San Facundo, una localidad del municipio Torre del Bierzo con 18 habitantes, en León, ha solicitado una ayuda de 200.000 euros a la Secretaría General para el Reto Demográfico para poner en pie un Centro de Interpretación del Agua (CINA). La iniciativa, impulsada por la junta vecinal, pretende convertir un recurso abundante en el entorno (el agua) en un argumento de empleo y de arraigo, en una provincia donde la pérdida de población condiciona ya el acceso a servicios y la viabilidad económica de los núcleos pequeños.
El proyecto, según explicó el pedáneo Ricardo Vila, busca “concienciar sobre el importante valor del agua” y subrayar que la disponibilidad no exime de una gestión responsable. La propuesta combina educación ambiental, recuperación de rutas históricas de fuentes y formación ligada a la gastronomía de la trucha, con la idea de construir un producto turístico sostenible que no dependa solo del fin de semana y que deje ingresos en el territorio.
La infraestructura prevista es una carpa polivalente en la zona de acampada del pueblo, espacio donde se celebra el evento cultural y gastronómico dedicado a la trucha. La junta vecinal defiende que el formato es flexible y replicable para el medio rural, con actuaciones como señalética integrada y sistemas de potabilización mediante rayos ultravioleta. El planteamiento incorpora además un eje agua tierra mesa para vincular recursos naturales, empleo y cohesión social.
La petición llega al Estado por la vía de las líneas y programas que gestiona el área de reto demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que canaliza distintas subvenciones para proyectos vinculados a la transformación territorial en municipios pequeños. En la práctica, el éxito de este tipo de iniciativas depende tanto de la financiación como de la capacidad de sostener después la actividad (programación, personal, acuerdos con agentes comarcales y flujo de visitantes), una parte sobre la que el proyecto no detalla aún cómo se garantizará más allá de la inversión inicial.
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San Facundo enmarca la propuesta en un diagnóstico compartido por muchos pueblos del interior, la despoblación como amenaza directa para la continuidad del territorio. En ese punto, la junta vecinal enfatiza dos cifras que buscan justificar el esfuerzo público. Una, la desproporción entre el tamaño del núcleo (18 residentes) y el impacto esperado (12.000 beneficiarios directos). Otra, el empleo, con una previsión inicial de dos puestos de trabajo durante un mínimo de dos años, con prioridad para mujeres, además del apoyo a nuevas iniciativas emprendedoras.
La iniciativa se presentó al secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Boya, en un encuentro celebrado en el marco de Fitur, según el relato del propio pedáneo. Ese tipo de interlocución política sirve para abrir puertas y dar visibilidad, pero no sustituye el procedimiento técnico de evaluación ni la concurrencia con otros proyectos, un aspecto especialmente relevante en convocatorias estatales que compiten por criterios de innovación, impacto y viabilidad.
El proyecto del CINA se apoya en un giro de enfoque que gana espacio en las políticas rurales. Donde antes se hablaba sobre todo de infraestructuras duras o de servicios básicos, ahora se busca también la “actividad” (turismo de naturaleza, experiencias, centros de innovación o equipamientos interpretativos) como palanca para fijar población. El propio MITECO ha vinculado la red de Centros de Innovación Territorial con el reto de convertir recursos locales en proyectos capaces de generar oportunidades.
La apuesta por el agua conecta además con una discusión más amplia sobre el país que viene. La presión de las sequías, los episodios de inundaciones y las necesidades de inversión en redes, depuración y resiliencia han colocado la gestión del agua en el centro del debate público, también en clave económica. El enfoque, además, entronca con la digitalización de la gestión del ciclo urbano, que se ha convertido en una de las palancas de modernización de las infraestructuras hídricas.
A la espera de la resolución, Vila estima que la respuesta puede conocerse “en cuatro o cinco meses”. Hasta entonces, el proyecto queda a expensas de una decisión administrativa que, en la España vaciada, suele funcionar como frontera entre el impulso y la frustración, y que obliga a una pregunta de fondo. Si el CINA sale adelante, el reto no será solo levantar una carpa y diseñar rutas, sino demostrar que la política pública puede traducirse en permanencia, empleo y vida cotidiana donde hoy apenas queda población, un desafío que se agrava cuando la reserva de agua y su variabilidad pasan a primer plano en la agenda territorial.
La iniciativa se presenta, además, en un contexto en el que el riesgo hídrico y la necesidad de inversión en sistemas de abastecimiento y saneamiento se han consolidado como debate estructural, con impacto directo en el desarrollo rural y en la capacidad de los pequeños municipios para sostener servicios y actividad.
La provincia de León, como parte de una comunidad autónoma envejecida y con una geografía de núcleos dispersos, lleva años intentando encontrar palancas que no dependan solo de la industria o de la estacionalidad del turismo. En ese marco, iniciativas como la de San Facundo pretenden sumar relato, experiencia y empleo, pero su prueba decisiva será la continuidad y la capacidad de atraer actividad real más allá del anuncio. Según datos oficiales del INE, la demografía municipal en la provincia refleja un patrón persistente de pérdida de población en numerosos municipios rurales.
