un cambio normativo hace «casi imposible» demoler las edificaciones ilegales y que esta situación sea reformada en caso de formar nuevo gobierno.

Se trata de una modificación de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, promovida por el PSOE, que exige numerosas condiciones para ejecutar la demolición.

Las ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han lamentado que se haya fortalecido la impunidad y el obstáculo a luchar contra la corrupción que supone esta nueva norma que entró en vigor el 1 de octubre.

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Así, denuncian que todos estos trámites solo servirán para complicar y alargar de forma «desmesurada» los procesos de demolición de obras ilegales, haciendo «casi imposible» que se lleven a término. Esto, a su juicio, «solo fortalece la sensación de impunidad de quienes vulneran las leyes urbanísticas, al tiempo que obstaculiza la lucha contra la corrupción».

Además, lamentan que esta reforma proceda del PSOE, que se ha comprometido «públicamente a luchar contra la corrupción y los delitos urbanísticos» porque esta medida «va en la dirección opuesta» y solo puede favorecer a administraciones cómplices y a empresas que se han lucrado con la destrucción ilegal de nuestro patrimonio natural.

En concreto es la Ley Orgánica 7/2015 por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial que, en su Disposición final tercera, se modifican varios artículos de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Entre ellos, el artículo 108 que establece el régimen de ejecución de sentencias que declaran la ilegalidad de una construcción y ordenan la demolición, cuando el responsable es la administración.

En este contexto, recuerdan que las obras se realizan por que una administración las autoriza y aunque se pueden recurrir ante los tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se trata de un trámite «largo y caro» puesto que una sentencia firma puede tardar, al menos, cinco años. Mientras tanto, las obras pueden realizarse y el inmueble ponerse en uso o venderse.

Además, señala que los gastos del procedimiento son para el recurrente y, si este pierde, será condenado en costas. Si a pesar de estos obstáculos una organización ecologista o un particular se anima a recurrir una ilegalidad urbanística y logra una sentencia firme que lo reconozca, debe enfrentarse a la ejecución de sentencia y presentar un incidente de ejecución.

Se trata de un proceso tan largo o más que el recurso, agravado por el hecho de que la administración suele modificar el planeamiento urbanístico o incluso aprobar nuevas normas a medida para legalizar lo declarado ilegal.

Como ejemplo, recuerdan casos como la nueva Ley de Suelo de Extramadura para «legalizar» la urbanización Marina Isla Valdecañas, en Cáceres, o la Ley de Ordenación del Territorio y del Régimen Urbanístico aprobada por Cantabria en 2011, y que suspendía varias sentencias de demolición.

Ahora una nueva redacción del artículo 108, promovida por una enmienda del PSOE en el Senado, lo convierte en «misión casi imposible», por lo que «a partir de ahora no será suficiente» con que la sentencia declare la ilegalidad de un inmueble construido, sino que además tendrá que «ordenar motivadamente la demolición del mismo». Hasta ahora se aplicaba la jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual la «demolición» era un «pronunciamiento implícito» al declarar ilegal una obra.

En resumen, las cinco ONG exponen que para derribar un inmueble ilegal con orden de demolición, será necesario «previamente» asegurar la indemnización de terceros pero si no se logran garantías suficientes, no se procederá al derribo. De este modo, la fianza se antepone al derecho privado de terceros a cambio de sacrificar el interés y derecho de todos, pues el urbanismo es una función pública, donde si algo es ilegal es porque perjudica al interés de todos.

Por último, destacan que el nuevo artículo establece que se deberá averiguar si los terceros afectados por la demolición lo son de buena fe o no, es decir, si compraron sin conocer que lo construido era ilegal. En caso contrario, no se procederá a la indemnización.

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