Ayer miércoles en el Congreso de los Diputados dio comienzo a la negociación de las 750 enmiendas que forman parte de la Ley de Movilidad Sostenible, que avanza a buen ritmo y se espera que esta normativa entre en vigor este mismo año como parte del compromiso que se tiene con la Unión Europea en este sentido.
Esta norma es una de las reformas que se incluyen en el compromiso del gobierno central como parte del conocido como Plan de Recuperación. Si no sale adelante, España podría perder 10.000 millones de euros procedentes de fondos europeos.
Algunas de las medidas que recogerá esta normativa será el nuevo mapa concesional para el transporte regular de viajeros por autobús, además de que cada ayuntamiento pueda establecer una tasa a la circulación de determinados vehículos en zonas de bajas emisiones.
Arranca la negociación en el Congreso de 750 enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible
La negociación de las 747 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios del Congreso al proyecto de ley de movilidad sostenible ha comenzado este miércoles con el objetivo del Gobierno de que la ley entre en vigor este año, en cumplimiento de su compromiso con la Unión Europea (UE).
La Ley de Movilidad Sostenible es una de las reformas comprometidas por el Gobierno de Pedro Sánchez con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, lo que supone que España podría perder 10.000 millones de euros de fondos europeos, si no sale adelante.
Al término de la reunión de la ponencia, el diputado socialista Ignacio López Cano ha confirmado que están «negociando», mientras que el de Sumar Alberto Ibáñez ha asegurado que la negociación «va muy bien». Sumar considera que esta es «una de las leyes más importantes de la legislatura para mitigar el cambio climático», aunque, al igual que otros partidos a la izquierda del PSOE, cree que el texto debe «aterrizar, con objetivos ambiciosos y concisos».
El PP se ha opuesto hasta ahora a esta ley por la «indefinición» del texto y porque, a su juicio, no soluciona ninguno de los problemas de movilidad de los españoles, mientras que Vox la rechaza porque la considera una «ley impuesta por la Comisión Europea con la tan dañina Agenda 2030».
El proyecto de ley recoge que el ministerio hará un nuevo mapa concesional para el transporte regular de viajeros por autobús y abre la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan una tasa a la circulación de determinados vehículos en zonas de bajas emisiones.
También contempla la liberalización de los servicios de competencia estatal en rutas superiores a 100 kilómetros, establece que los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes deben tener planes de movilidad sostenibles, que existan en empresas de más de 500 empleados planes de movilidad sostenible al trabajo y que las compañías de transporte calculen la huella de carbono y lo comuniquen a los usuarios.
El Ejecutivo renunció, tras negociarlo con la Comisión Europea, a incluir en esta ley un mecanismo de pago por uso de las autovías de alta capacidad, dado el rechazo social que suscita la medida. EFE / ECOticias.com
