Unos 20 activistas rumanos, hĂșngaros, austriacos, italianos y eslovacos, protestaron en silencio junto a las oficinas del ministro Laszlo Borbely con pancartas en las que se podĂan leer lemas como «Salvad Rosa Montana» o «No al cianuro en Rosia Montana».
  El Gobierno estudia si conceder los permisos medioambientales que necesita el proyecto empresarial, mediante el cual se extraerĂan, utilizando cianuro, 314 toneladas de oro y 1.500 toneladas de plata. Al frente de esta iniciativa, contemplada desde hace 14 años, figura Rosia Montana Gold Corporation, de la que es principal propietaria la canadiense Gabriel Resources Ltd y en la que el Gobierno rumano participa con el 19 por ciento.
  El proyecto estĂĄ valorado en 7.500 millones de dĂłlares (unos 5.700 millones de euros al cambio actual). Durante años, se ha topado con la oposiciĂłn de grupos ecologistas y de las autoridades hĂșngaras, temerosas de que el yacimiento destruya restos del imperio romano y provoque un desastre medioambiental.
  El experto de Greenpeace Gergely Simon ha denunciado junto al Ministerio que «no hay forma de utilizar el cianuro que sea viable en tĂ©rminos medioambientales». Por este motivo, las organizaciones ecologistas han planeado una serie de protestas no sĂłlo en RumanĂa, sino tambiĂ©n en las embajadas en SofĂa, Viena, Budapest y Varsovia.
  Frente a las crĂticas, el ministro de Medio Ambiente ha aclarado que el proyecto se encuentra todavĂa en fase de estudio y que, en cualquier caso, no tomarĂĄn las decisiones por el miedo a la reacciĂłn popular. «No me asustan», ha dicho Borbely ante los periodistas.
  La mina cuenta con el beneplĂĄcito del presidente, Traian Basescu, y de la mayorĂa de los 2.800 habitantes de Rosia Montana que ven en este plan una fuente de puestos de trabajo y dinero. «No propondrĂ© este proyecto al Gobierno para su aprobaciĂłn si no estoy convencido al cien por cien de que no provocarĂĄ daños en el medio ambiente», ha advertido Borbely.
  El ministro ha avanzado que no puede confirmar «de momento» su posición final y ha aplazado cualquier «conclusión» sobre esta controvertida materia al mes de febrero.
ECOticias.com – ep