El pago de la factura del agua es un problema que afecta a familias con pocos recursos que además viven en comunidades autónomas con tarifas elevadas. La disponibilidad y el precio representan un desafío importante, ya que para muchas economías domésticas el gasto mensual en este caso puede llevarse una parte importante de su presupuesto.
Esto genera preocupaciones y dificultades económicas, obligando a algunos hogares a reducir su consumo o buscar alternativas informales que, en ocasiones, pueden ser inseguras o ilegales. De ahí la importancia, como reclaman asociaciones de consumidores, de ayudar económicamente a estas familias.
El elevado coste para algunas familias a la hora de pagar el agua de casa
El elevado coste de los suministros es un problema para muchos consumidores, especialmente los más vulnerables. Hay un bono social eléctrico, bono social térmico… ¿Y qué pasa con el agua? Aunque desde 2023 una norma define a qué hogares hay que proteger, ni los ayuntamientos ni las comunidades autónomas lo reflejan todavía en las tarifas que cobran por el agua.
Las tarifas del agua están lejos de cumplir la normativa a la hora de establecer medidas que faciliten el acceso de toda la población a este bien imprescindible, y en particular a los grupos vulnerables.
Los municipios, que son responsables del suministro de agua y de las tarifas que se aplican, han tenido desde hace años la posibilidad de ofrecer tarifas especiales para el suministro de agua, ya sea en forma de bonificaciones o exenciones a determinados colectivos. No todos los ayuntamientos lo han hecho, y los que sí aplican algunas «tarifas especiales», cada uno de ellos decidiendo a qué colectivos dirigía sus medidas.
También gran parte de las CCAA participan en la factura del agua, ya que han ido incorporando un canon o impuesto, normalmente relacionado con los servicios de saneamiento que se paga en función del consumo del agua y que los municipios (o las concesionarias que prestan el servicio) tienen que recaudar en la factura del agua en nombre de la comunidad.
Por lo tanto, todos ellos tienen en su mano la posibilidad de ofrecer tarifas que mejoren el acceso al suministro del agua a todos los grupos vulnerables. Pero desde enero de 2023, el Real Decreto 3/2023 establece qué colectivos como mínimo son los que deben ser considerados vulnerables a efectos de facilitar el pago de la factura del agua… que son los mismos colectivos que en la actualidad pueden tener el bono social eléctrico (familias numerosas, hogares con bajos ingresos, perceptores del Ingreso Mínimo Vital, personas mayores con rentas mínimas…).
Se pueden añadir requisitos que incrementen el número de beneficiarios, pero facilitar el acceso a aquellos que tienen el bono social eléctrico debe ser el punto de partida, y eso no ocurre. Por eso, organizaciones de consumidores denuncian que, 30 meses después de su entrada en vigor, las comunidades autónomas y los ayuntamientos siguen sin aplicar el Real Decreto 3/2023 que exige reconocer la figura del consumidor vulnerable para el caso del agua, equiparándolo al menos con el beneficiario del bono social eléctrico.
Precisamente, esta es una de las pocas normas que establece unos criterios objetivos y precisos para la identificación del consumidor vulnerable.
Ayuntamiento, CCAA y Ministerio, responsables en la factura del agua
¿Quién tiene que actuar? Pues todos, pero las Comunidades Autónomas son las primeras que tendrían que dar ejemplo en el ámbito de sus competencias. Tienen además una ventaja adicional para hacerlo, ya que tienen información del 100% de los beneficiarios del bono social térmico… que son todos aquellos que tienen el bono social eléctrico, con lo que tendrían la posibilidad de facilitar la identificación de estos estos colectivos beneficiarios.
Se han analizado las tarifas que las comunidades autónomas (salvo Canarias, Castilla y León, Madrid y País Vasco) imponen sobre el suministro de agua. Se trata de un canon o un impuesto, que la comunidad recauda en la factura del agua que emite cada ayuntamiento, normalmente relacionada con la mejora de los servicios de saneamiento y depuración. La realidad es que estas 13 CC.AA. deberían implicarse en el cumplimiento de esta normativa, pero lamentablemente no siempre es así.
En 4 Comunidades Autónomas , Andalucía, La Rioja, Murcia y Valencia, no hay ningún tipo de bonificación o exención para ningún tipo de colectivo. En el resto sí aplican algún tipo de bonificación, pero ninguna de ellas tal y como el Real Decreto 3/2023 contempla. Aragón, Cantabria, Cataluña y Castilla – La Mancha, por ejemplo, destacan por la amplitud de colectivos que pueden beneficiarse de esas bonificaciones, en algunos casos replicando alguno de los requisitos para percibir el bono social eléctrico, aunque omitiendo otros.
En el resto, en Asturias, Baleares, Galicia, Extremadura y Navarra, existe algún tipo de bonificación pero lejos de la amplitud de beneficiarios que contempla el bono social eléctrico. El origen del problema está en la indefinición del consumidor vulnerable por motivos económicos. Hasta el momento, los requisitos y procedimientos para obtener el bono social eléctrico son los más estandarizados y por esa razón son una buena oportunidad para utilizarlo como criterio para poder extender sus beneficios a otros ámbitos como los del agua.
Los ayuntamientos tienen mucho trabajo por hacer, ya que prácticamente la totalidad de ellos deberán modificar con urgencia sus ordenanzas para ofrecer un bono o tarifa social para el suministro del agua que cumpla la normativa actual. Pero sin duda, para hacerlo correctamente sería necesario que comunidades autónomas y Ministerios implicados se pongan de acuerdo para establecer mecanismos que faciliten la aplicación de esta tarifa social de forma automática a los que ya sean beneficiarios del bono social eléctrico (o el indicador de vulnerabilidad que se decida usar).
Mientras, las ayudas para pagar la factura del agua a determinados colectivos son escasas, apenas si se publicitan y suponen un esfuerzo muy importante tanto para el consumidor que lo solicita que debe recabar documentos (en muchas casos cada año) que justifiquen su situación, como para el ayuntamiento o empresas concesionarias que tienen que gestionar toda la documentación.
En resumen, es fundamental promover políticas que aseguren tarifas justas y accesibles para todas las familias, así como inversiones en infraestructura que garanticen un suministro eficiente y sostenible. Solo así se podrá reducir la brecha económica y garantizar el derecho fundamental al acceso al agua potable para todos, sin que este represente una carga insostenible para las familias más vulnerables. ECOticias.com
