La Ley de Movilidad Sostenible constituye un hito normativo que pretende transformar el modo en que nos desplazamos, reconociendo la movilidad como un derecho social, esencial para la cohesión territorial, la equidad y el bienestar ciudadano.
Su alcance responde a varios desafíos actuales: la emergencia climática, la contaminación atmosférica, la congestión urbana y la necesidad de modernizar, digitalizar y hacer más inclusivo el sistema de transporte.
El Congreso aprueba la ‘Ley de Movilidad Sostenible’
El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles la Ley de Movilidad Sostenible, con 174 votos a favor, 170 en contra y la abstención de los cuatro diputados de Podemos, que en el último momento han cerrado un acuerdo con el Ministerio de Transportes que ha permitido que el proyecto saliera adelante.
A cambio de la abstención de Podemos, el ministerio que dirige Óscar Puente se ha comprometido públicamente a que la ejecución material de la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat no empezará antes de 2031.
Según Podemos, esto supone que el Gobierno atiende su demanda de «aplazar» la ampliación del Prat y «recoge expresamente que la ampliación de El Prat no se incluirá en el DORA III«, el documento regulatorio que planifica las infraestructuras aeroportuarias para el periodo 2026-2031.
En cambio, Óscar Puente ha asegurado que el acuerdo «no supone ninguna variación en los plazos previstos en el DORA III» y que el pacto con Podemos para lo que sirve es para «reforzar los requisitos medioambientales y que el plan director del aeropuerto cuente con todos los avales y requerimientos que determina el paquete europeo ‘Fitfor55’ (que contempla una reducción de emisiones del 55 % para 2030)».
En los pasillos del Congreso, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha considerado el comunicado del ministerio una «noticia sin precedentes» y ha manifestado su satisfacción por «haber demostrado una vez más que pelear sirve«.
En cuanto a la segunda de sus exigencias, parar la ampliación del puerto de Valencia, ha dicho que no lo han conseguido y por ello se han abstenido y no votado a favor.
En juego 10.000 millones de fondos europeos
La aprobación de la Ley de Movilidad sostenible, considerada imprescindible para modernizar la movilidad y luchar contra el cambio climático, es un compromiso con la Comisión Europea del que depende la llegada a España de 10.000 millones de euros de fondos europeos.
Sus principales objetivos son descarbonizar el transporte, digitalizar el sector, reconocer la movilidad como derecho ciudadano y aumentar la eficiencia del gasto público.
Para ello crea un nuevo sistema de cogobernanza, obliga a las empresas de más de 200 trabajadores a tener planes de movilidad sostenible, impulsa la electrificación de trenes y también de puertos y aeropuertos, la supresión de vuelos cortos, la recuperación de trenes nocturnos, la reordenación de las rutas de transporte público por carretera y un mecanismo de financiación estable para el transporte público urbano.
También apuesta por sustituir el transporte de mercancías por carretera por el ferroviario, insta a la Dirección General de Tráfico a modificar las etiquetas ambientales y prevé el despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos.
En declaraciones en el Congreso, Oscar Puente ha destacado que este nuevo marco legal va a dar «seguridad jurídica, estabilidad y coherencia» al sistema de movilidad, que primará el transporte público y la movilidad activa como alternativa «eficaz y eficiente» al coche privado.
Ha recordado que la ley ya se presentó en la legislatura anterior y decayó por la convocatoria anticipada de elecciones, aunque ha lamentado que el PP no se haya sumado al consenso en torno al nuevo modelo de movilidad.
La ley permitirá cerrar el nuevo modelo concesional de transporte de viajeros por autobús, en el que el Gobierno pretende que las comunidades asuman sus tráficos intrarregionales, aunque, dado que regiones del PP han mostrado su rechazo a este nuevo modelo, el Gobierno se compromete a no suprimir ninguna parada.
PP, Vox y UPN en contra
A favor de la ley han votado el PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, CC y los diputados del grupo mixto José Luis Ábalos y Águeda Micó.
El diputado del PNV Mikel Legarda no ha votado por problemas técnicos, mientras que el parlamentario del PP Guillermo Mariscal no lo ha hecho porque está de viaje de novios.
Durante el debate, el representante del PP José Alberto Herrero ha justificado el rechazo de su grupo en que se trata de una «ley puramente ideológica«, y ha criticado especialmente que «demonice el vehículo privado» y que, a su juicio, deje a numerosos municipios sin parada de autobús en el nuevo mapa concesional, algo que niegan los socialistas.
Para Carina Mejías (Vox) esta ley es una «chapuza para imponer la ideología de la agenda 2030, que bajo el disfraz ecológico protege a los ecopijos y ecoburgueses y ahoga y perjudica a los trabajadores, recortando derechos y aumentando la burocracia«.
En defensa del texto, el socialista Ignacio López Cano y el ponente de Sumar Alberto Ibáñez han hecho hincapié en que éste es fruto de un «gran acuerdo» entre diferentes grupos políticos, el movimiento ecologista, los sindicatos, el Consejo de la Juventud y diversas patronales.
Para el diputado de Bildu Mikel Otero, el resultado final no está a la altura que requiere la situación de emergencia climática que se vive, pero esta ley puede ser la «pieza fundacional» de una política de movilidad moderna, si su desarrollo reglamentario y el compromiso presupuestario posterior se hace con ambición.
