El tráfico de animales, la tala ilegal y la extracción ilícita de minerales alimentan las redes criminales que operan entre países. Once países han propuesto este lunes, en Viena, que se elabore un nuevo protocolo de actuaciones contra los delitos ambientales.
La iniciativa, respaldada por ocho países latinoamericanos y tres africanos, se debatirá esta semana en la conferencia de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional con el objetivo de crear un comité encargado de elaborar dicho protocolo y las herramientas necesarias para que los gobiernos puedan prevenir y perseguir estas actividades ilícitas.
La propuesta aborda uno de los principales problemas a la hora de luchas contra los delitos ambientales: las diferencias entre las legislaciones nacionales dificultan actuar contra las redes de delincuencia que no respetan leyes ni fronteras.
Delitos ambientales
Once países, ocho de ellos latinoamericanos, propusieron este lunes en Viena abrir la negociación de un nuevo protocolo de la ONU para combatir el tráfico de especies silvestres, madera y residuos, así como la extracción ilegal y el tráfico de minerales y metales preciosos.
La resolución se debatirá esta semana durante la decimotercera Conferencia de las Partes en la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Untoc, por sus siglas en inglés), que se celebrará en Viena hasta el viernes.
La directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Monica Juma, destacó este lunes, en la apertura de la conferencia, que en «Sudamérica el beneficio del narcotráfico financia otros delitos ambientales, como la minería ilegal o el tráfico de fauna y flora silvestres».
Además, la responsable de la ONUDD recordó que en los últimos 20 años el crimen organizado ha sido responsable de «unos 95.000 homicidios anuales«.
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay impulsan el proyecto contra los delitos ambientales junto con Mauritania, la República Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe.
Estos países recuerdan en su documento que «no hay ningún instrumento universal que aborde (…) los delitos ambientales«. Solo el tráfico ilegal de fauna y flora silvestres mueve entre 7.000 y 23.000 millones de dólares anuales, según diversos estudios internacionales.
Este negocio abarca desde animales vivos destinados al mercado de mascotas exóticas hasta marfil, cuernos de rinoceronte y plantas protegidas. Las redes criminales recurren a la corrupción, el blanqueo de dinero y la falsificación de documentos para ocultar sus operaciones.
El Banco Mundial estimó en 2019 que la tala y la pesca ilegales, así como el comercio ilícito de vida silvestre, cuestan al mundo entre 1 y 2 billones de dólares al año.
La Untoc es el único tratado mundial vinculante contra el crimen organizado transnacional y cuenta con tres protocolos específicos sobre la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y las armas de fuego.
La propuesta presentada hoy busca crear un comité especial que elabore un protocolo adicional a la Untoc para tipificar los delitos ambientales y reforzar su prevención. La resolución reconoce el papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la lucha contra esos delitos y la corrupción asociada.
Los países promotores advierten que estos delitos afectan no solo a los ecosistemas y la biodiversidad, sino también a la salud pública, la seguridad alimentaria, las economías y los medios de subsistencia de las comunidades.
Las diferencias entre las legislaciones nacionales dificultan la lucha contra las redes criminales transfronterizas, señala la resolución.
Según datos de Naciones Unidas, 164 Estados miembros penalizan en alguna medida los delitos contra la fauna y flora silvestres, pero solo 86 prevén penas que alcanzan el umbral de delito grave establecido en la Convención, lo que dificulta su persecución.
Ese umbral corresponde a una pena máxima de al menos cuatro años de prisión y resulta relevante para aplicar los mecanismos de cooperación internacional previstos en el tratado. El texto exige también respetar la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales y los mandatos de los acuerdos ambientales existentes.
