Unos 20 activistas rumanos, húngaros, austriacos, italianos y eslovacos, protestaron en silencio junto a las oficinas del ministro Laszlo Borbely con pancartas en las que se podían leer lemas como «Salvad Rosa Montana» o «No al cianuro en Rosia Montana».
El Gobierno estudia si conceder los permisos medioambientales que necesita el proyecto empresarial, mediante el cual se extraerían, utilizando cianuro, 314 toneladas de oro y 1.500 toneladas de plata. Al frente de esta iniciativa, contemplada desde hace 14 años, figura Rosia Montana Gold Corporation, de la que es principal propietaria la canadiense Gabriel Resources Ltd y en la que el Gobierno rumano participa con el 19 por ciento.
El proyecto está valorado en 7.500 millones de dólares (unos 5.700 millones de euros al cambio actual). Durante años, se ha topado con la oposición de grupos ecologistas y de las autoridades húngaras, temerosas de que el yacimiento destruya restos del imperio romano y provoque un desastre medioambiental.
El experto de Greenpeace Gergely Simon ha denunciado junto al Ministerio que «no hay forma de utilizar el cianuro que sea viable en términos medioambientales». Por este motivo, las organizaciones ecologistas han planeado una serie de protestas no sólo en Rumanía, sino también en las embajadas en Sofía, Viena, Budapest y Varsovia.
Frente a las críticas, el ministro de Medio Ambiente ha aclarado que el proyecto se encuentra todavía en fase de estudio y que, en cualquier caso, no tomarán las decisiones por el miedo a la reacción popular. «No me asustan», ha dicho Borbely ante los periodistas.
La mina cuenta con el beneplácito del presidente, Traian Basescu, y de la mayoría de los 2.800 habitantes de Rosia Montana que ven en este plan una fuente de puestos de trabajo y dinero. «No propondré este proyecto al Gobierno para su aprobación si no estoy convencido al cien por cien de que no provocará daños en el medio ambiente», ha advertido Borbely.
El ministro ha avanzado que no puede confirmar «de momento» su posición final y ha aplazado cualquier «conclusión» sobre esta controvertida materia al mes de febrero.
ECOticias.com – ep
