En un taller de cuatro días celebrado en noviembre en Bali, Indonesia, se logró un hito de gran importancia gracias al diálogo constructivo y a las posibles sinergias entre las comisiones e instituciones nacionales de derechos humanos de Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas y Camboya. El taller fue convocado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia y organizado por el Forest Peoples Programme o FPP (Programa para los pueblos de los Bosques) y la ONG indonesia Sawit Watch, con el apoyo de la Iniciativa para los Derechos y los Recursos, el Instituto Samdhana y RECOFTC – The Center for People and Forests (El Centro para los Pueblos y los Bosques, traducción no oficial).
En este histórico taller sobre «Los derechos humanos y las actividades empresariales: enfoques jurídicos plurales de la resolución de conflictos, el fortalecimiento institucional y la reforma jurídica» hubo 60 participantes, entre los que se incluían distinguidos académicos, representantes de pueblos indígenas y miembros de ONG nacionales e internacionales que los apoyan. El Relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, dio el discurso inaugural, y Raja Devasish Roy, miembro elegido del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII por sus siglas en inglés) y jefe tradicional del círculo Chakma en la región montañosa de Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, ofreció una presentación.
El taller se centró en los retos para asegurar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades rurales en el contexto de la rápida expansión de la agroindustria, en particular el sector del aceite de palma, así como en la necesidad de reconocer su derecho al desarrollo y a mejorar su bienestar. El rico y diverso intercambio de lecciones aprendidas, experiencias y recomendaciones que caracterizó al taller sirvió para fomentar un mayor entendimiento mutuo entre los comisionados de derechos humanos, abogados regionales, activistas de derechos humanos y ONG que apoyan estos derechos.
Con la intención de abarcar y conectar los niveles local, nacional, regional y/o internacional implicados y afectados por la expansión de la agroindustria , los participantes del taller identificaron oportunidades para aplicar enfoques jurídicos plurales que protejan los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades que se rigen por normas de derecho consuetudinario, especialmente los derechos de propiedad de la tierra. Se recalcó la necesidad de un enfoque de la expansión agrícola basado en los derechos en toda la región del sudeste de Asia, un enfoque que debe tener en cuenta las normas de derechos humanos, guiado por principios y estándares de derechos humanos y orientado hacia el ejercicio de los derechos humanos por parte de todos.
El informe del Prof. John Ruggie, representante especial del Secretario General de la ONU para empresas y derechos humanos, titulado Proteger, respetar y remediar: un marco para las actividades empresariales y los derechos humanos (2008), que habla de las responsabilidades de las empresas en relación con los derechos humanos., fue fundamental para las discusiones. Este informe, conocido como Marco de las Naciones Unidas para las Actividades Empresariales y los Derechos Humanos, fue identificado como base y una posible herramienta crucial para el diálogo. Un hecho que fue especialmente relevante para el tema del taller es que «la responsabilidad [que tienen las empresas] de respetar los derechos humanos es una norma de conducta global que se espera de todas las empresas comerciales, dondequiera que desarrollen su actividad. Es un hecho independiente de la capacidad y/o la voluntad de los Estados de cumplir sus propias obligaciones relacionadas con los derechos humanos, y no las disminuye. Además está por encima del cumplimiento de las leyes y reglamentos nacionales que protegen los derechos humanos».
En sus comentarios finales Marcus Colchester (Forest Peoples Programme) y Nur Kholis (Komnas HAM) recalcaron la necesidad tanto de acciones inmediatas como de objetivos a largo plazo para asegurar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales ante la expansión de la agroindustria por sus tierras consuetudinarias. También se resaltó el papel crucial que las instituciones nacionales de derechos humanos pueden desempeñar exponiendo los motivos de preocupación que les suscitan la agroindustria y los derechos humanos ante las instituciones financieras internacionales (como los bancos ecuatoriales), los grupos de trabajo de la ONU, los órganos de los tratados de derechos humanos de la ONU y los relatores especiales de la ONU, así como ante la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN). Además, los participantes estuvieron de acuerdo en que los diferentes conceptos de «desarrollo» tienen que ser coherentes con los diferentes sistemas y procesos jurídicos aplicables a diferentes niveles: local, nacional, regional e internacional. Se llegó a la conclusión de que el requisito fundamental que hay que cumplir para alcanzar estos objetivos es una colaboración continua y con iniciativa propia entre las comisiones de derechos humanos, con el apoyo de ONG y organizaciones indígenas.
Un resultado importante del taller fue la elaboración de una norma regional de derechos humanos para la expansión agrícola en el sudeste de Asia, anclada a las normas internacionales de derechos humanos y a la Declaración de Edimburgo del CIC. Esta nueva norma, la Declaración de Bali sobre los derechos humanos y la agroindustria en el sudeste de Asia, recuerda a las empresas su obligación jurídica de asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos, incluso cuando los Estados en los que desarrollan su actividad no respetan completamente dichos derechos, y cuando el marco legislativo además de ser débil es impuesto con poco rigor. Dicha declaración también apela a los Estados para que asuman sus obligaciones jurídicas de protección de los derechos de sus ciudadanos, incluidos los pueblos indígenas, ante la presión sin precedentes de la agroindustria, en particular sus derechos a la propiedad y el control de las tierras y territorios que han poseído y ocupado tradicionalmente o que utilizan de cualquier otro modo, y su derecho a dar o denegar su consentimiento libre, previo e informado para que se realicen actividades en esas tierras. La declaración también hace referencia concretamente a los derechos de los trabajadores, los minifundistas, las comunidades, las mujeres y los niños en virtud del derecho internacional de derechos humanos.
Está previsto que esta declaración aliente a los gobiernos y legislaturas de la región del sudeste de Asia a tomar medidas urgentes para reformar las leyes y políticas nacionales relacionadas con la tenencia de la tierra, la reforma agraria, la planificación del uso de la tierra y la adquisición de tierra, de manera que cumplan plenamente con las obligaciones de sus países en materia de derechos humanos, incluido el derecho a la alimentación, el derecho de todos los pueblos a disponer libremente de su riqueza natural y sus recursos naturales, y el derecho a no ser privados de sus medios de subsistencia.
Las actas del taller de Bali serán publicadas en el transcurso de 2012.Además, se está organizando un segundo taller que se beneficiará de la participación de representantes del sector agroindustrial y el sector privado, para estimular un intercambio de lecciones más amplio y un diálogo con partes interesadas múltiples.
