Además, con esta ley, la primera en el ordenamiento legislativo nacional para luchar contra el calentamiento global, España prevé cumplir los compromisos internacionales, adoptados en 2015 con la firma del Acuerdo de París.
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobará el próximo jueves definitivamente el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética tras un debate en el que deberá refrendar o rechazar cinco enmiendas incorporadas a su paso por el Senado. El proyecto legislativo contempla una hoja de ruta para la descarbonización en España de aquí a 2050, una fecha en la que se marca el reto de alcanzar la neutralidad climática.
En los diferentes trámites sustanciados hasta el momento el texto del Gobierno ha obtenido el apoyo de todos los grupos excepto el de Vox, que votó en contra, y del PP y Más País-Verdes Equo, que se abstuvieron. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.
La nueva ley contempla objetivos de reducción de emisiones de aquí a 2030, –aunque estos serán revisados al alza en 2023– que prevén un descenso del 23 por ciento de los gases de efecto invernadero respecto a 1990; alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, como mínimo, un 42 por ciento; y lograr una sistema eléctrico con, por lo menos, un 74 por ciento de generación a partir de energías de origen renovable, entre otras medidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética.
El proyecto del Ejecutivo recibió en la Cámara Baja un total de 758 enmiendas parciales de los diferentes grupos parlamentarios, de las que se incorporaron 3, junto a otras 16 enmiendas transaccionales. A su paso por la Cámara Alta, las formaciones políticas presentaron 585 enmiendas de las que se han incorporado cinco. Así, se han incorporado enmiendas de Ciudadanos al artículo 20 relativas a las concesiones en el dominio público marítimo terrestre por el que los plazos no podrán superar lo establecido en la ley de costas vigente.
En el caso de las instalaciones industriales ese plazo de duración del título de concesión comenzará a contar desde el inicio de la actividad industrial para la que se concedió ese permiso. Por otro lado, los grupos han pactado una enmienda para suprimir una disposición final de la ley, la duodécima, para que los municipios en áreas con centrales nucleares tengan la posibilidad de participar en las decisiones relativas a los planes de residuos de estas instalaciones.
De ese modo, se recupera la redacción inicial del proyecto legislativo, que no incluía tal disposición final, tras considerar los grupos que suponía una invasión de competencias municipales. Otra de las incorporaciones es una enmienda, presentada por el senador balear de MES Vicen Vidal para mejorar la protección expresa de las praderas de posidonia en el marco del artículo 22, que recoge que los desarrollos de energías renovables deben garantizar y mantener los valores ambientales y paisajísticos y compensar los beneficios que generan en aquellos lugares donde se aprovechan sus recursos así como las afecciones de estos desarrollos en el medio ambiente.
Entre otras medidas, el proyecto de ley prevé la supresión de los vehículos de combustión a más tardar en 2040; la prohibición de las prospecciones y explotación de hidrocarburos a partir de la entrada en vigor de la ley así como los proyectos de fracturación hidráulica y la minería de uranio. Con estas y otras propuestas, la Ley fija el objetivo de que España alcance, a más tardar, en 2050 la neutralidad climática.