En nombre del PNV, Nerea Renteria ha opinado que esta es una ley «necesaria«, que supone un «avance», pero que presenta «importantes deficiencias», sobre todo de ámbito competencial, por lo que ha dado un «apoyo crítico, matizado y responsable».
Desde Junts, Isidre Gavin ha destacado su labor para mejorar el texto inicial, que se planteaba -han dicho- desde una «mentalidad centralista«, para que fuera positivo para Cataluña.
En la misma línea, la diputada de ERC Inés Granollers ha apuntado que la ley nació «mal» e «incompleta«, pero ha sostenido que gracias a los cambios introducidos en la ponencia se han salvaguardado las competencias de la Generalitat -una de sus líneas rojas- y se ha dado un paso «histórico» en las mercancías ferroviarias, entre otros avances.
15 organizaciones eologistas celebran la aprobación de la ‘Ley de Movilidad Sostenible’
Destacado:
- La aprobación en la Cámara Baja del texto permite la tramitación en el Senado de la primera ley estatal de movilidad sostenible, una normativa clave para mitigar los impactos del sector más contaminante de la economía española.
- Una coalición de 15 organizaciones eologistas valoran muy positivamente el apoyo ofrecido por los grupos parlamentarios de Sumar, EH Bildu, ERC, Podemos y BNG a las propuestas de enmienda presentadas.
Tras un intenso debate y una ajustada votación, el Pleno del Congreso ha dado luz verde esta tarde a la Ley de Movilidad Sostenible, con los votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV, la abstención de Podemos y los votos en contra del Partido Popular, Vox y UPN.
Ante la aprobación en el Congreso del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, las 15 organizaciones eologistas han manifiestado: “La Ley de Movilidad Sostenible constituye un paso adelante en la descarbonización del sector transporte-movilidad. A pesar de que el texto no presenta la ambición que nos hubiera gustado, contiene elementos significativos con capacidad real para reducir los impactos del sector y mejorar la vida de las personas, la salud pública y el medio ambiente. Desde las organizaciones de la sociedad civil hemos trabajado intensamente en estos últimos años con el objetivo de introducir mejoras en el texto de la ley”.
La aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible pone fin a más de tres años de tramitación y negociación parlamentaria en el Congreso de un texto que, desde su elaboración como anteproyecto en 2022, recibió cientos de enmiendas por parte del conjunto de grupos parlamentarios. Las organizaciones sociales recuerdan que la aprobación de esta ley constituye una obligación emanada de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, en la que no se quisieron incluir objetivos de descarbonización del sector transporte. En las próximas semanas, el texto aprobado en la Cámara Baja pasará al Senado, donde proseguirá su tramitación.
El sector del transporte es, de forma indiscutible, el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en España. En 2024, este sector contribuyó con el 33,3 % del total de las emisiones de GEI, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En particular, el transporte por carretera fue, por sí solo, el responsable del 32,1 % del total de dichas emisiones.
Además, el transporte es uno de los principales responsables de los altos niveles de contaminación atmosférica, especialmente en el ámbito urbano. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2022 se contabilizaron en España 30.000 muertes prematuras, 18.500 por partículas inferiores a 2,5 micras de diámetro (PM 2,5), 5.500 atribuibles al dióxido de nitrógeno (NO₂) y 6.100 por exposición a ozono troposférico.
ONGs ecologistas han logrado incluir en el texto de la ‘ley’ los siguientes elementos:
- El compromiso en el objeto de la ley de alcanzar la neutralidad climática del transporte en 2050. Esto supone que por primera vez se aplican objetivos de descarbonización total de un sector económico en particular.
- La obligación para las empresas con más de 200 empleados de elaborar planes de movilidad sostenible al trabajo. Inicialmente, el proyecto de ley tan solo contemplaba esa obligación para las empresas de más de 500, las cuales apenas representan un 1% del total.
- La obligación de elaborar una estrategia estatal contra la Pobreza de Transporte, y la inclusión de su definición.
- La revisión del sistema de etiquetado ambiental de la DGT, de manera que incluya las emisiones de CO2 de los vehículos.
- La eliminación de la mención explícita del gas natural licuado -de origen fósil- como combustible prioritario en el transporte marítimo.
- El impulso de la eliminación de los vuelos domésticos con alternativa ferroviaria de hasta 2,5 horas.
- La recuperación de trenes nocturnos y de conexiones ferroviarias con el resto de países de la Unión Europea.
- La elaboración de una estrategia estatal de impulso del uso de la bicicleta.
- La promoción de la movilidad infantil en la planificación de los entornos urbanos.
Las organizaciones han declarado: “Instamos a los grupos políticos y al Gobierno a profundizar en los diferentes elementos de la Ley para avanzar hacia un sistema de transporte y movilidad realmente justo y sostenible. La ley no está a la altura de los tiempos, pero constituye una buena base a partir de la cual seguir trabajando”.
Por último, la coalición de entidades sociales, sindicales, ecologistas, ambientales y juveniles se ha congratulado “de que finalmente la abstención de Podemos haya permitido sacar adelante la Ley de Movilidad Sostenible”. Y ha añadido que confía “en que este sea el punto de partida para seguir avanzando en la implementación de políticas de movilidad y transporte, incluidas sus infraestructuras, ambiciosas y coherentes desde los puntos de vista social, ambiental y climático”. ECOticias.com
