El representante de las organizaciones medioambientales en dicho Consejo, Javier Gutiérrez, presentará sendos votos particulares negativos advirtiendo de la necesidad de cumplir las resoluciones judiciales, y señalando la imposibilidad de legalizar ambas instalaciones de acuerdo a la normativa urbanística y ambiental vigente en España y en Castilla y León.
Transcurridos respectivamente un año y año y medio desde las sentencias del Tribunal Constitucional que anularon las leyes de la Ciudad del Medio Ambiente de Garray (Soria) y el vertedero de residuos tóxicos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), la Junta de Castilla y León ultima su «legalización» como Proyectos Regionales, al someterlos hoy al informe del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León.
El representante de las organizaciones medioambientales en dicho Consejo, Javier Gutiérrez, presentará sendos votos particulares negativos advirtiendo de la necesidad de cumplir las resoluciones judiciales, y señalando la imposibilidad de legalizar ambas instalaciones de acuerdo a la normativa urbanística y ambiental vigente en España y en Castilla y León. Como ha señalado esta semana el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria, la única opción viable en estos momentos es la clausura y desmantelamiento de ambas instalaciones.
No obstante, la Junta de Castilla y León, lejos de reconocer sus errores y el abuso cometido aprobando por Ley ambos proyectos para apartar a ciudadanos y tribunales del control de sus actuaciones arbitrarias, insiste en la política de hechos consumados, haciendo pasar como inevitable el reconocimiento legal de actuaciones por el mero hecho de haberse ejecutado, aunque haya sido de manera ilegal y vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos.
Ecologistas en Acción considera que, una vez más, la Administración lanza un mensaje demoledor a la ciudadanía: no es necesario cumplir las leyes que no convengan al interés particular de turno (la constructora ACS en el caso del vertedero de Santovenia, los políticos sorianos del Partido Popular en el caso de la Ciudad del Medio Ambiente). Una actitud que se encuentra en la base de la corrupción que se extendió por todo el país al calor de la burbuja inmobiliaria.
Así, la Junta intenta rescatar disfrazado de «Parque Empresarial» lo fundamental del proyecto inmobiliario megalómano de la hoy senadora popular María Jesús Ruiz, con su centro hípico, hoteles, torres institucionales, complejo deportivo y polígono industrial en el Soto de Garray, un paraje natural protegido e inundable en la vega del río Duero próxima a la ciudad de Soria en el que ya se han enterrado alrededor de 100 millones de euros de dinero público.
Respecto al vertedero de Santovenia de Pisuerga, la Junta se vuelve a erigir en protectora de la constructora ACS, que en dos décadas ha vertido ilegalmente más de 800.000 toneladas de residuos tóxicos, al menos en una tercera parte procedentes de fuera de Castilla y León. La organización ecologista denuncia el intento de ampliar en casi una cuarta parte de su superficie un vertedero saturado, para alargar unos años más su vida útil y los beneficios de su propietario.
Por todos estos motivos, Ecologistas en Acción solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la suspensión inmediata de los Proyectos Regionales de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria y el vertedero de residuos tóxicos de Santovenia de Pisuerga, insistiendo en la necesidad de derribar/clausurar ambas instalaciones, en atención al principio de legalidad, al derecho constitucional a la tutela judicial y a la protección del medio ambiente.
