La anterior Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética ha sido elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica, cumpliendo con lo establecido en el Real Decreto 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. Primero se la sometió a consulta pública y el documento final, que incorpora las aportaciones de la sociedad civil, se aprobó en el Consejo de Ministros del 5 de abril de 2019.
Por primera vez la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética establece una definición de la situación de pobreza energética y del consumidor vulnerable, determina ejes de actuación, realiza un diagnóstico de la situación en España y fija objetivos de reducción de este problema social.
Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado este jueves, durante su reunión con la Plataforma del Tercer Sector (PTS) y las asociaciones de consumidores, el inicio de los trabajos para la elaboración de una nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. “Superado el contexto de altos precios energéticos de 2022, 2023 y 2024 y los efectos provocados en los consumidores, es necesario pasar de las medidas coyunturales a medidas estructurales y estables, a sabiendas de que los contextos actuales son muy cambiantes”, ha defendido la vicepresidenta.
“En consecuencia, una de las principales líneas de actuación del Ministerio será la lucha en favor de la equidad energética y el lanzamiento de la Segunda Estrategia de Pobreza Energética para tenerla lista antes de final de año”, ha explicado.
En el encuentro, al que han asistido Luciano Poyato, presidente de la Plataforma; Carlos Susias, vicepresidente; y María José Juanes Burgos, directora ejecutiva; así como Josep Babot, en representación de la Alianza contra la Pobreza Energética; Jordi Castilla, de Facua; Soledad Montero, de CECU; y Ana Sánchez Méndez, de OCU, Aagesen ha subrayado la importancia de implicar a todas las entidades, tanto en el diseño de la propia estrategia como en su divulgación, así como a las comunidades autónomas, responsables de un elemento fundamental para alcanzar los objetivos compartidos, la gestión de los asuntos sociales.
Un trabajo mas participativo y aumento de coberturas
El objetivo es que la elaboración de una estrategia más participada permita generar espacios de innovación, que aprovechen el conocimiento adquirido a lo largo de los últimos años, dentro del marco actual. Un marco que ha de ser multidimensional, implicando no solo a la sociedad civil, sino también a otros ministerios y, especialmente, a las comunidades autónomas, responsables de la gestión de los servicios sociales.
Entre las posibles mejoras que se plantean para la nueva Estrategia, además del impulso de nuevas medidas para que todos los hogares con derecho al bono social accedan efectivamente a él, la vicepresidenta ha propuesto incluir la pobreza energética como variable en distintos programas de ayudas y el uso de la financiación incluida en el Plan Social para el Clima, recogido en el Fondo Social para el Clima.
“La financiación ofrecida por el Plan Social para el Clima debe convertirse en un eje para la mejora de la eficiencia energética de las viviendas de los consumidores, permitiendo una mayor electrificación de los consumos, la reducción de los precios energéticos y una mayor autonomía energética tanto del país como de los usuarios”, ha defendido la vicepresidenta durante el encuentro.
Transición energética: la ciudadanía es la prioridad
La puesta en marcha de la Segunda Estrategia contra la Pobreza Energética como medida estructural llega después de varios años con elevados precios en el mercado energético que el MITECO ha paliado gracias al despliegue de múltiples medidas que han beneficiado, especialmente, a los consumidores vulnerables.
Entre ellas, destacan el refuerzo continuado de los bonos sociales eléctrico y térmico, y la prohibición de cortes de suministro, prorrogados en el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, y que permitirán que los consumidores vulnerables tengan este 2025 una factura eléctrica más reducida que en 2019.
Además, la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania motivó la adopción de distintas medidas coyunturales destinadas al conjunto de los consumidores, como las reducciones de impuestos de gas y electricidad, la adopción del mecanismo ibérico, que ha supuesto un ahorro de más de 5.100 millones de euros a todos los consumidores, o las limitaciones de precios y las bonificaciones, como la aplicada a los combustibles en el transporte.
