Las ciudades se han convertido en el epicentro de la contaminación acústica, que, pese a su invisibilidad es terriblemente perjudicial para los humanos. En ese sentido, un dato que da buena muestra de ello: solo en Europa, según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), el ruido causa 12.000 muertes prematuras y 48.000 nuevos casos de cardiopatía isquémica.
Si es perjudicial para los humanos, también lo es para los animales. Según el servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS), la contaminación acústica tiene un gran impacto ambiental y notables efectos adversos en la vida salvaje. El ruido puede perturbar los patrones de reproducción, de amamantamiento e, incluso, contribuir a la extinción de algunas especies.
No todo sonido es considerado contaminación sonora. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como ruido cualquier sonido superior a 65 decibelios (dB). En concreto, dicho ruido se vuelve dañino si supera los 75 dB y doloroso a partir de los 120 db.
Los mapas de ruido en el centro del debate
Las Cortes de Castilla y León han dado luz verde a la tramitación de la proposición de ley de modificación de la Ley del Ruido autonómica, con el respaldo de los grupos proponentes, del PP y Vox, y además del resto de grupos excepto el PSOE y dos los integrantes del Grupo Mixto, que han optado por la abstención.
Esta iniciativa, registrada hace justo un año, cuando aun PP y Vox integraban el gobierno autonómico de coalición, tiene como principal cambio que tras su aprobación los municipios de menos de 20.000 habitantes no tendrían que renovar cada 5 años su mapa del ruido, algo que fue objeto de una enmienda a la Ley de Medidas que fue inadmitida por la Mesa del Parlamento autonómico.
Pese a que fue registrada inicialmente por PP y Vox, en el debate de este miércoles únicamente ha defendido el texto el representante del Grupo Popular Francisco Javier Carpio, quien ha considerado que esta modificación responde a una Comunidad “diversa” también en materia de gestión del ruido y sirve para adaptarla a la regulación estatal y europea.
Además de esa adaptación, el PP ha argumentado como otros factores que aconsejan esta modificación la reducción de la burocracia, la proporcionalidad técnica a la situación actual y la seguridad jurídica, especialmente para los pequeños municipios, con menor capacidad para acometer, por ejemplo los mapas del ruido.
En concreto, la normativa distingue entre los que tienen una población inferior a los 20.000 habitantes y los de mayor población, a la hora de tener la obligación de renovar cada cinco años el mapa del ruido en estos municipios.
Los cambios que pretenden introducir ahora dejan a criterio de los ayuntamientos de estos pequeños y medianos municipios elaborar estos mapas del ruido si se hubiera producido algún cambio significativo en la estructura urbana y las potenciales fuentes de ruido.
Además, la proposición de ley modifica el régimen previsto para las viviendas unifamiliares en los municipios con menos de 10.000 habitantes, para dejar al criterio técnico la valoración de la existencia de impactos acústicos en el emplazamiento de la vivienda sobre la base de un informe acústico elaborado por el proyectista, simplificando con ello la obtención de la licencia urbanística y reduciendo su coste. EFE / ECOticias.com.
